La imagen del presidente Gustavo Petro compartiendo tarima en La Alpujarra con los jefes de las estructuras criminales más peligrosas de Medellín y del Valle de Aburrá generó repudio nacional.
SEMANA revela lo que hay detrás de esa escandalosa puesta en escena que tiene como telón de fondo una negociación con promesas de beneficios judiciales y un posible pacto político de cara a las elecciones de 2026, lo cual enciende las alarmas. El país podría estar frente a una especie de Pacto de La Picota, el mismo que se denunció antes de las elecciones de 2022, esta vez con delincuentes de alta peligrosidad que viven a sus anchas en la cárcel de Itagüí.
De acuerdo con una de las personas que delegó Petro para hablar con esos criminales, cuya identidad pidió omitir, este proceso consiste en una “conversación dentro de cuatro paredes desde hace dos años” y pocos colombianos saben realmente qué es lo que se está pactando.
Lo ilustrado hasta ahora ante la opinión pública es que las estructuras tienen la disposición de reducir su participación en delitos, y lo estarían demostrando con los homicidios y las extorsiones en varios sectores de la capital antioqueña y sus alrededores, pero debajo de la mesa hay negociaciones secretas para el país y cuyos alcances podrían abrirle campo a la impunidad.
SEMANA estableció con participantes de este proceso, tanto del Gobierno como de las bandas criminales, que el Ejecutivo –representado por la senadora Isabel Cristina Zuleta– está dispuesto a tramitar beneficios judiciales a los delincuentes, incluyendo libertades exprés para que puedan estar en la calle de día y pasen la noche en prisión.
Los cabecillas han propuesto impunidad completa para ellos y sus subalternos, y no desprenderse de gran parte de sus fortunas para poder sobrevivir junto a sus familias. Al parecer, no ha habido una negativa de los representantes de Petro, pero sí una advertencia: “No existe marco jurídico”.
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