La activista de doble nacionalidad venezolana y española lidera la ONG Control Ciudadano, la cual ha monitoreado la situación de la Fuerza Armada en Venezuela durante casi dos décadas. La experta en seguridad denuncia haber sido una de las primeras en sufrir persecución, discriminación y restricción de libertades durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Un recuerdo viviente. El 9 de febrero, las autoridades venezolanas arrestaron a Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos, cuando se disponía a viajar desde Caracas hacia Miami con su hija. La experta en seguridad fue implicada en una supuesta conspiración para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. El arresto reavivó el fantasma de persecusión política en Venezuela hacia organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Tras la confirmación del arresto por parte del fiscal general Tarek William Saab, quien indicó que fue presentada ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas la noche del lunes, se sabía poco de la activista. En esa audiencia San Miguel no contó con abogados de su confianza, según denunció su equipo jurídico en un comunicado.
Este lunes, 10 días después, recibió la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin. Según el testimonio de la hija, hecho público por el abogado Joel García a través de la red social X, San Miguel se encuentra "fortalecida y muy confiada de su inocencia".
Según el abogado, San Miguel insistió en que "no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan" tanto a ella como a cinco allegados detenidos luego de su aprehensión, cuatro de ellos fueron liberados posteriormente el 13 de febrero con medidas que incluyen la "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios".
A San Miguel el Gobierno venezolano la acusa de una supuesta vinculación con una conspiración que buscaba el asesinato del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
Más de 200 organizaciones no gubernamentales exigieron su liberación inmediata y pidieron a la comunidad internacional condenar las acciones contra San Miguel y su familia. El Gobierno de Estados Unidos también expresó preocupación y el pronunciamiento provocó la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuyo personal tuvo que abandonar el país en menos de 72 horas.
“¿Cómo explican que hasta ahorita haya gente diciendo de una desaparición forzada? Todo es para enlodar la democracia venezolana. Mienten y al mismo tiempo delinquen al decir esas mentiras”, respondió el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
¿Quién es Rocío San Miguel?
Tras incursionar en el sector público en el año 2000 en el Ministerio de Infraestructura y luego entrar en el sector de Defensa y Seguridad. En 2004, San Miguel fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras, una entidad gubernamental, luego de que firmara, junto a otros empleados públicos, una petición para activar un referendo con el objetivo de limitar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
Centenares de personas afirmaron que fueron despedidas en el sector público entre 2003 y 2004 tras figurar en la llamada 'Lista Tascón', usada por el chavismo para filtrar a los leales del Estado. Años más tarde, Chávez instó a los directivos y funcionarios a "enterrar" esa lista, que había circulado ampliamente en Internet.
El Consejo prestaba asesoramiento de alto nivel para coordinar acciones de políticas públicas y sociales entre distintos entes gubernamentales en las fronteras.
En 2005 fundó la ONG Control Ciudadano, que se dedicó a monitorear violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El organismo buscaba ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad y defensa en Venezuela, poniendo la mirada sobre las actividades militares.
En 2012, Rocío San Miguel y su hija recibieron medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido al acoso y las amenazas que enfrentaron a raíz de su labor en Control Ciudadano, tras denunciar la presencia de militares activos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FANB, inscritos como militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela.
En 2014, Rocío San Miguel fue acusada por el propio Nicolás Maduro de estar implicada en lo que él describió como "un alzamiento militar".
En 2018, Rocío San Miguel consiguió una victoria legal crucial, logró que la CIDH ordenara al Estado venezolano que cumpla la sentencia en el caso 'Lista Tascón' y fijó el plazo hasta el 6 de mayo de 2024 para que presente un informe de cumplimiento.
“Presidente Maduro, gire instrucciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos casi 20 años esperando justicia, verdad y reparación”, escribió San Miguel días antes de su detención.
Bajo la dirección de Rocío San Miguel, las investigaciones de Control Ciudadano destaparon una serie de hechos como torturas, muertes y detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades, presuntamente cometidas por las fuerzas armadas.
El 22 de enero, el fiscal general Saab, reveló la existencia de cinco presuntos complots contra el Gobierno de Maduro, que hasta ese momento habían resultado en la detención de 32 individuos, entre civiles y militares.
Uno de estos presuntos planes, conocido como 'Brazalete Blanco', implicó la detención del oficial retirado del ejército Ányelo Heredia el 16 de enero en una zona rural de Táchira. Según Saab, dentro de los supuestos planes se menciona a San Miguel, y explicó que su función era "informar en tiempo real sobre las acciones terroristas", contando con el respaldo de varios periodistas.
Para Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, la detención de la activista tiene “una finalidad muy precisa que es mandar un mensaje claro a las demás organizaciones no gubernamentales” en un año electoral. “El gobierno no quiere organizaciones, periodistas, ni ningún tipo de entidad que de alguna manera muestre cuáles son los rincones oscuros del país, las cosas negativas que están pasando”, concluyó.
Con AP y EFE
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