Mientras aumenta la posibilidad que el gobierno de EEUU restablezca -a partir de abril- alguna de las sanciones económicas en contra de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro comienza a minimizar la importancia de este escenario.
Según explica el economista Leonardo Vera en el reporte de entorno de la firma CarpeDiem “un retorno de las sanciones por muy liviano que pueda ser el paquete, representa y genera un costo económico para Venezuela, y para el ‘gobierno’ de Maduro”.
Vera sostiene que “en un caso relativamente serio, regresar a un escenario previo al mes octubre de 2023, es imaginar un contexto, donde con excepción de operadoras como Chevron y aquellas que tienen cartas de patrocinio (comfort letters), las operaciones de producción y comercialización por parte de los socios en las asociaciones del sector de petróleo, y las perspectivas del negocio del gas en Venezuela, se verían menoscabadas”.
Este escenario “supondría una disminución de cerca de 120 mil barriles diarios en la producción de crudo (con respecto a un escenario de ratificación de la Licencia), y la posibilidad de que cerca de 330 barriles por día del total exportado tengan que venderse a precios con un descuento de hasta $29 el barril”.
En el referido informe, Vera sostiene: “Ciertamente los daños en el volumen de producción pueden no ser muy elevados si la revocatoria de la Licencia 44 no repercute gravemente sobre las operaciones de Repsol, Eni y Maurel & Prom que ha recibido autorizaciones específicas por parte de la OFAC. En un horizonte de sólo 8 meses (de abril a diciembre de 2024) estimamos que los ingresos por exportaciones de crudo se reducirían en cerca de $5.241 millones. ¿Cuánto perdería el régimen de Maduro? Es difícil estimar con precisión, pero si la suma del aporte fiscal y los dividendos por las asociaciones se estima gruesamente en un 30% sobre los ingresos petroleros externos, estaríamos señalando que el ‘gobierno’ de Maduro estaría dispuesto a perder unos US $1.572 millones en ocho meses”.
Por otra parte, se advierte que, sobre el presupuesto de la nación aprobado por la Asamblea Nacional -a disposición de la dictadura- en diciembre, por una suma equivalente a $20.500 millones, “la pérdida de recursos fiscales sería aproximadamente de un 8%. La revocatoria de la Licencia 44 pone un freno además a los acuerdos comerciales de compraventa de crudo por combustibles que se han venido gestionando con los pares de PDVSA en Colombia y México (Pemex y Ecopetrol) y retrasa gravemente ciertos preacuerdos como el de Ecopetrol y PDVSA, para activar un contrato comercial de suministro de gas a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. Hacia el mediano plazo la eventual revocatoria de la Licencia General 44 afecta sin la menor dudas inversiones en el sector de los hidrocarburos y disminuye las perspectivas de recuperación”.
No obstante, el régimen de Maduro no enfoca su atención en el mediano plazo y largo plazo, sino que concentra su atención ahora en la posibilidad de realizar elecciones lo más pronto posible evitando así, al menos parcialmente, cualquier efecto directo a colateral de la revocatoria de las licencias o de nuevas sanciones.
Según el informe de la firma CarpeDiem “Maduro parece estar dispuesto a seguir manejando la economía de Venezuela en un contexto de sanciones, lo que no resulta del todo sorprendente. Después de todo la lectura que una parte de su administración hace del manejo de la economía con sanciones es triunfalista. En perspectiva habrían logrado sobrevivir al aislamiento económico y financiero que supone las sanciones; habrían logrado contener el gasto público congelando los ingresos de los asalariados y dependientes del sector público; habrían logrado mitigar las presiones sobre el tipo de cambio, conteniendo el crecimiento de la liquidez interna con un encaje bancario superlativo, a la par que han drenado ingresos de divisas hacia el mercado bancario oficial y la tasa de inflación se habría moderado como resultado de todo ello, y la gente se ha adaptado a uno de los sistemas de pago más complejos y erráticos del mundo”.
Redefinir las sanciones
En una conversación sobre las perspectivas electorales en Venezuela este año y el papel de Estados Unidos organizada en Washington D.C por The Wilson Center, la mayoría de los participantes coincidieron en que Maduro no cumplirá con sus compromisos y que las sanciones estadounidenses probablemente tendrán que ser redefinidas.
En el evento Mark Fierstein, exasesor de seguridad Nacional para el hemisferio occidental del presidente Barack Obama defendió el rol que ha jugado la administración Biden al indicar que las elecciones primarias que permitieron la victoria de María Corina Machado fueron producto de esa intervención, que además logró la liberación de presos políticos y el mismo acuerdo de Barbados.
No obstante, William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela y Colombia y exsubsecretario de Estado aseguró que Maduro “nunca cumplirá con un acuerdo que se traduzca en su salida del poder y ya concluyó que permitir la candidatura de la líder unitaria, María Corina Machado, conduciría a ese resultado”.
Según Brownfield, a estas alturas Maduro solo estaría considerando tres opciones: «La oposición escogerá a otro candidato al que sí le pueda ganar, permitir las elecciones, pero para robárselas como ha hecho en el pasado, o cancelar el proceso electoral en su totalidad».
De acuerdo con el exembajador, el único camino es la reimposición de sanciones, una decisión que a su juicio se ha postergado demasiado, y enlistar a toda la comunidad internacional para que ejerzan presión y promuevan una salida democrática.
En el evento también participó el expresidente de Colombia Iván Duque quien aseguró que Maduro “planea permanecer en el cargo a cualquier costo”. Por esta razón Duque llamó a volver “a las políticas de presión total y aislamiento internacional que se ensayaron contra el régimen durante su gobierno y el de Donald Trump.
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