La demora en el diseño y ejecución de una política de deuda externa, sincronizada con la verdadera capacidad de pago, pone al país a las puertas de un default desordenado y caótico al que no se puede llegar, si se quieren evitar las consecuencias que tendría para la economía y sociedad venezolanas.
Para evitar que la crisis de la deuda finalmente estalle, deudores y acreedores tienen que acordar las condiciones básicas para iniciar la renegociación, la cual tiene al menos seis premisas claves:
i)Que el proceso sea asumido como un asunto de Estado o interés nacional por parte del oficialismo y la oposición, toda vez que los efectos de una crisis de deuda se prolongarían a lo largo de una década, cuestión que haría inviable incluso un gobierno de la actual oposición;
ii)Ante el desconocimiento internacional de la ANC, es necesario reconocer a la AN como el Poder Legislativo que blindará legalmente el acuerdo final de la renegociación, el cual no podría ser luego desconocido o anulado por un nuevo gobierno;
iii)Que se designe un nuevo equipo negociador integrado por funcionarios que no esté sancionados, con los cuales los acreedores se puedan sentar a renegociar sin el riesgo de ser acusados al regresar a sus países de violar la prohibiciones estadounidenses y europeas;
iv)La presentación de un Programa de Estabilización Económica con Bienestar Social que demuestre claramente cómo la República y Pdvsa van a recuperar su capacidad de pago para cumplir con el nuevo cronograma de pagos, sin que el costo del ajuste recaiga sobre la población más vulnerable; y,
v)La diferenciación de la deuda de la República y Pdvsa, de tal forma que la renegociación comience por la deuda soberana y los recursos liberados se puedan destinar a levantar la producción de Pdvsa, reactivar el aparato productivo nacional y mantener el cronograma de pagos de la compañía.
vi)Un proceso de auditoría ciudadana de la deuda externa para identificar aquellos montos que fueron ilegalmente contratados, al perforar el marco legal y regulatorio y no contar con las autorizaciones debidas, tal como acaba de ocurrir con una deuda contratada por Citgo, revelación que llevó al encarcelamiento de su junta directiva.
Tanto nadar para morir en la orilla
Después de sacrificar las importaciones de materias primas, repuestos y maquinarias que necesita el aparato productivo naciona,l con el fin de liberar divisas para pagar puntualmente a lo largo de cuatro años $ 73.000 millones en intereses y capital de la deuda, el gobierno de Nicolás Maduro finalmente reconoció que no puede seguir ese ritmo de pagos e hizo pública su intención de renegociar la deuda externa. En lo que resta de 2017, el país todavía tiene que pagar $ 1.470 millones, y en 2018 el monto asciende a $ 8.000 millones. Con unas reservas de petróleo que apenas superan los $ 9.000 millones, los precios del petróleo estancados y la producción de Pdvsa en declive, los ingresos estimados definitivamente no alcanzan.
En tales circunstancias, es preferible un acuerdo amistoso con los acreedores para evitar las acciones judiciales, sobre todo contra Pdvsa, que es la que puede ser objeto de embargo. Los acreedores saben que Pdvsa es la fuente del 96% del ingreso en divisas de Venezuela y los afectados por el incumplimiento pueden intentar defender sus intereses a través de litigios que generalmente desembocan en un embargo de los activos, cuentas bancarias y facturas por cobrar del deudor moroso. Pero si embargan Pdvsa, la compañía no podrá operar ni generar divisas para cumplir con los pagos pendientes.
Una vez que el propio gobierno hizo un llamado para renegociar toda la deuda externa está reconociendo que no podrá pagar en las fechas establecidas, pero esto no significa que haya caído en un incumplimiento. La pregunta, entonces, ya no es si Venezuela incumplirá con los pagos de la deuda externa, sino cuando reprogramará los pagos.
Leer mas: http://www.panorama.com.ve/opinion/Hay-o-no-hay-default-por-Victor-Alvarez-20171130-0063.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario