La designación de Arianny Seijo Noguera como procuradora general de la República enfrentó su primer cuestionamiento ético y legal. Una investigación presentada por el activista digital Giuseppe Gangi expuso la conexión directa entre la funcionaria y Crixto Limited, una compañía registrada en Londres que operó bajo el amparo de autorizaciones oficiales en Venezuela.
La evidencia sugirió un conflicto de intereses entre su responsabilidad de defender el patrimonio del Estado y sus negocios particulares en el mercado de criptoactivos.
Gangi localizó documentos públicos del Reino Unido que acreditaron a Seijo como directora y accionista mayoritaria de Crixto Limited desde el 16 de agosto de 2019.
Según el registro oficial, la abogada posee 75% o más de las acciones de la entidad.
La investigación contrastó estos datos con la plataforma Crixto, habilitada en 2024 por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) para el intercambio de activos en territorio venezolano.
El análisis técnico del dominio cryxto.com confirmó que su creación coincidió con el registro de la empresa en Inglaterra.
Además, los términos de uso del sitio web refirieron explícitamente a la sociedad británica con el número de registro 12160666 y domicilio en Covent Garden, Londres, datos que correspondieron a la firma de Seijo.
Ante la posibilidad de una eliminación de registros, el activista resguardó las pruebas en archivos digitales independientes para garantizar su verificación.
Arianny Seijo, bajo la lupa
Antes de asumir la Procuraduría en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, Seijo desempeñó cargos estratégicos como consultora jurídica de Pdvsa.
Su perfil académico incluyó un doctorado en leyes obtenido en el Reino Unido, país donde estableció sus vínculos empresariales.
No obstante, esta no representó la primera controversia sobre su influencia en el aparato estatal.
Semanas atrás, Gangi detectó que los metadatos del archivo del proyecto de Ley de Amnistía identificaron a Seijo como la autora del documento el 6 de febrero, un día después de su aprobación en primera discusión.
El hecho generó suspicacias debido a que, en ese momento, la abogada no ocupaba cargos en el Poder Legislativo.
La nueva revelación sobre su participación en el mercado de criptomonedas aumentó la presión sobre la transparencia de su gestión al frente de la defensa jurídica de la nación.
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