“Fue una de las más promisorias reformas que se hicieron en el último tercio del siglo XX para perfeccionar la democracia”, así calificó el historiador Tomás Straka, el proceso de descentralización del poder en Venezuela.
La descentralización se ha venido transformando en un concepto “contrarrevolucionario”, para usar la terminología del socialismo del siglo XXI. Sin embargo hace 20 años, descentralizar el poder mediante la celebración de las primeras elecciones regionales de gobernadores y alcaldes fue asumido por la clase política como una forma de democratizar y hacer más efectiva la administración pública.
El 3 de diciembre de 1989 los venezolanos pudieron elegir por voto popular a sus gobernadores locales y regionales, en unos comicios inéditos en el transcurso de la historia republicana del país.
Pese a la novedad del proceso electoral la abstención fue elevada, 54,9% de los habilitados para ejercer su derecho al voto optaron por quedarse en casa.
El ausentismo electoral reflejaba la desconfianza popular hacia el sistema político, que en esos momentos atravesaba unos de sus períodos más conflictivos; ese mismo año el 27 de febrero de 1989 estalla el Caracazo; tres años después se producen dos intentonas golpistas, la del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, lideradas por el entonces teniente coronel del ejército, Hugo Chávez, quien comandó un grupo de militares disidentes en contra del gobierno de Carlos Andrés Pérez.
En el proceso de democratización paulatina del país, que se inicia con la muerte de Juan Vicente Gómez y su régimen dictatorial, la reforma para elegir por voto popular a las autoridades regionales y locales había sido pospuesta hasta bien entrado el siglo XX.
“Viejo anhelo”
El historiador Tomás Straka, quien coordina la maestría de Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que el tema de la elección democrática de los gobernadores y alcaldes ha generado temores en la dirigencia política del país, justificados por la tendencia histórica de surgimiento de caudillos regionales.
“Fue una de las más promisorias reformas, que se hicieron en el último tercio del siglo XX para perfeccionar la democracia. El viejo anhelo de que la participación de las provincias fuese equitativa con la de la capital y se redujeran las desigualdades entre las provincias más grandes en relación a las más pequeñas, se avanzó de forma significativa gracias a la descentralización. No solamente acercó el Estado a los ciudadanos, sino también de ampliarle a los ciudadanos su derecho en la toma de decisiones que afectan a sus propias vivas”.
Desde que entró en vigencia la derogada constitución de 1961 se preveía que los gobernadores y alcaldes fuesen electos por votación popular, directa y secreta. Sin embargo la sucesión de gobiernos adecos y copeyanos alargaron el cumplimiento de este mandato constitucional hasta finales de los años 80 del siglo XX, cuando CAP en su primer año de gobierno accede, obligado por la coyuntura política, a convocar las primeras elecciones regionales.
Straka apuntó que la controversia entre descentralización vs centralismo se remonta mucho antes de la llamada “Cuarta República”. “Este es un anhelo que viene desde el siglo XIX, en 1863 cuando los federales toman el poder esa es una de sus banderas. Una de las grandes reivindicaciones de la Revolución Federal era la posibilidad de que la población de las regiones eligieran a sus gobernantes”.
Pero los ideales del federalismo, cuya esencia es la autonomía política y financiera de las regiones, a los pocos años de haber culminado la Guerra Federal derivaron en “un país dominado por caudillos, donde cada caudillo va a funcionar como una especie de pequeño feudo”.
El desvío de la autonomía de las regiones y la pérdida de poder de Caracas, le dio un nuevo aire a la centralización del poder. “El proyecto de crear un estado estable, de un orden que permitiera el avance económico conllevó al arrebatamiento de la devolución de la autonomía hacia el centro, que lo arranca Antonio Guzmán Blanco y lo remata Juan Vicente Gómez”.
El académico reseñó otros intentos de descentralizar el poder en 1936, cuando la muerte del Benemérito permitió una incipiente democratización, y en 1961 cuando se sentaron las bases de la democracia venezolana, pero estas iniciativas fracasaron por el temor de la clase gobernante el “fantasma de caudillos regionales”.
En 1989 explica Straka “eso es posible porque ya hay una nueva realidad, ya Venezuela está integrada aunque para esos momentos en crisis, pero con una musculatura importante, los venezolanos tienen una identidad más o menos compartida. Se entiende que puede hacerse esto, ya que la democracia tiene más de 25 años, es decir hay un conjunto de virtudes cívicas, hay una clase media, las fuerzas armadas están institucionalizadas”.
Reacción al estallido social
La politóloga Aiskel Andrade, docente en la UCAB-Guayana, coincide con Straka en catalogar las elecciones regionales como un hito positivo hacia el proceso de democratizar el Estado. Sin embargo, argumenta que este cambio en la voluntad de la clase gobernante del momento, respondió a una táctica para bajarle presión a la conflictividad social que generó el “Gran Viraje”, paquete económico de orientación neo liberal aplicado por el gobierno de CAP.
“La clase política había sido muy reacia para descentralizar el poder, sin embargo la crisis política de la década de los años 80, una válvula de escape institucional de resolver esa crisis política fue la descentralización del poder. Al distribuir el poder podías establecer mecanismos de contención, de solución de las demandas de las expectativas sociales de una mejor manera”, aseveró Andrade.
Establecer la elección popular de las autoridades regionales fue una de las recomendaciones que propuso la Comisión para la Reforma del Estado (Copre), creada en 1984 durante el mandato presidencial de Jaime Lusinchi, con el propósito de hacer efectivo el ordenamiento jurídico de la anterior constitución nacional de 1961.
Tanto Andrade como Straka coinciden en evaluar positivamente el proyecto de modernización y descentralización del Estado venezolano impulsado desde la Copre, no obstante señalan que el proceso se quedó a medio camino.
“Era un proceso que requería una clara demarcación de las transferencias en las áreas de salud y educación, eso no terminó de concretarse. Un tema pendiente en ese momento y ahora más es la forma cómo se distribuye el situado constitucional, porque en definitiva es un modelo de distribución de la renta. Se le otorgó autonomía política a las regiones, pero no se avanzó en dotarlas de autonomía financiera”, sostiene Andrade.
Mientras que Straka resaltó los efectos positivos que produjo, aunque el proceso no se completó del todo. “No se desarrolló completamente, hubo un conjunto de transferencias y competencias que tuvo una serie de resultados llamativos, como la administración de los puertos, carreteras, aeropuertos. Esto en muchas regiones generó mejoras inmediatas. También trajo como resultado colateral, el surgimiento de liderazgos regionales, muchos de los cuales todavía siguen siendo referentes de la política venezolana”.
Descentralización en retroceso
Para el profesor de historia José Gregorio D’Aubeterre la descentralización significó “ese proceso eleccionario veinte años después le abrió los ojos al pueblo, porque mientras el pueblo sepa por quién va a votar ya es un avance, es algo irreversible. Es un derecho político adquirido, que no puede echarse para atrás”.
Pero el docente diferencia entre la autonomía formal de los gobiernos regionales y la capacidad financiera que disponen las entidades descentralizadas. “El hecho de que sean los gobernadores elegidos por el pueblo, no significa que cuentan con los recursos económicos y ese es el problema actual entre el Presidente y los gobernadores de la oposición”.
D’Aubeterre añadió “los mecanismos nuevos que se están creando como las comunas, los consejos comunales deben trabajar con las personas que fueron democráticamente electas por el pueblo, indistintamente del partido que sean”.
Además del chantaje en la distribución del situado constitucional, los académicos Straka y Andrade señalan la falta de voluntad política del gobierno del presidente Chávez para profundizar la descentralización. En cambio el poder central ha recuperado competencias y atribuciones que venían ejerciendo los gobiernos locales y regionales.
“Es evidente que el proyecto de Hugo Chávez es contrario al modelo de descentralización existente. Se tomaron medidas para revertir la descentralización y volver las cosas tal como estaban antes del año 89. Además la descentralización tiene otra característica que es la pluralidad de liderazgos y pareceres políticos, que en un proyecto que se presenta como revolucionario no siente que está en la obligación de aceptar o admitir”, manifestó el historiador.
Hiperliderazgo y centralismo
Además del despojo de competencias para la administración de obras de infraestructura en las regiones, también desde la Asamblea Nacional se redactan leyes que a juicio de algunos analistas le restan poder a gobernaciones y alcaldías. Instrumentos legales actualmente en discusión como la Ley del Consejo Federal de Gobierno o la reforma a la Ley de Consejos Comunales, le dan mayor prioridad a nuevas instancias como los consejos comunales, comunas u “organizaciones de base popular”.
“El presidente Chávez ha dicho que en este proceso hay un solo líder que es él, por lo cual no puede haber ningún mecanismo que permita la creación de liderazgos democráticos y alternativos. La concepción del ejercicio del poder está dirigido por un hiperliderazgo, en este contexto es imposible pensar en un proceso de descentralización”, puntualizó la experta en teoría política Aiskel Andrade.
Cambio hacia la eficiencia administrativa
La politóloga Aiskel Andrade describió la situación del estado Bolívar antes de las elecciones regionales de 1989. “En principio el gobernador que manejaba el presupuesto asignado a los estados, era un funcionario dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. Esa crisis política que vivía el país, por la corrupción desbordada de los partidos políticos tradicionales, se hizo sentir el cambio de las nuevas gestiones que vinieron con honestidad a transformar la gestión pública”.
“El caso de Andrés Velásquez, se trazó como meta rendir y producir una gestión pública eficiente y de calidad, eso es la gran diferencia”, añadió. César Noriega Ramos / Correo del Caroni
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