Juan Guaidó: “Queda la opción legal de la apelación” (Foto Asamblea Nacional)
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que no hay riesgo de que se pueda perder la empresa Citgo luego que se conoció la sentencia que reconoce la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y ordena a las autoridades de Petróleos de Venezuela pagar un monto de capital por el orden de 1.683 millones de dólares más intereses y gastos procesales del juicio.
La protección de Citgo básicamente está dada por la restricción que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que mantiene hasta el 19 de enero de 2021 la prohibición de ejecución de ordenes judiciales por parte de los acreedores, y también dependerá de las acciones que concrete el parlamento: si opta por negociar con los acreedores o extender el litigio.
“Queda la opción legal de la apelación y Citgo continúa bajo la protección de la OFAC”, dijo Guaido como reacción a la sentencia. “La decisión en primera instancia de un tribunal en Estados Unidos sobre los llamados bonos 2020 es consecuencia de la irresponsabilidad de la dictadura”, acotó.
El comunicado emitido por la presidencia de la Asamblea Nacional bajo la figura de Gobierno interino de Venezuela se contradice porque por un lado reitera la ilegalidad de los referidos títulos pese a que el fallo de la jueza Katherine Polk Falla señala que se ajustan a la legislación del estado de Nueva York y de Estados Unidos, pero también se asegura que no se pretende “repudiar” esta obligación.
“Insistimos que la emisión de estos bonos PDVSA 2020 – poniendo como colateral las acciones de PDV Holding, cuya única propiedad es Citgo- es absolutamente fraudulenta tal como lo dictaminó la Asamblea Nacional el 27 de agosto de 2016, mediante la aprobación de un acuerdo que expresa de manera clara que esta condición del colateral es ilegal en vista de que no fue aprobada por el parlamento tal como lo establece la Constitución”, indica el comunicado.
Al final del comunicado se agrega un párrafo que a criterio de agentes financieros y abogados contradice el argumento de la presunta ilegalidad. “Queremos recordar que en ningún momento hemos pretendido repudiar esta deuda”, indica el texto elaborado por el equipo de redacción del Centro de Comunicación Nacional que representa a Guaidó.
Sentencia incongruente y errada
El ex procurador especial José Ignacio Hernández tras conocerse la sentencia emitió un escrito en el que señala que la Corte trató los alegatos de los demandantes fue “incongruente” e indica que “demuestra el error de la sentencia”. Estos argumentos forman parte de las consideraciones que se evalúan para determinar si finalmente la Asamblea Nacional y la junta de administración ad hoc de PDVSA finalmente se deciden por la apelación de la sentencia.
“La sentencia desconoce el contenido y alcance de los acuerdos de la Asamblea Nacional dictados en relación con los bonos en contra del principio de acuerdo con lo cual las cortes de Estados Unidos no pueden revisar, cuestionar o desconocer actos oficiales de gobiernos extranjeros; y de manera contradictoria negó la relevancia del derecho venezolano en estos contratos”, indicó el escrito de Hernández.
“La decisión de desconocer el derecho venezolano, además de contradecir el razonamiento de la propia sentencia, es errada pues PDVSA no puede sustraerse del derecho público venezolano al celebrar operaciones de crédito público”, añade.
Explica que la decisión de la jueza se remitió solo a considerar la legislación de Nueva York y omitió que la operatividad de la estatal petrolera se rige por normas constitucionales y legales de Venezuela.
Fracción 16J pidió a Guaidó investigar a dirigentes de Primero Justicia que avalan legalidad del bono PDVSA 2020
El encuentro de ejecutivos del Fondo Ashrmore con Diosdado Cabello en la que también aparece el economista Francisco Rodríguez (Foto Ashmore)
Los enfrentamientos entre los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia persisten sobre la estrategia legal que debe seguirse con respecto a si se apela o no la sentencia que declaró la legalidad de los bonos PDVSA 2020. A lo anterior se agrega la posición de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, que solicitó averiguar una declaración hecha por un ejecutivo del Fondo de Inversión Ashmoro, Xin Xu, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York referida a la actuaciones sobre esta materia por parte del diputado Rafael Guzmán, el economista Alejandro Grisanti cuando fue director de la junta de administración ad hoc de Petróleos de Venezuela y el economista Francisco Rodríguez.
Esta fracción del Poder Legislativo está compuesta por los diputados Omar González, Biagio Pillieri, Juan Pablo García, Richard Blanco, José Luis Pírela, Edwin Luzardo, Luis Barragán, Nafir Morales, Dignora Hernández y Carlos Bastardo, quienes enviaron esta comunicación a fines de agosto más que como una solicitud como una exigencia que permita esclarecer los hechos narrados por el representante de Ashmore y ratificar la posición unánime de la Asamblea Nacional expresada en los Acuerdos de 27 de septiembre de 2016 y 15 de octubre de 2019.
“Según la declaración del señor Xu, representante de la empresa Ashmore, el diputado Guzmán le informó, directa y personalmente en septiembre de 2016 que la Asamblea Nacional no cuestionaría la operación de canje de los bonos con vencimiento en 2017 por los nuevos bonos PDVSA 2020; y que adicionalmente, esa operación no requería del control autorizatorio previo de la Asamblea Nacional”, indica la misiva de la Fracción 16 de Julio.
“Esta información, presuntamente ofrecida por Guzmán contradice abiertamente lo que esta Asamblea Nacional había formalmente aprobado antes de la emisión de los bonos PDVSA 2020, según se aprecia del acuerdo en el cual el parlamento cuestionó la validez de la operación y especialmente rechazó el colateral sobre el 50,1% de Citgo”, acota.
En la carta se señala que el diputado Guzmán sostuvo una reunión con el economista venezolano Francisco Rodríguez, en la que ratificó que el Poder Legislativo no objetaría la legalidad de los referidos títulos. La misiva, también, se acompaña de un anexo con una fotografía de un encuentro que Xu junto a otros ejecutivos de Ashmore sostuvieron con el dirigente oficialista Diosdado Cabello a fines de 2015 y en la que también aparece Rodríguez.
“Los graves hechos declarados por el representante de Xin Xu, ponen en riesgo la credibilidad de este digno Parlamento Nacional y debilitan intensamente la eficacia de la posición jurídica que a nivel internacional, han tenido las legítimas gestiones que el gobierno interino, que encabeza Juan Guaidó, ha realizado hasta la presente”, indica la carta.
La carta también se refiere a una misiva enviada por el economista y dirigente de Primero Justicia Alejandro Grisanti, quien en una comunicación a Guaidó le informó que su organización política objetaba la estrategia llevada adelanta en el manejo de la deuda pública externa y en específico por que se haya optado por demandar a los tenedores del bono PDVSA 2020.
“Resulta muy preocupante, que ésta firme y sólida posición de la Asamblea Nacional en relación a la nulidad de los bonos 2020, haya sido indebidamente puesta en duda cuando, Alejandro Grisanti, entonces director de la junta administradora ad-hoc de PDVSA designada por la Asamblea Nacional, informó que la posición de Primero Justicia era contraria a la nulidad de los bonos”, señala uno de los párrafos de la carta.
Explica que la decisión de la jueza se remitió solo a considerar la legislación de Nueva York y omitió que la operatividad de la estatal petrolera se rige por normas constitucionales y legales de Venezuela.
ResponderBorrar