Los migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos y otros países están regresando a un país sumido en una crisis más profunda que cuando partieron. La mayoría llega con deudas, sin vivienda, sin empleo estable y con salario mínimo que apenas equivale a un dólar al mes, en medio de un contexto de inflación de tres dígitos y crecientes casos de extorsión por funcionarios y delincuentes.
Yosbelin Pérez, de 30 años de edad, es uno de esos rostros y narró su historia a la agencia de noticias The Associated Presss.
Durante años fabricó budares de aluminio, pero tras vender su casa, pertenencias y taller para financiar un viaje a Estados Unidos, volvió a Venezuela sin nada. Su familia pasó siete meses en México, pero en enero, con la llegada de Donald Trump a la presidencia y el endurecimiento de la política migratoria, abandonaron el plan y regresaron en marzo.
Ahora vive en casa de sus suegros, endeudada con un préstamo de 1.000 dólares a interés mensual de 40%. Trabaja con herramientas prestadas por un familiar para volver a producir utensilios de cocina, pero gran parte de sus ingresos se va en pagar la deuda.
La situación económica que encontró a su regreso es devastadora: el salario mínimo está congelado desde 2022 en 130 bolívares (1 dólar), mientras los precios de alimentos y medicinas aumentaron. En abril, Nicolás Maduro declaró “emergencia económica” ante el colapso prolongado.
Extorsión a migrantes retornados
A las dificultades económicas se suma un problema que según denuncias afecta a numerosos migrantes retornados: la extorsión. Pérez aseguró a AP que en 2024 huyó de Maracaibo después de que un oficial policial intentó cobrarle 1.000 dólares para permitirle seguir trabajando sin permisos.
Tras su regreso afirma que los mismos agentes la localizaron y le han exigido pagos para “evitar problemas”.
“Trabajo para sobrevivir día a día. La semana pasada vinieron unos guardias y me dijeron: ‘Tienes que apoyarme’. Si das poco, se molestan”, dijo.
Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado desde 2013, principalmente a países de América Latina y el Caribe. Tras la pandemia, miles intentaron llegar a Estados Unidos, impulsados por la oportunidad de obtener permisos de trabajo y protección temporal.
Sin embargo, Washington ha eliminado varias de esas protecciones y aumentó las deportaciones.
David Rodríguez, otro deportado, atravesó el peligroso Tapón del Darién y Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Estuvo detenido 15 días y lo deportaron a México. Regresó a Caracas en marzo, endeudado y sin empleo fijo.
Trabaja como mototaxista para pagar una motocicleta que le cuesta 50 dólares semanales. En una buena semana gana 150 dólares, en otras, apenas cubre la cuota.
Como ellos, muchos retornados han tenido que inscribirse en cursos de oficios, repartir comida o recurrir a préstamos usureros. Para la mayoría, el sueño de prosperar en el extranjero terminó en un regreso forzado a una Venezuela marcada por la pobreza extrema, la inseguridad y la falta de oportunidades.
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