El nuevo coronavirus continúa causando estragos en todo el mundo y, si bien es aún muy pronto para comprender la totalidad del impacto de la COVID-19 en términos de flujos de capital y deuda, está claro que esta crisis inevitablemente incrementará la carga de los países más pobres y empujará a entre 71 millones y 100 millones de personas a la pobreza extrema, medida según la línea internacional de USD 1,90 al día.
En un esfuerzo por mitigar el impacto de la pandemia, el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzaron para brindar apoyo financiero a los países en desarrollo. En respuesta al llamado a la acción formulado conjuntamente por estas entidades, los ministros de Finanzas del Grupo de los Veinte (G-20) anunciaron que los acreedores bilaterales permitirían a los países clientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que así lo solicitaran, suspender los pagos del servicio de la deuda a partir del 1 de mayo y durante lo que queda de 2020. (en particular de aquellos que no cuentan con los recursos financieros necesarios para responder a la crisis derivada de la COVID-19) y evitar a la vez una crisis de liquidez y el incumplimiento del pago de la deuda.
En esta situación inestable, es fundamental poder cuantificar con precisión estos pasivos. Desde 1952 el Banco Mundial mantiene el Sistema de Notificación de la Deuda, que incluye cálculos históricos, metodologías e información agregada sobre la deuda. Con el fin de respaldar los esfuerzos propuestos de alivio de la deuda, el Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Banco Mundial elaboró un detallado perfil de datos (i) de los saldos y los flujos de la deuda de los países que reúnen las condiciones para recibir alivio en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés).
En dicho perfil se identifican los pagos anuales y mensuales del servicio de la deuda con vencimientos previstos durante 2020 y 2021 correspondientes a acreedores multilaterales y bilaterales, que pueden utilizarse para aliviar la carga de la deuda según sea necesario. Los elementos básicos empleados para calcular los pagos futuros fueron las condiciones del financiamiento otorgado por acreedores individuales y grupos de acreedores. Estas proyecciones se basaron en los saldos de los instrumentos de deuda individuales (es decir, préstamos) a fines de 2018. Estos perfiles facilitarán la validación y conciliación de los registros de deudores y acreedores con un nivel de detalle mucho mayor. Puede encontrarse más información en el documento titulado Debt Service Payments Projections: What we measure (Proyecciones sobre los pagos del servicio de la deuda: Qué medimos) (PDF, en inglés).
¿Qué muestran los datos?
A partir del ejercicio realizado con los datos de la deuda, hemos visto que los sectores públicos de los países que pueden recibir fondos de la AIF aún dependen en gran medida de fuentes oficiales de financiamiento en condiciones concesionarias: más del 80 % de la deuda corresponde a acreedores multilaterales y bilaterales oficiales. La mayoría de los países de la AIF han ganado acceso a los mercados mediante la emisión de bonos, y otras fuentes de financiamiento también representan una parte importante de la deuda pública y con garantía pública: cerca del 17 % de la acumulación de la deuda y 24 % del total de las obligaciones por servicio de la deuda para 2020 y 2021.
Por otro lado, cabe destacar que se ha observado un cambio en el financiamiento externo de los países de ingreso bajo y mediano, conocido como flujos "sur-sur", o préstamos de países de ingreso mediano a economías de ingreso bajo, tal como se puso de relieve recientemente en artículos publicados en The Diplomat (i) y The Economist (i). De los países que conforman el G-20, nueve cuentan con uno o más organismos oficiales de crédito a la exportación y al menos la mitad tienen en funcionamiento un programa o mecanismo de asistencia a través del cual se proporciona financiamiento en condiciones concesionarias. El financiamiento bilateral que otorgan los países de ingreso bajo y mediano a menudo obedece a la necesidad de financiar, facilitar y promover el comercio internacional, así como a la intención de avanzar con sus propios programas de desarrollo. En consecuencia, una gran proporción del financiamiento externo que se ofrece adopta la forma de garantías y créditos a la exportación atados a la adquisición de bienes y servicios en el país acreedor.
Este panel interactivo ayuda a visualizar los pagos mensuales del servicio de la deuda que vencerán en 2020 y 2021 de los países que pueden participar en la DSSI.
¿Qué definiciones y clasificaciones utilizamos?
En el Sistema de Notificación de la Deuda se emplean las taxonomías establecidas para las definiciones de las categorías de deudores y acreedores. Dichas taxonomías se ajustan a los parámetros internacionales, específicamente, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008), que sirve de base para el marco ontológico, y el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (sexta edición, BPM6).
A diferencia de la definición más estrecha de deuda pública, que por lo general abarca solo al Gobierno, la definición del sector público utilizada en el Sistema de Notificación de la Deuda comprende también las entidades financieras y no financieras (estén o no constituidas como sociedades) cuya propiedad corresponda por completo al sector gubernamental, incluidos los bancos oficiales de desarrollo o los intermediarios financieros que otorgan préstamos de largo plazo pero no aceptan depósitos monetarios. La deuda generada a partir de sus préstamos se categoriza como deuda pública.
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Entre otras cosas, brindamos apoyo con el objetivo de fortalecer la capacidad de los países para registrar con precisión los instrumentos de deuda, ampliar la cobertura más allá de los niveles gubernamentales y abordar los aspectos más difíciles del registro de la deuda, como las nuevas condiciones del financiamiento, la inclusión adecuada de los préstamos no convencionales pedidos u otorgados, y la creciente complejidad de los préstamos no garantizados tomados por el sector privado en el mercado internacional. Queremos respaldar a los países para que logren mayor transparencia en los datos sobre la deuda y en sus decisiones sobre el financiamiento que otorgan o solicitan, con el fin de permitirles evitar o mitigar una crisis de deuda
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