Foto: EFE
La Asamblea Nacional y el sistema de justicia pretenden exonerar de responsabilidad penal a los jefes de los componentes del letal Plan Zamora y el Alto Mando Militar que ejecutaron en forma sistemática violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante 2017, con la aprobación del proyecto de ley sobre los delitos de genocidios, lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero olvidan que la ley no tendrá efectos retroactivos. La CPI continuará su investigación de forma autónoma e independiente, como lo establece el Estatuto de Roma, sin dejar de observar el cumplimiento del memorándum de entendimiento firmado con el fiscal Karim Khan.
El Estado está utilizando esta estrategia con la intención de mostrar a la comunidad internacional no solo un sistema de justicia eficaz con autonomía e independencia, dispuesto a procesar y condenar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sino también un Parlamento que está legislando sobre esta materia, cuando para nadie es un secreto que la impunidad es la que ha venido prevaleciendo desde 2014, desde que ocurrieron estos crímenes horrendos con la complicidad de los poderes públicos.
El sistema de justicia solo ha condenado a oficiales subalternos y ni con el «pétalo de una rosa » a las autoridades. Se olvidan de que la CPI solo procesa por crímenes de lesa humanidad precisamente al Alto Mando Militar, funcionarios de alto rango y jefes de Estado en ejercicio.
A esto hay que agregar que la decisión del Poder Judicial de emitir una condena insignificante a funcionarios del Sebin es una burla a los familiares de las víctimas. Ni qué decir del Código Penal al establecer nueva pena por el delito de homicidio de 5 años.
A esto hay que agregar que la decisión del Poder Judicial de emitir una condena insignificante a funcionarios del Sebin es una burla a los familiares de las víctimas. Ni qué decir del Código Penal al establecer nueva pena por el delito de homicidio de 5 años.
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