El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con sede en Venezuela, según anunció hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta designación sigue los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para combatir las organizaciones criminales transnacionales que realizan actividades ilegales y amenazan a las comunidades.
Por Infobae
El Tren de Aragua se originó como una banda en una prisión en Aragua, Venezuela, y ha expandido sus operaciones a lo largo del Hemisferio Occidental. Entre sus actividades criminales se destacan el contrabando de personas, la trata, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico de drogas ilícitas. La organización también se ha involucrado en minería ilegal, secuestro, extorsión y el tráfico de drogas como cocaína y MDMA.
El Subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, afirmó: “La designación de hoy refleja la creciente amenaza que representa Tren de Aragua para las comunidades estadounidenses. Usaremos todas las herramientas y autoridades disponibles contra organizaciones que se aprovechan de las poblaciones vulnerables para generar ingresos y abusar del sistema financiero de EE.UU.” Esta cita subraya la urgencia de tomar medidas contra este tipo de amenazas.
Para ejemplificar su impacto, el Tren de Aragua utiliza sus redes transnacionales para traficar personas, especialmente mujeres y niñas migrantes, con fines de explotación sexual y servidumbre por deudas. En casos donde las víctimas intentan escapar, los miembros del Tren de Aragua suelen matarlas y publicitar sus muertes como una advertencia a otras posibles víctimas.
Una muestra de su extensión es la colaboración con el Primeiro Comando da Capital, una organización criminal sancionada de Brasil, y sus operaciones financieras transnacionales, entre las cuales se incluye el lavado de fondos a través de criptomonedas. Esto detalla la sofisticación y alcance de sus actividades delictivas.
La sanción al Tren de Aragua se realizó en virtud de la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la Orden Ejecutiva 13863, que permite sancionar a personas extranjeras que constituyan organizaciones criminales transnacionales significativas. Esta acción acarreará el bloqueo de todos sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses.
Además de las sanciones económicas, el Departamento de Estado de EE.UU. ha ofrecido recompensas de hasta 12 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de varios líderes del Tren de Aragua. Esta recompensa busca desmantelar las operaciones de liderazgo del grupo, incentivando la colaboración para su captura.
El Tren de Aragua también se ha expandido oportunistamente infiltrándose en las economías criminales locales en América del Sur, lo que refleja la versatilidad de su modelo delictivo en distintas geografías y contextos económicos. Esto ha contribuido a su capacidad para diversificar sus fuentes de ingresos y profundizar sus raíces en varias regiones.
Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en bienes del Tren de Aragua que se encuentren en Estados Unidos, o bajo el control de personas estadounidenses, deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más por personas bloqueadas también serán bloqueadas. Las transacciones relacionadas con estos bienes están prohibidas a menos que sean específicamente autorizadas por OFAC.
“Nos comprometemos a utilizar todas nuestras capacidades para combatir a las organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, que generan ingresos a expensas de las poblaciones más vulnerables y amenazan la estabilidad regional”, agregó Brian Nelson.
Las ramificaciones de estas sanciones tienen un alcance significativo, limitando la capacidad del Tren de Aragua de manejar y distribuir sus recursos financieros, y frenando sus operaciones criminales. Estas medidas son un componente vital en el esfuerzo continuado de EE.UU. para estabilizar la región y proteger a las comunidades más afectadas por las actividades ilícitas de esta organización.
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