El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, expresó su preocupación por el «grave empeoramiento» de la situación de los derechos humanos en Venezuela. En un informe, que no fue bien recibido por el chavismo, el representante de la ONU destacó que en Venezuela hay un patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que afecta a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y opositores políticos.
Entre las víctimas de detenciones arbitrarias a las que hizo alusión el Alto Comisionado en su informe están al menos nueve activistas por los derechos fundamentales, que permanecen encarcelados bajo supuestas acusaciones de terrorismo.
A la mayoría no se les permite la defensa privada, a excepción de Javier Tarazona, director de FundaRedes, quien está en prisión desde el 2 de julio de 2021. En ese momento, los patrones de asignación de defensa pública por parte del Poder Judicial aún no se habían sistematizado ni visibilizado, como hoy en día.
Tras la exposición de Türk, quien señaló que la situación se caracteriza por la impunidad, la falta de garantías al debido proceso y la limitación del espacio cívico y democrático en el país —informe que le valió ser declarado persona non grata por la Asamblea Nacional—, es crucial destacar que, hasta este viernes 4 de julio, al menos nueve defensores de derechos humanos están encarcelados por motivos políticos.
Los defensores detenidos:
⚫Javier Tarazona
Director de la organización no gubernamental FundaRedes, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente en las zonas fronterizas del país.
A Tarazona lo detuvieron el 2 de julio de 2021, en el estado Falcón, cuando acudió al Ministerio Público para denunciar acoso por parte de funcionarios de seguridad e inteligencia del Estado. Lo acusaron de «terrorismo» e «incitación al odio». Desde su detención, permanece recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
Diversas organizaciones y organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insisten en pedir su liberación. Su salud se ha visto afectada durante su reclusión, y se reportó que padece múltiples patologías que requieren atención médica especializada.
⚫Rocío San Miguel
Es una abogada y activista venezolana, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Su trabajo se enfoca en el monitoreo y análisis de temas relacionados con la seguridad, la defensa y las fuerzas armadas en Venezuela.
La detuvieronn el 9 de febrero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y, posteriormente, la acusaron por los presuntos delitos de traición a la patria y terrorismo. Tras su detención, se encuentra recluida en El Helicoide.
Diferentes organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, como Amnistía Internacional, la Cidh y el Alto Comisionado, han solicitado su liberación. San Miguel requiere atención médica, incluyendo una cirugía por una fractura de hombro que no ha sido atendida.
⚫Carlos Julio Rojas
El periodista y activista social es conocido por su trabajo y denuncias relacionadas con la situación política y social del país. Rojas es crítico con las políticas de las autoridades gubernamentales, lo que lo ha llevado a ser detenido en tres ocasiones.
El activista por los derechos humanos y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, que defiende distintos derechos de los vecinos, fue detenido el 15 de abril de 2024. Su detención la practicaron hombres vestidos de negro, mientras caminaba con su pareja en la parroquia La Candelaria, en Caracas.
Desde su arresto permanece detenido en El Helicoide. Organizaciones como AI, la Cidh, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) demandan su liberación, mientras que denuncian violaciones al debido proceso. Familiares denunciaron que durante su prisión se han agravado sus problemas de tensión y que tampoco tiene contacto regular con la familia ni acceso a abogados de confianza en algunos periodos.
⚫Kennedy Tejeda
Es abogado, defensor de derechos humanos y miembro del equipo legal de la organización no gubernamental Foro Penal. Tejeda proporciona asistencia legal gratuita a ciudadanos que han sido detenidos por motivos políticos.
Tejeda fue arrestado en el estado Carabobo el 2 de agosto de 2024, cuando acudió a un centro de detención para conocer la situación de personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas poselectorales.
El abogado estuvo en condición de desaparición forzada durante 20 horas antes de que se confirmara su detención y su traslado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Valencia, la capital de ese estado, sin que se le permitiera acceso a defensa privada.
Organizaciones como el Foro Penal, Robert F. Kennedy Human Rights, Amnistía Internacional y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh) exigieron su liberación inmediata e incondicional. Tejeda ha tenido contacto regular con sus familiares y poco acceso a sus abogados, y se reportó que su salud requiere atención.
⚫Eduardo Torres
El abogado, defensor de derechos humanos y miembro del equipo legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), fue detenido el 9 de mayo de 2025.
Torres se desempeña en el acompañamiento legal de víctimas de violaciones de derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales. Además, es estudiante de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y miembro de un sindicato universitario.
Su detención se produjo cuando salía de una actividad en Parque Central, en Caracas, y se dirigía a su residencia. Sus familiares y la organización Provea perdieron comunicación con él en ese momento. Posteriormente, la Fiscalía General confirmó su detención y lo acusaron de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
Desde su aprehensión, fue recluido en El Helicoide y se reportó que permanece incomunicado, sin acceso a visitas de su familia o abogados.
Organizaciones como Provea, Amnistía Internacional, la Cidh y la Oficina del Alto Comisionado solicitaron su liberación.
⚫Jesús Armas
Dirigente social y activista político conocido por su rol como coordinador de la organización vecinal «El Gremio» y su participación en actividades comunitarias y políticas en Caracas.
Armas fue detenido el 14 de mayo de 2024, en Caracas, por funcionarios de seguridad del Estado, sin que se informaran los motivos de su aprehensión de manera inmediata. Permaneció en condición de desaparición forzada durante varias horas antes de que se confirmara su detención.
Desde entonces, está preso en El Helicoide. Distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo el Foro Penal y la Oficina del Alto Comisionado solicitaron su liberación y denunciaron la arbitrariedad de su detención y la falta de garantías procesales.
⚫Ángel Godoy
El activista social fue detenido el 21 de enero de 2024 en el estado Vargas, mientras participaba en una actividad política. Desde su aprehensión, ha permanecido detenido en El Helicoide.
Organizaciones y organismos para los derechos humanos solicitaron su liberación inmediata. Ha tenido problemas de salud y no tiene contacto frecuente con sus familiares.
⚫Franyer Hernández
Abogado y defensor de derechos humanos venezolano detenido el 10 de abril de 2025 en el estado Portuguesa por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Organizaciones no gubernamentales denunciaron que su detención fue «injusta» y que hubo una «irrupción sin orden judicial» en su residencia, así como «amedrentamiento de su familia y la confiscación de bienes».
Actualmente, se le contabiliza entre los defensores de derechos humanos detenidos, y organizaciones como Fundehullan y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han exigido su liberación inmediata.
⚫Raúl Amiel Hevia
Defensor de derechos humanos fue detenido el 22 de mayo de 2025, cuando funcionarios de inteligencia allanaron su domicilio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Cidh y el Colegio Nacional de Periodistas exigieron información sobre su paradero y denunciaron su detención.
Amiel Hevia padece problemas de tensión arterial y de movilidad en la rodilla izquierda.
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