Mandatarios regionales, partidos políticos y organizaciones civiles
rechazaron la Ley del Consejo Federal y coincidieron en calificarla de
inconstitucional y de herramienta para la destrucción del poder
regional.
El gobernador de Carabobo, Henrique Salas Feo, señaló que las
intenciones del Gobierno nacional con esta ley es cambiar la geografía
de las regiones e ir creando espacios, para que el Presidente pueda
tener la facultad de designar a una persona a dedo en esa región.
"Si un dedo es el que pone a los vicepresidentes, y a ellos son los
que el Consejo Federal de Gobierno asignaría los recursos, entonces el
pueblo, en lugar de estar ganando más poder, lo está perdiendo".
"El país vive en una especie de circo donde todos los días se aprueban
leyes y se las venden al pueblo para mejorar sus condiciones de vida,
y resulta que, cada día, el pueblo tiene menos seguridad,
electricidad, agua, empleo y más costo de vida".
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma,
calificó como un "retroceso terrible para Venezuela" la aprobación de
la mencionada ley, con la cual el presidente Chávez comenzó a ordenar
la transferencia de poderes que están en manos de los gobiernos
locales y regionales.
Ledezma instó a los alcaldes y los gobernadores a defenderse de este
esquema que ataca y castra los aspectos conquistados con la
descentralización. "Es tiempo de unirnos alcaldes y gobernadores, al
margen de las identificaciones partidistas. Es un problema de
principios, de lucha por aspectos que están en la Constitución y que
están siendo alterados con este procedimiento ilegítimo".
La Ley del Consejo Federal también fue rechazada por Carlos Vecchio,
pre candidato a la AN, quien en el marco del Observatorio
Parlamentario expresó que el instrumento es una "ley cogollo" que da
todo el poder al Presidente.
"Esta ley viene a conformar, junto con la de consejos comunales y la
Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular (aprobada sólo en
primera discusión), la imposición de un modelo similar al cubano".
Subrayó que la norma expresa que su finalidad es transferir las
competencias y atribuciones de las entidades territoriales hacia las
organizaciones de base del poder popular. Lo que "es inconstitucional"
ya que el artículo 185 de la Carta Magna dice que la finalidad es la
transferencia de competencias del Poder Nacional a estados y
municipios.
"La ley no da poder al pueblo sino al jefe de Estado: no puede
reunirse el Consejo Federal si él no lo autoriza (Art.15). El fondo
interterritorial será creado por el Presidente (Art. 22). La creación
de los distritos motores del desarrollo y las transferencias de
competencias a las comunidades y las modificaciones de la organización
política territorial le corresponden al Presidente. Así que poder
popular, en esta ley, no hay".
El partido Alianza Bravo Pueblo también coincide en que la recién
aprobada norma "sentencia a muerte la descentralización y decreta de
hecho la desaparición progresiva de gobernaciones, alcaldías, consejos
legislativos, concejos municipales y juntas parroquiales". El
Universal.com
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