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| Foto: REUTERS Las protestas por los proyectos de ley que suben los impuestos a las herencias y la plusvalia. |
Los resultados obtenidos por el país en el 2014 apenas llegarán a la mitad en este año, según las autoridades económicas. Aunque en el panorama actual aún hay nubarrones que no estaban contemplados y que, seguramente, van afectar al país.
A comienzos de año, el Gobierno y el Banco Central habían proyectado que la economía crecería el 4,1 por ciento, por encima del 3,8 por ciento logrado en el 2014. Sin embargo, en una primera revisión en abril, se corrigió dicha previsión y se bajó hasta el 1,9.
No menos importantes son el fuerte déficit fiscal que se sitúa por encima del 3 por ciento del producto interno bruto y el déficit comercial, que según firmas como BullTick Capital Markets, podría ascender a más de 4.000 millones de dólares este año. También es diciente la caída que ha registrado la Inversión Extranjera Directa que desde el 2011 se ha mantenido estacionada en apenas 200 millones de dólares anuales.
Lo que le ha estado sucediendo a la economía ecuatoriana es una especie de coctel de acontecimientos poco afortunados que, según varios analistas de ese país y del exterior, también han estado relacionados con políticas adoptadas por el gobierno del presidente Rafael Correa desde el 2007.
El primero de ellos, según se lo dijo a EL TIEMPO Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de la firma estadounidense Moody’s Analytics, es que en Ecuador “se ha creado un ambiente de negocios no tan favorable para los inversionistas internacionales. No es que estén espantados, sino que están mirando qué pasa, pues hay ciertas políticas y acciones del gobierno Correa que no han sido bien vistas por los mercados y por eso se mantienen a la expectativa”.
Para el analista, las declaraciones del mandatario al iniciar su primer mandato acerca de que “la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional y que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige” fueron una bomba que golpeó a los mercados financieros que luego se materializó con la suspensión de pagos de algunos títulos y obligaciones que, según cifras del propio Gobierno, le ha permitido disminuir en 7.000 millones de dólares los pasivos públicos del país.
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