“Ya basta, Venezuela se respeta”, afirmó en tono enérgico el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado miércoles 20 de agosto. En “cadena” televisada, le mostraba al país imágenes de comida, gasolina y medicamentos incautados por la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Eran los resultados de su “plan de choque” militar para frenar el contrabando, que inició luego de la reunión con el gobierno colombiano hace tres semanas en Cartagena.
Lo que no acordaron de manera bilateral fue cerrar el paso fronterizo durante las noches. El gobierno venezolano tomó la decisión unilateralmente y sin consultarlo con Colombia, como lo expresó públicamente la canciller, María Ángela Holguín. La medida afecta tanto a venezolanos como colombianos, especialmente a quienes viven en la zona fronteriza y no ataca las causas que han hecho florecer el contrabando de todo tipo de productos entre ambos países.
Quizás el más peligroso, por los riesgos que representa para la salud de miles de personas, es el contrabando de medicamentos, que además puede ser más difícil de detectar que la gasolina, la chatarra, o la comida. SEMANA* le siguió la pista al fenómeno, habló con decenas de personas entre expertos, autoridades, médicos, pacientes y tuvo acceso a expedientes y reportes policiales sobre algunos de los integrantes de esta cadena criminal. Si bien en la reunión de Cartagena se abordó de manera general el tema del contrabando, una fuente diplomática dijo que no se abordó de manera específica el tema de medicamentos.
Ambos gobiernos están enfrentando actualmente una crisis en el sistema de salud, pero por razones diferentes. El Estado venezolano, por su esquema de control de cambio y de precios no alcanza a suplir la necesidad de médicos, insumos básicos, servicios y fármacos tanto del sector público como privado. En Colombia, ha sido precisamente por la falta de regulación y control del Estado, que el sistema de salud, insuficiente y de calidad variable, no solo llegó al borde de la quiebra, sino que hasta el año pasado, los colombianos pagaban más caro por la mayoría de medicamentos que otros latinoamericanos.
Lo que se desprende de esta investigación, es que las empresas criminales que están detrás de ésto no hacen parte de una conspiración de “guerra económica” -como ha dicho Maduro- para sabotear la Revolución Socialista Bolivariana del Siglo XXI encabezada hoy por él. Tampoco están buscando atravesarse en el proyecto político que impulsa el gobierno Santos. Son empresarios criminales que, al revés, han utilizado a su favor las diferencias de modelos económicos, los vacíos regulatorios e ineficiencias del sistema de salud, la debilidad institucional y corrupción de la fuerza pública y el sistema judicial que hay en los dos países. Mientras estas condiciones se mantengan a ambos lados de la frontera, seguirán multiplicando sus ganancias, que pueden llegar a ser más rentables que el narcotráfico.
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