Etiquetas, decretos y sentencias - SIMÓN GARCÍA

En política los extremos, además de encontrarse, tienden a fagocitarse mutuamente. Esta simbiosis final ha puesto en cuestión el valor de la más que centenaria visión topológica que contrapone la izquierda a la derecha. Pero el peso de lo tradicional, la comodidad de las viejas visiones, ha hecho que partidos y personas sigan usando estos términos para autodefinirse y para descalificar al otro, aunque las diferencias se hayan vuelto lábiles.

El discurso de la cúpula oficialista, con su empastado “revolucionario” tiene un contenido conservador y reaccionario. Se aferra a la defensa de sus privilegios y objetivamente está jugando el papel de obstáculo para el progreso de la sociedad y para desmantelar la democracia. Intenta fundar la realidad desde el poder, pretendiendo ocultar el peso de los hechos: más pobreza, más desigualdad social, más corrupción, más pérdida de derechos, más atraso científico y tecnológico, más asociación internacional con regímenes opresores…Las evidencias muestran a un gobierno que habla como izquierda y arroja resultados propios de la derecha.

El término izquierda, si conserva algún valor como indicador de una identidad, no es aplicable a ninguno de los integrantes de la cúpula Maduro/Cabello. Ni al gobierno. El proyecto del socialismo del siglo XXI es sólo una importación del comunismo del siglo XX que se impuso en Cuba: estatista, autoritario, enemigo de la propiedad, con sistemas de producción anacrónicos, sin separación de poderes ni elecciones libres, sin medios de información independientes y esclavizado a la socialización de la miseria.

Chávez y Carmona se excluían. Maduro es un adendum de Carmona. Prueba de ello es que el contenido y los fines del decreto Carmona y del decreto Maduro son idénticos: acabar con el parlamento. La aspiración de eliminarlo de la faz de la institucionalidad tiene que ver con impedir toda pluralidad y autonomía dentro del Estado. Adicionalmente, ausencia del parlamento implica liquidación de los partidos políticos de oposición.

El decreto de Carmona y ahora el de Maduro quieren un Estado total, con un control total sobre una sociedad reducida a luchar por satisfacer sus necesidades básicas, envilecida moralmente por la degradación del poder y con un pueblo que piense que no hay alternativas. El decreto de Carmona configuró un golpe de Estado, ¿el de Maduro no?

En el 2007 una sentencia del TSJ fue declarada nula por la Asamblea Nacional bajo la presidencia de Cilia Flores. Los mismos que ahora defienden una sentencia que le impone a la Asamblea Nacional modificaciones a su Reglamento Interno o que concede al Presidente del ejecutivo la capacidad para anular y sustituir decisiones privativas del poder legislativo, en aquella ocasión acusaron a la Sala de usurpación.

No eran enemigos de la patria ni agentes de la derecha. Sólo que en aquella oportunidad acataron la Constitución Nacional contra la cual hoy se rebelan porque hoy han tomado la decisión de desconocer el Estado de Derecho y colocarse al margen de la ley. Por supuesto que guardando ciertas formalidades que los hagan semipotables hacia el exterior, mientras continúan acudiendo a la última carta de los regímenes que se quedan sin pueblo: remplazar los votos por balas, tratar de perpetuarse en el poder y reprimir las protestas de un pueblo sin pan ni medicinas.

En la operación de golpe de Estado contra el parlamento, el TSJ manda a la Asamblea a convocar sus sesiones con 48 horas de antelación y la Constitución establece que debe pronunciarse sobre el Estado de excepción antes de las 48 horas. No hay duda sobre que conducta asumir: en esto y en todas sus disposiciones Constitución mata Corte.

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