El habilitado por inhabilitar / Por Douglas Zabala

Los Magistrados Diego García-Sayán, Manuel Ventura Robles, Margarette May Macaulay,  Rhadys Abreu Blondet,  Alberto Pérez  Pérez,  Eduardo Vio Grossi y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri, que actuaron de conformidad con los convenios establecidos en la  Convención Americana sobre Derechos Humanos y al  Reglamento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al dictar la Sentencia que habilitó  a Leopoldo López, jamás se imaginaron que el mismo que había solicitado ante el honorable Tribunal su intervención en defensa de Manuel Zelaya, en los días de cuando la venezolana  Luz Patricia Mejía, ejercía la Presidencia de dicho organismo, ahora venga con el cuento que esta instancia de jurisdicción y carácter constitucional es un cero a la izquierda.

Ha señalado la Corte que “Cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se repare el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como lo obrado a su amparo por el Contralor General de la República del Estado, imponiendo las aludidas sanciones, son contrarios a la Convención y, por ende, han generado responsabilidad internacional de éste Estado”.  Y  este es el punto;  la CIDH ha sentenciado que se restrinjan o reglamenten lo menos posible, los derechos y oportunidades consagrados en su artículo 23.1, entre ellos, el derecho a ser elegido o derecho de sufragio pasivo.

En este tenor andan las cosas en los predios del alto gobierno. No han terminado de leer los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Expediente del cual se hizo parte la República hasta su sentencia;  y como de costumbre la “independencia” de los Poderes Públicos no se ha hecho esperar. La Defensora del Pueblo, la Fiscal, el Procurador General, el Presidente de la Asamblea Nacional  y por supuesto la mismísima Contraloría General, que ejecutó el acto violatorio, subsanado por el Tribunal Supranacional,  han hecho quórum resaltando el chauvinismo más ramplón y patriotero que los venezolanos hayamos conocido, y en consecuencia andan  cacareando que esto es obra del imperio y otras zoquetadas referidas al “desmoronamiento” de la moral pública del continente.

El Procurador que se jacta de aclararle a cada rato a Chávez que él es más abogado de la “revolución” que de la República, en su afán de tirarle línea al TSJ repite como loro pisao por el rabo, que el inhabilitado ya estaba “habilitado” para votar en cualquier elección, crear  y militar en cualquier partido político y por supuesto participar en cualquier campaña electoral;  pero a lo único que no tiene derecho es a ejercer cargos público.   Este abogadillo de la República con sus alaridos de costumbre, actúa  como que si los Magistrados del Tribunal Interamericano fuesen tan piratas como él y como que si los venezolanos somos tan tarados, al no entender que aquí lo que está en discusión es que el derecho a ser elegido sólo puede ser suspendido cuando se es sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme, tal como lo establece el Articulo 227 de nuestra Constitución.

Vamos que siga la jauría, háganle caso incluso a ese “especialista” del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional Público como lo es el profesor Héctor Navarro, quien asumiendo la vocería del PSUV señaló  “La Corte, en el afán de ponerse al servicio de intereses políticos, emite este tipo de sentencia en la que demuestra su desconocimiento de la realidad jurídica del país”.  Háganle caso señores Magistrados y vuelvan a inhabilitar al que acaba de ser habilitado y verán como en el 2012 al que ha sido habilitado durante 12 años para gobernar, será inhabilitado.