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| Foto: Correo del Caroní |
La comunidad indígena de Santo Domingo de Turasen en el municipio Gran Sabana rechazó la instalación y operación de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) en sus tierras. La responsabiliza de fomentar y formalizar la extracción aurífera en zonas protegidas, entre ellas, el Parque Nacional Canaima.
El pronunciamiento es una respuesta de la comunidad a la intención de instalar una oficina de esta empresa estatal minera en Santa Elena de Uairén, capital del municipio, reseña El Correo del Caroní.
Aunque no hay detalles sobre la eventual instalación, los indígenas temen que esta sea la antesala a un aval del Estado para emprender la minería en zonas protegidas, como el Parque Nacional Canaima, donde ya hay explotación minera.
El Parque Nacional Canaima fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1994.
Atentado contra pueblos ancestrales
A través de un comunicado, la comunidad acusó a la institución de implementar políticas públicas no acordes. La cuales fomentan la desunión y que debilitan las estructuras organizacionales de los pueblos indígenas.
Expresan que la instalación no cumple con el principio de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Ni con el mandato de respetar la soberanía, sustentabilidad y visión sistémica. Así como el desarrollo bajo principios ecológicos y el respeto a las comunidades indígenas.
“En 20 años no se ha podido desplazar ni romper con una élite corrupta y desprestigiada. Sin canales de comunicación política con la mayoría de los pueblos indígenas”, sentencian en el comunicado.
La comunidad exige a las autoridades gubernamentales cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución. La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre cualquier acción que se quiera cometer en sus territorios ancestrales. Acciones que además pueden afectar su modo de vida.
Más tomando en cuenta que la minería en los territorios ancestrales ha traído consigo violencia, contaminación ambiental y enfermedades relacionadas con la malaria y la desnutrición dentro de los pueblos originarios.
La comunidad exige a las autoridades gubernamentales cumplir a cabalidad lo establecido en la Constitución. La consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre cualquier acción que se quiera cometer en sus territorios ancestrales. Acciones que además pueden afectar su modo de vida. Más tomando en cuenta que la minería en los territorios ancestrales ha traído consigo violencia, contaminación ambiental y enfermedades relacionadas con la malaria y la desnutrición dentro de los pueblos originarios.
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