En medio de una severa emergencia económica, social e institucional, Venezuela no podrá recuperarse sin un amplio programa de financiamiento internacional que atienda las urgencias sociales y siente las bases de un crecimiento sostenible. Así lo aseguró el economista Gustavo García durante el conversatorio Financiamiento internacional en el futuro de Venezuela, moderado por Emilio Figueredo, director de AnalíticaTV. “La recuperación no es posible sin apoyo financiero internacional importante”, afirmó García de forma tajante.
El experto alertó que el país acumula más de siete años en default, con una deuda estimada en 180.000 millones de dólares que incluye compromisos con acreedores privados, organismos multilaterales, el Club de París y demandas internacionales. A esto se suma el colapso de la infraestructura eléctrica, sanitaria, educativa y petrolera, mientras la pobreza y la emergencia humanitaria se profundizan. En ese contexto, García sostuvo que el financiamiento externo debe cubrir tres frentes urgentes: atender la emergencia humanitaria —especialmente la nutrición materno-infantil—, reincorporar maestros y recuperar escuelas y hospitales, y estabilizar el sistema eléctrico, “porque el país no aguanta una mínima reactivación sin que colapse el sistema eléctrico”.
Una de las prioridades macroeconómicas es frenar la inflación que ha regresado a niveles de tres dígitos. Para ello, es imprescindible cortar el financiamiento monetario del déficit fiscal y restablecer la autonomía del Banco Central, violentada desde que se modificó su ley para permitir que Pdvsa recibiera financiamiento directo. “Eso no fue una ventana, fue una hemorragia”, denunció García, al explicar que toda la política fiscal del régimen ha estado sostenida por emisión monetaria sin respaldo.
García dejó claro que sin un cambio de gobierno no habrá financiamiento internacional posible, ya que el régimen de Nicolás Maduro no es reconocido por los principales organismos multilaterales. “Lo que ofrece Maduro es más inflación y más pobreza. Solo un nuevo gobierno puede abrir el camino a los multilaterales”, afirmó. En contraste, un gobierno encabezado por Edmundo González, legítimamente electo, podría activar de inmediato programas de emergencia con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Incluso, explicó, Venezuela tiene congelados 5.200 millones de dólares en el FMI que se liberarían con un cambio de gobierno reconocido.
El economista también presentó el programa *Venezuela Adelante*, diseñado para atraer inversión privada nacional e internacional en sectores como petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones y minería. El plan contempla una inversión de 1,3 billones de dólares en 15 años y prevé tasas de crecimiento económico cercanas al 9% anual. “No se trata de ajuste, sino de una estabilización expansiva que genere empleo y crecimiento”, explicó, destacando que el Estado debe concentrarse en reconstruir el aparato de servicios sociales —salud, educación y pensiones—, mientras el sector privado lidera la inversión productiva.
La transparencia en el manejo de los recursos será fundamental. Por eso, García propuso una reforma institucional que incluya una regla fiscal estricta, un presupuesto por resultados y la creación de un Consejo Fiscal Independiente, similar al Congressional Budget Office de Estados Unidos. “Venezuela necesita una regla fiscal rígida que limite el endeudamiento solo a inversión pública”, dijo, subrayando también la importancia de publicar los documentos presupuestarios y permitir el escrutinio ciudadano.
Finalmente, García señaló que, aunque no les corresponde garantizar el buen uso del dinero, la sociedad civil y la diáspora venezolana sí pueden ayudar a asegurar la transparencia mediante contraloría social, centros de investigación y participación organizada. “Más que garantizar, pueden ayudar a asegurar la transparencia con participación activa e involucramiento público”, afirmó.
El conversatorio concluyó con un mensaje claro: Venezuela tiene una alternativa viable para salir de la crisis, pero requiere una transición política, un acuerdo nacional, disciplina fiscal, autonomía institucional y cooperación internacional. “Sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay futuro”, resumió Emilio Figueredo.
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