De acuerdo con la Constitución, para el nuevo año 2025 corresponden en Venezuela las elecciones de alcaldes y gobernadores, además de las parlamentarias. Ante el nuevo escenario electoral, el poder político en Miraflores y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) traza su estrategia para tratar de recuperar el voto popular a su favor, tras lo ocurrido en los comicios presidenciales del 28 de julio.
Este 8 de noviembre, el gobernante Nicolás Maduro, asomó la ruta que seguirá la tolda roja: se vuelven a separar las elecciones de alcaldes y las de gobernadores que en 2021 se hicieron de manera conjunta.
«Pareciera que lo mejor sería ir a una elección separada. Primero alcaldes, después gobernadores y después el Parlamento, pero esa es mi opinión, es una opinión más en el debate», dijo.
En marzo de 2021, la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo derogó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, que prohibía en su artículo 2 hacer de manera conjunta elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos con las de alcaldes y concejales municipales para garantizar la uniformidad del mandato de autoridades ejecutivas y legislativas en el ámbito regional y municipal.
La ley derogatoria permitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a “megaelecciones” el 21 de noviembre de 2021, ahora el chavismo decide separar de nuevo los comicios estadales y municipales.
Se mide el terreno y se divide
Para el politólogo, Piero Trepiccione, no hay duda de que se trata de una estrategia política de quienes ostentan el poder y que al proponer que primero se convoquen las elecciones municipales, el Psuv busca “medir su fuerza política” en el terreno y tratar de potenciarla sin poner en riesgo más cargos de poder.
“Es una manera de aceitar la maquinaria, ver cómo está evolucionando, además del apoyo del partido y de las fuerzas políticas en la opinión pública y cómo los mecanismos de reingeniería electoral y política que se están haciendo, con los cambios en la Ley de Procesos Electorales, van generando impacto en los factores de poder. Entonces yo mido el poder local sin poner en riesgo, digamos, otro poder, midiendo fuerzas para no generar un potencial descalabro político. Luego voy a los gobernadores ya con la maquinaria más aceitada y finalmente a la elección más importante, las parlamentarias”, sostuvo.
El director del portal de análisis electoral, Votoscopio, Eugenio Martinez, apunta la “táctica” de dividir a la oposición que fue unida a las elecciones presidenciales del 28 de julio, si no se resuelve la denuncia de fraude electoral.
“La participación en las elecciones va a dividir a la oposición, a los aliados internacionales, así que el chavismo, el madurismo aprovechará esa circunstancia para tener ese debate constantemente todo el año, para que afloren las teóricas diferencias que van a aparecer entre distintos sectores opositores y sectores que dicen ser opositores”, dijo.
El CNE anunció sin mostrar las actas de votación mesa por mesa, que Maduro había ganado las presidenciales con 51,95% de los votos (6.408.844) frente a 43,18% (5.326.104) que habría obtenido Edmundo Gonzalez Urrutia. La oposición por su lado, publicó 83,5% de las actas obtenidas por sus testigos electorales en las que se contabiliza 67% de la votación (7.119.768) a favor del opositor y 30% (3.225.819) para el actual gobernante.
Convocatorias a conveniencia
Martinez señala además que hacer las elecciones de alcaldes y gobernadores separadas es el deber ser, pero por cálculo político, el Psuv decidió hacer megaelecciones en 2021.
“Las elecciones deben hacerse separadas, para eso se había promulgado una Ley de Regularización de Períodos Constitucionales, para que la elección de alcaldes se haga junto a la elección de Concejos Municipales y la de gobernadores junto a la elección de asambleas legislativas estadales y la AN se haga en un momento diferente. Entonces, sinceramente lo que se está proponiendo es que se respete lo que en algún momento se había legislado y después se anuló para tener un relajo de fechas electorales donde se mezclan cargos, niveles de gobierno, pero no se culmina la elección de un mismo nivel de gobierno”, expresó.
No es la primera vez que el poder político junta y separa, adelanta o pospone comicios si ello se ajusta, de acuerdo con los analistas, a sus intereses en el momento que corresponde convocar elecciones en el país.
En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no el CNE decidió que las elecciones presidenciales debían convocarse a más tardar el 30 de abril, luego se fijaron para el 20 de mayo. En 2012, el CNE convocó para el 7 de octubre, las elecciones presidenciales inicialmente previstas para la primera semana de diciembre. Para entonces el Poder Electoral negó que el motivo haya sido la enfermedad (cáncer) que padecía el presidente de la República y candidato a la reelección, Hugo Chávez.
En 2017, la ANC fijó elecciones de gobernadores y se realizaron el 15 de octubre pero sin la elección de los Consejos Legislativos. Las elecciones de alcaldes también se hicieron ese año pero el 10 de diciembre, mientras que la de los concejos municipales se movieron para el 9 de diciembre de 2018. De esta manera los concejales elegidos en 2013 vieron extendido su mandato de cuatro años, un año más.
“Estas cosas no se pueden estar cambiando discrecionalmente. Tiene que haber un escenario de elecciones con un marco regulatorio, competitivo, en el que todas las fuerzas políticas del país puedan participar sin mayores limitaciones. Históricamente este cambio de fechas de elecciones siempre ha tenido tras bastidores intereses políticos para favorecer alguna de las opciones, entonces tenemos que concentrarnos en volver a un escenario de competitividad real donde se garantice el pluralismo político y la participación de todos los factores políticos y en eso hay que ajustarse a los parámetros que establece claramente tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, agregó Trepiccione.
Vale mencionar que el CNE es el único ente facultado por la Constitución para convocar y organizar elecciones en el país sin que priven intereses de otros poderes públicos.
¿Murió el voto en Venezuela?
Para la oposición que el 28 de julio acompañó la candidatura de Edmundo González es casi impensable pensar en nuevos comicios en Venezuela si no se logra el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y que Maduro se niega a reconocer.
Por otro lado, altos voceros del Psuv ya han dado señales claras de que quien no reconozca un nuevo mandato de Maduro no puede participar en elecciones, principal propósito de las reformas electorales que “cocina” la AN de 2020 con el apoyo de la “oposición aliada”.
Aunque no hay nada concreto sobre los cambios a la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, lo que se apruebe en definitiva, alerta Trepiccione, dirá mucho de cómo serán los procesos electorales en el país en lo adelante.
“Pero en todo caso, al menos en las narrativas, pareciera una intención de la actual AN, restringir la participación política y el pluralismo político, es decir, minimizar la competitividad electoral abierta en Venezuela, es lo que se trasluce de declaraciones de altos voceros. Yo no creo en la versión de la muerte del voto, pero sí, digamos, el voto, tal y como lo hemos conocido, ciertamente está enfrentando serias amenazas, digamos el sufragio universal y directo, tal como lo hemos conocido y además competitivo”, sostuvo el politólogo.
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