Venezuela debe cerca de 150 mil millones de dólares correspondientes a la deuda externa y con cada mes que transcurre, y cada pago que el país hace, la posibilidad de caer en default se ve más cercana.
La administración de Maduro ha venido malabareando la economía venezolana con el dinero dedicado a importaciones y el dinero dedicado a cancelar la deuda externa. Para poder desembolsar en abril la cifra de $2.466 millones por la deuda, el mayor monto a pagar en 2017, el Estado recortó las importaciones y negoció préstamos con la petrolera rusa Rosneft.
Los pagos de deuda que ahora se avecinan para octubre y noviembre serían los más difíciles para el Gobierno. El especialista, que ejerció como jefe de Investigación para América Latina de Barclays, resaltó que Venezuela debe pagar en los próximos seis meses cerca de 10 mil millones de dólares, cifra que puede ser difícil de alcanzar para el Gobierno.
La acumulación de deudas se convirtió en un grave problema para la nación petrolera cuando en 2014 el precio del crudo, que se encontraba en $100 por barril, registró una caída histórica que desde entonces mantiene los precios cerca de los $40. La crisis del petróleo redujo los miles de millones de dólares que recibía Venezuela por exportaciones de crudo, que conforman el 95% de los ingresos totales.
Los cuatro meses de protestas, marcados por violaciones a derechos humanos, y la reciente implantación de una asamblea constituyente rechazada por la comunidad internacional, son actores que igualmente causan poca confianza en los mercados internacionales para renovar o financiar la deuda venezolana.
Grisanti incluye en la mezcla las sanciones que ha aplicado el Departamento de Estado de Estados Unidos a funcionarios venezolanos que impiden participar en nuevas negociaciones a los afectados y por ende, se le dificulta al gobierno buscar nuevo financiamiento por la deuda.
Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha tenido una voluntad de pago bastante clara, a pesar de verse en la necesidad de reducir las importaciones y producir mayor escasez de alimentos y medicinas a la población, asegura el economista Henkel García.
"Hay un incentivo claro por parte del Gobierno para cumplir".
Continuar pagando la deuda de la forma en que está reestructurada acarrea efectos colaterales como la disminución de importaciones y la creciente dificultad de producción para las empresas venezolanas, que empeorarán la grave crisis humanitaria, advierte García. "Estos sacrificios no los hace el Gobierno, lo terminamos haciendo los venezolanos".
Pero de Venezuela no poder pagar la deuda caería en default, lo que conlleva otras consecuencias graves para el Estado y la población venezolana, como el empeoramiento de la ya golpeada economía.
La preocupación principal ante el default, por el lado internacional, es la posibilidad de embargo de activos de Pdvsa por parte de los tenedores de bonos, explican los economistas. Del lado nacional, el incumplimiento condicionaría la economía del país pues las relaciones comerciales se paralizarían y se interrumpirían las exportaciones, lo que llevaría a la economía a la hiperinflación, a la caída del poder adquisitivo y al aumento del precio del dólar paralelo.
¿SERÁ POSIBLE EVITAR EL DEFAULT EN 2017?
Entre los entendidos en el tema hay una certeza que todos comparten: el default es inevitable. La cuestión gira alrededor del cuándo caerá.
Oliveros es uno de los que considera que el Gobierno podría pagar en detrimento de las importaciones, escenario al que le da una posibilidad de 60%. Resalta que el gran pago de deuda de 2018, que supera los 12 mil millones de dólares es el verdadero problema, a menos de que suban nuevamente los precios del petróleo. "Es una bomba de tiempo", señaló.
Por su lado, Henkel García calcula que "haciendo los movimientos y un gran sacrificio el Gobierno podría pagar, pero sería a un costo muy alto". Asoma la posibilidad de que alguna empresa rusa o china haga otro préstamo para completar el pago. A pesar de ello, cree que las probabilidades de no pagar la deuda del 2017 son mayores y la del 2018, inevitable.
Grisanti tampoco cree que la administración de Maduro pueda cancelar la deuda pendiente de los próximos meses. Y desde su perspectiva, la posibilidad de poder pagar en octubre y noviembre se reduce aún más con la posibilidad de sanciones financieras o petroleras.
La administración de Maduro ha venido malabareando la economía venezolana con el dinero dedicado a importaciones y el dinero dedicado a cancelar la deuda externa. Para poder desembolsar en abril la cifra de $2.466 millones por la deuda, el mayor monto a pagar en 2017, el Estado recortó las importaciones y negoció préstamos con la petrolera rusa Rosneft.
Los pagos de deuda que ahora se avecinan para octubre y noviembre serían los más difíciles para el Gobierno. El especialista, que ejerció como jefe de Investigación para América Latina de Barclays, resaltó que Venezuela debe pagar en los próximos seis meses cerca de 10 mil millones de dólares, cifra que puede ser difícil de alcanzar para el Gobierno.
La acumulación de deudas se convirtió en un grave problema para la nación petrolera cuando en 2014 el precio del crudo, que se encontraba en $100 por barril, registró una caída histórica que desde entonces mantiene los precios cerca de los $40. La crisis del petróleo redujo los miles de millones de dólares que recibía Venezuela por exportaciones de crudo, que conforman el 95% de los ingresos totales.
Los cuatro meses de protestas, marcados por violaciones a derechos humanos, y la reciente implantación de una asamblea constituyente rechazada por la comunidad internacional, son actores que igualmente causan poca confianza en los mercados internacionales para renovar o financiar la deuda venezolana.
Grisanti incluye en la mezcla las sanciones que ha aplicado el Departamento de Estado de Estados Unidos a funcionarios venezolanos que impiden participar en nuevas negociaciones a los afectados y por ende, se le dificulta al gobierno buscar nuevo financiamiento por la deuda.
Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha tenido una voluntad de pago bastante clara, a pesar de verse en la necesidad de reducir las importaciones y producir mayor escasez de alimentos y medicinas a la población, asegura el economista Henkel García.
"Hay un incentivo claro por parte del Gobierno para cumplir".
Continuar pagando la deuda de la forma en que está reestructurada acarrea efectos colaterales como la disminución de importaciones y la creciente dificultad de producción para las empresas venezolanas, que empeorarán la grave crisis humanitaria, advierte García. "Estos sacrificios no los hace el Gobierno, lo terminamos haciendo los venezolanos".
Pero de Venezuela no poder pagar la deuda caería en default, lo que conlleva otras consecuencias graves para el Estado y la población venezolana, como el empeoramiento de la ya golpeada economía.
La preocupación principal ante el default, por el lado internacional, es la posibilidad de embargo de activos de Pdvsa por parte de los tenedores de bonos, explican los economistas. Del lado nacional, el incumplimiento condicionaría la economía del país pues las relaciones comerciales se paralizarían y se interrumpirían las exportaciones, lo que llevaría a la economía a la hiperinflación, a la caída del poder adquisitivo y al aumento del precio del dólar paralelo.
¿SERÁ POSIBLE EVITAR EL DEFAULT EN 2017?
Entre los entendidos en el tema hay una certeza que todos comparten: el default es inevitable. La cuestión gira alrededor del cuándo caerá.
Oliveros es uno de los que considera que el Gobierno podría pagar en detrimento de las importaciones, escenario al que le da una posibilidad de 60%. Resalta que el gran pago de deuda de 2018, que supera los 12 mil millones de dólares es el verdadero problema, a menos de que suban nuevamente los precios del petróleo. "Es una bomba de tiempo", señaló.
Por su lado, Henkel García calcula que "haciendo los movimientos y un gran sacrificio el Gobierno podría pagar, pero sería a un costo muy alto". Asoma la posibilidad de que alguna empresa rusa o china haga otro préstamo para completar el pago. A pesar de ello, cree que las probabilidades de no pagar la deuda del 2017 son mayores y la del 2018, inevitable.
Grisanti tampoco cree que la administración de Maduro pueda cancelar la deuda pendiente de los próximos meses. Y desde su perspectiva, la posibilidad de poder pagar en octubre y noviembre se reduce aún más con la posibilidad de sanciones financieras o petroleras.
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