En 1976, el gobierno de Venezuela, rica en petróleo, asumió el control de la industria petrolera del país, nacionalizando cientos de empresas privadas y activos extranjeros, incluyendo proyectos operados por el gigante estadounidense ExxonMobil.
En 2007, Hugo Chávez, fundador del estado socialista venezolano, asumió el control de las últimas operaciones petroleras privadas en la Faja del Orinoco, donde se encuentran los mayores yacimientos petrolíferos del país.
El presidente Donald Trump declaró esta semana que la expropiación de los activos de las compañías petroleras estadounidenses justificaba un «bloqueo total y completo» de los petroleros que llegaban y salían de Venezuela, desafiando las sanciones estadounidenses. El bloqueo se mantendrá, escribió en Truth Social, hasta que la nación sudamericana devuelva «a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente».
«No van a volver a hacer eso», declaró Trump a la prensa. «Teníamos mucho petróleo allí. Como saben, expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta».
Pero las empresas estadounidenses nunca fueron dueñas de petróleo ni tierras en Venezuela, donde se encuentran las mayores reservas comprobadas de crudo del mundo, y las autoridades no las expulsaron del país.
“La afirmación de Trump de que Venezuela le ha robado petróleo y tierras a Estados Unidos carece de fundamento”, declaró Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver.
La nacionalización fue la culminación de décadas de esfuerzos por parte de gobiernos tanto de derecha como de izquierda para controlar una industria que un líder anterior había cedido en gran medida.
El dictador militar de derecha Juan Vicente Gómez, quien gobernó Venezuela desde 1908 hasta su muerte en 1935, otorgó concesiones que dejaron a tres compañías petroleras extranjeras con el control del 98% del mercado venezolano. El país se convirtió en el segundo mayor productor y mayor exportador de petróleo del mundo; el petróleo representó más del 90% de las exportaciones totales del país.
Los sucesores de Gómez intentaron tomar un mayor control de la economía del país. Bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, las autoridades aprobaron una ley en 1943 que obligaba a las compañías petroleras extranjeras a ceder la mitad de sus ganancias al gobierno. Un pacto firmado en 1958 por Acción Democrática, la Unión Republicana Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente garantizó el acceso de los principales partidos políticos del país a las ganancias petroleras.
Para cuando los legisladores venezolanos comenzaron a debatir la legislación de nacionalización en 1975, afirmó Rodríguez, «ya estaba claro».
«Nadie se iba a resistir a que Venezuela llevara a cabo esta nacionalización hasta el final, y Estados Unidos estaba mucho más interesado en que Venezuela fuera un proveedor de petróleo —un petróleo relativamente barato— que en un colapso de la producción en Venezuela», afirmó Rodríguez. En consecuencia, el cambio fue «relativamente indiscutible».
El presidente Carlos Andrés Pérez, socialista democrático, promulgó la ley en agosto de ese año. En enero de 1976, la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. asumió la exploración, producción, refinación y exportación de petróleo.
El país siguió los pasos de México, Brasil y Arabia Saudita en una ola de nacionalismo de recursos cuyo objetivo era arrebatar el control de los recursos energéticos, principalmente a Estados Unidos, para lograr la soberanía económica.
Las compañías petroleras estadounidenses, incluidas Exxon y Mobil, que se fusionaron en 1999, y Gulf Oil, que se convirtió en Chevron en 1984, fueron las más afectadas. El gigante holandés Shell también se vio afectado. Las compañías, que representaban más del 70% de la producción de crudo en Venezuela, perdieron aproximadamente 5.000 millones de dólares en activos, pero recibieron solo 1.000 millones de dólares cada una, según informes de prensa de ese período.
Pero no buscaron sumas mayores, afirmó Rodríguez, y «consideraron que no tenía sentido presionar más». Además, carecían de «un mecanismo que les hubiera permitido a las empresas en 1976 llevar estos casos a los tribunales».
(Un tratado bilateral de inversión de 1991 entre Venezuela y los Países Bajos creó una vía legal para que los inversionistas demandaran a un gobierno extranjero por trato injusto. Los casos se tramitan ante tribunales arbitrales privados en lugar de tribunales).
En enero de 2007, Chávez exigió la nacionalización de la industria del gas natural, como parte de su plan para redistribuir la riqueza petrolera y transformar la nación empobrecida en un estado socialista.
Cuando PDVSA asumió el control de las operaciones petroleras en la Faja del Orinoco venezolana, ExxonMobil y ConocoPhillips no lograron llegar a un acuerdo sobre los nuevos términos contractuales y solicitaron una compensación de hasta 40.000 millones de dólares mediante arbitraje.
Varias compañías petroleras, entre ellas Chevron y la española Repsol, permanecieron en Venezuela bajo los nuevos términos contractuales. Chevron es la única empresa estadounidense que aún opera allí.
En 2012, la Cámara de Comercio Internacional otorgó a ExxonMobil una indemnización de 908 millones de dólares, una cifra inferior a los 1.000 millones de dólares que Venezuela había ofrecido. El tribunal otorgó a ConocoPhillips 2.000 millones de dólares en 2018. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial otorgó a ExxonMobil 1.600 millones de dólares en 2014 y a ConocoPhillips 8.700 millones de dólares en 2019.
Venezuela aún no ha pagado la totalidad de las cantidades. La economía se encuentra en dificultades debido a la hiperinflación, la corrupción gubernamental y las sanciones estadounidenses. Bajo el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, las exportaciones de petróleo, que antes eran de 3 a 4 millones de barriles diarios, ahora se estiman en no más de 900.000 barriles diarios. La mayor parte se destina a China.
El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de utilizar el dinero del petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos. Maduro ha dicho que la acusación constituye «belicismo». “El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”, escribió Stephen Miller, subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional de Trump, en una publicación en X. “Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense”.
Rodríguez afirmó que la postura del gobierno “simplemente carece de lógica”.
“Es como una discusión extraña”, dijo. “Me debes dinero. Ambos fuimos a juicio. El tribunal dijo: ‘Págame esto’. Empiezas a pagarme, luego yo —por la fuerza, mediante la imposición de sanciones— te impido seguir pagándome, y luego te acuso de robarme algo”.
El 10 de diciembre, las fuerzas estadounidenses incautaron el Skipper, un petrolero a plena carga, que operaba bajo una falsa bandera guyanesa y ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses, tras zarpar de Venezuela rumbo a Asia. Las fuerzas estadounidenses interceptaron otro buque el sábado.
Neil Atkinson, exdirector de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, afirmó que el bloqueo, de mantenerse, paralizaría las finanzas del gobierno venezolano debido a su gran dependencia de los ingresos generados por las exportaciones petroleras.
A corto plazo, las implicaciones para Venezuela son «muy, muy graves», afirmó. «Con el tiempo, el impacto es desastroso».
Según sus estimaciones, el país depende de tan solo un puñado de petroleros al día para exportar su petróleo a compradores extranjeros. Un bloqueo de 30 de estos petroleros, afirmó, podría tener un impacto devastador.
El bloqueo de Trump se aplica únicamente a la «flota oscura» de petroleros a los que ha impuesto sanciones, la mayoría de ellos por transportar petróleo iraní sancionado bajo matrículas falsas. No está claro cuántos de ellos, como el Skipper, también son utilizados por Venezuela y podrían ser detenidos.
Sin embargo, es poco probable que el bloqueo tenga un impacto significativo en el mercado petrolero mundial, afirmó Atkinson, ya que la oferta actualmente supera la demanda. “Si se va a perturbar la industria petrolera venezolana”, dijo, “este es el momento de hacerlo sin tener un impacto negativo en los precios mundiales del petróleo”.
Incluso para China, el mayor consumidor mundial de petróleo venezolano, el impacto sería insignificante. El petróleo venezolano representa una pequeña fracción de sus importaciones totales.
“Los chinos son, sin duda, realistas”, dijo Atkinson. “Esos barriles se pueden reemplazar”.
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