Senadores demócratas presentaron este miércoles un proyecto de ley que ordena a la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) auditar en plazo de 30 días los acuerdos petroleros entre Washington y el gobierno de Venezuela.
Bautizada como Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano, la iniciativa fue impulsada por el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, y el senador Adam Schiff, de acuerdo con un comunicado oficial.
De ser aprobada -en un Congreso de mayoría republicana-, la norma encomendaría a la GAO una revisión del inédito esquema de recaudación por la venta de crudo venezolano, cuyos fondos transitan actualmente por cuentas bancarias en Qatar.
El instrumento llega en un contexto de cambios en la relación bilateral. En diciembre, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los buques cisterna «fantasma» con los que Venezuela exportaba petróleo, sector que ya acumulaba sanciones desde 2019. Semanas después, una operación militar estadounidense sacó del país a Nicolás Maduro y a su esposa, a la espera de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico.
El nuevo eje Trump-Rodríguez
Con la llegada al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez -exvicepresidenta y figura clave del madurismo- se aceleró un diálogo con Washington que derivó en el levantamiento progresivo de sanciones y en la creación de un mecanismo de venta de crudo bajo supervisión estadounidense.
El presidente Donald Trump ha expresado satisfacción con el nivel de cooperación del nuevo gobierno venezolano, mientras avanza en la flexibilización de las restricciones.
«El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero recibido por estos pagos y adónde -y a quiénes- se está destinando», argumentó Schumer. «No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario de Estados Unidos y llene los bolsillos de sus amigos de las grandes petroleras, en lugar de reducir los costos para los estadounidenses que trabajan duro».
Hasta finales de enero, los ingresos fiscalizados por este esquema ascendían al menos a 500 millones de dólares. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el mecanismo de «novedoso» durante una audiencia en el Senado y se mostró abierto a una auditoría.
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