A unos días de que el presidente Donald Trump asuma la presidencia, los discursos en torno a la deportación y detención del flujo migratorio irregular en la frontera con México, provocan incertidumbre y miedo. Si bien es cierto que Trump ha reforzado sus discursos de odio y ha prometido detener la migración hacia los Estados Unidos –sin explicar claramente cómo y cuándo se llevará a cabo–, las expectativas frente a la posible situación de una llamada “deportación masiva” se encuentra en el tablero, como una de sus primeras acciones, cuando asuma la presidencia el 20 de enero. Lo anterior lo anunció el pasado domingo 22 de diciembre en Phoenix. Así, el presidente electo prometió que iniciaría operaciones de deportaciones históricas en los Estados Unidos, pero asumiendo que existe un plan de deportación sobre la mesa ¿a qué tipo de migración irregular se refiere y cómo se llevaría a cabo? ¿cuáles serían sus costos?... Donald Trump ha hecho énfasis en que, en los procesos de deportación, se enfocarán en migrantes irregulares con antecedentes penales y que tengan órdenes de deportación. Si este fuera el caso, sería complicado pensar en un gran número, ya que, en cualquiera de los dos escenarios, estos migrantes en condición irregular estarían detenidos en cárceles o ya habrían sido deportados.
En este sentido, habría que distinguir entre migrantes documentados y migrantes irregulares –indocumentados–, y en este universo, de acuerdo a información de CATO Institute, sería el grupo que acusa menos encuentros con la ley, en referencia a actos criminales, en contraste a como se ha externado en múltiples ocasiones el discurso del presidente electo (Given the Green Light: Open Border Policies and Threats to Law Enforcement | Cato Institute). Nadie discute que el fenómeno migratorio requiere de una visión conjunta entre Estados Unidos y México, de la mano de una profunda reforma migratoria que atienda problemas de fondo, que se enfoquen en fortalecer una visión humana y no criminal y amenazante como se ha manejado con tanto éxito en los discursos electoreros del otro lado. El tratamiento al fenómeno migratorio urge a un compromiso más amplio, donde políticas migratorias compartidas entre países de origen, tránsito y destino, puedan contribuir a re-estructurar y construir, espacios dignos para la vida de miles de personas, que se ven obligadas a dejar sus hogares, por la necesidad económica, y en muchos casos orilladas por el miedo, debido a los altos niveles de violencia y criminalidad. Actualmente el legado de Biden en torno al problema migratorio es complejo aunado a la gestión mexicana que cada vez militariza más la contención de las personas en tránsito sin una verdadera reforma de fondo al Instituto Nacional de Migración, y el fortalecimiento de apoyos a la operación de refugios y albergues en el país.
Si hacemos un recuento del problema y su magnitud, en los últimos doce meses del año, fueron deportadas aproximadamente 271,484 personas a 192 países –ejercicio fiscal que terminó el 30 de septiembre del 2024–, de acuerdo con información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo cual representó el doble, con respecto al periodo anterior, que fue de 145,580 personas. A su vez, los gastos de deportación sin especificar el monto, se intensificaron, volviendo a México el destino con más deportaciones, con un aproximado de 87,298 personas, seguido por Guatemala con 66,435 y Honduras con 45,923. Si bien es cierto que las detenciones por parte de Estados Unidos se redujeron a partir de la intensificación de medidas por las autoridades mexicanas y las políticas de restricción de asilo del presidente Biden, el problema no se resuelve. Es importante ampliar nuestro conocimiento ante el fenómeno migratorio, exigir que su enfoque debe y tiene que ser tratado con apego a derechos humanos en una coordinación amplia, pero sobre todo a partir de una responsabilidad compartida. El 2025 trazará grandes retos en materia migratoria, y como cada año, siempre hay una oportunidad para reordenar, reestructurar y proponer nuevas perspectivas de un fenómeno humano, que urge a ser tratado y reconocido con una visión mas solidaria, humana y justa, pero no solo por parte de las instituciones del estado de los países involucrados, también por parte de nosotros, los ciudadanos. Informarnos responsablemente, apoyar, hacer comunidad y promover acciones, son sumamente valiosas en estos tiempos, donde el odio y la exclusión han facilitado posturas inhumanas, que no nos llevarán a ningún buen puerto... Ojalá nuevas perspectivas puedan trazarse en el horizonte del 2025...
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