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| Foto: Archivo / EL TIEMPO Imagen de la Asamblea General de la OEA, llevada a cabo el año pasado en Paraguay |
En países como Venezuela o Ecuador, donde está en entredicho la independencia judicial, la única esperanza de sus ciudadanos es acudir a este sistema internacional de protección.
En la asamblea, los 34 cancilleres elegirán a cuatro nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a cuatro nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero importantes organizaciones han cuestionado el proceso de elección y la postulación de algunos de candidatos. Si bien países como Colombia, Panamá o Jamaica han presentado aspirantes independientes y con reconocida formación para integrar la Comisión, no sucede lo mismo frente a los nombres propuestos para la Corte.
Para elegir a la mayoría de los jueces que integrarán esta última institución, países como Chile y Costa Rica han presentado candidatos sólidos que han demostrado tener autonomía.
En cambio, Uruguay, Argentina y Ecuador han presentado candidatos que han sido cuestionados por sus actuaciones previas.
Condescendiente
El candidato uruguayo Alberto Pérez –juez de la Corte que va por su reelección– es visto en su país como un profesor respetable, pese a no tener una obra jurídica conocida. Ha mostrado solidaridad con las víctimas de graves crímenes contra la vida o la integridad cometidos bajo regímenes autoritarios en el pasado, pero no ha reaccionado igual con gobiernos autoritarios actuales.
El juez, en concepto de expertos, ha sido condescendiente con países que en la última década han debilitado todas las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, como Venezuela.
No solo en casos relacionados con crímenes impunes, sino en aquellos referidos a la falta de independencia judicial o a la violación de la libertad de expresión.
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