Desde principios del año 2024 las amenazas de la administración de Nicolás Maduro contra el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país ha ido escalando. Detenciones, acusaciones y amenazas, han encarado quienes están al frente de estas organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela.
En las últimas semanas, en el país se desató una ola de detenciones en la que al menos 70 personas fueron arrestadas por supuestos delitos vinculados al terrorismo. La operación fue informada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien hizo alusión al operativo tras el arresto del político opositor Juan Pablo Guanipa, a quien señaló de estar relacionado con planes terroristas que buscaban impedir la realización de los comicios del 25 de mayo.
De las 70 personas detenidas, hasta ahora, sólo se lograron identificar al menos 34, entre ellos varios ciudadanos extranjeros.
Cinco días después del anuncio de captura de Guanipa, Cabello dio unas declaraciones en las que señaló a organizaciones como Provea, con casi 40 años de funcionamiento en Venezuela, de ser una organización que formaba parte de una estructura terrorista, algo que la ONG negó de manera contundente.
Asimismo, el ministro Cabello señaló a las ONG Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible de estar presuntamente conectadas a una red con fines terroristas. Las afirmaciones, según dijo, están basadas gracias a uno de los tres teléfonos móviles que les fueron decomisados a Guanipa, a quien identifica como “jefe” de la red.
“Condenamos las acusaciones del ministro (del Interior), Diosdado Cabello, quien criminaliza a PROVEA y otras ONG de DDHH al vincularlas con una supuesta estructura ‘terrorista’”, dijo Provea ante las declaraciones del ministro.
Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos también alzaron su voz.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) declararon estar “profundamente preocupados por los recientes ataques» contra las organizaciones de la sociedad civil venezolana y sus miembros.
Las tres organizaciones catalogaron lo señalado por las autoridades venezolanas como una forma de criminalizar a estas ONG.
Ley contra las ONG
Esta escalada contra las ONG no es nueva. Desde inicios del año 2023, el para entonces diputado del parlamento venezolano de mayoría oficialista, Diosdado Cabello, promovió un proyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Nacional, el 24 de enero de ese año: la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro» a la que se le llama coloquialmente «Ley de ONG» o «Ley Anti-ONG».
Este ley, advierte la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, estrecha aún más el espacio cívico.
En esa oportunidad, Francisco Cox, experto de la Misión, señaló que la “regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”.
La ley fue finalmente aprobada por la Asamblea Nacional en segunda discusión el 15 de agosto de 2024, y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 6.855 extraordinario el 15 de noviembre de 2024, fecha en la que entró en vigencia. Desde ese día, las organizaciones no gubernamentales y sociales sin fines de lucro en el país quedaron sujetas a sus disposiciones, incluyendo la obligación de registrarse en un «Registro Especial de ONG» y de notificar las fuentes de financiamiento.
Las razones expresadas por quienes promovieron la Ley se basan en la supuesta necesidad de «fiscalizar» y «regular» el financiamiento y las actividades de estas organizaciones, bajo el argumento de “combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo”.
Cabello, en reiteradas oportunidades, ha acusado a algunas organizaciones de la sociedad civil de recibir fondos de gobiernos extranjeros para “desestabilizar” el país y financiar protestas.
La ley “busca” asegurar la licitud de los fondos y prohibir el apoyo a fines políticos o terroristas, así como la promoción del «fascismo, la intolerancia o el odio».
Desde entonces las organizaciones de derechos humanos y diferentes actores de la sociedad civil han venido denunciando que los “verdaderos motivos detrás de esta ley son restringir el espacio cívico y la capacidad de las ONG” para operar libremente en el país.
Días antes de la aprobación de la Ley, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se mostró preocupado y exhortó a la Asamblea Nacional a no adoptar este tipo de leyes en el país porque “socavan el espacio cívico y democrático”.
Qué ha ocurrido tras su aprobación
La escalada contra las organizaciones comenzó a poco tiempo de aprobarse la Ley y, a pesar de que las imputaciones contra algunos defensores de derechos humanos no se vinculen directamente con la violación de la misma, hay al menos cinco activistas reconocidos detenidos con acusaciones en las que destaca el “terrorismo”.
Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, una organización que se dedica a promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, fue una de las primeras arrestadas por las autoridades gubernamentales, el 9 de febrero de 2024.
Pero antes de la detención de San Miguel, ya había un precedente contra una figura reconocida en él área de la defensa de los derechos humanos: Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, quien fue apresado en 2021, después de que intentara denunciar hostigamiento por parte de agentes de seguridad ante la Fiscalía General, y aún continua encarcelado y acusado traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.
La ONG donde trabajaba Tarazona documentaba violaciones de derechos humanos en los estados fronterizos del país y formulaba denuncias constantes contra las guerrillas o paramilitares que hacen vida en estas zonas.
El año 2024, según informes de Amnistía Internacional, también estuvo marcado por hostigamiento contra las organizaciones. Se llevaron a cabo medidas restrictivas y campañas de desprestigio, que se tradujeron en un ambiente de riesgo constante para los defensores de derechos fundamentales en el país.
Carlos Julio Rojas es otro de los activistas por los derechos humanos que se encuentra tras las rejas. El periodista y activista comunitario fue detenido el 15 de abril del año pasado en Caracas.
Rojas es conocido por su activismo en el norte de la ciudad capital, donde denunciaba las fallas de los servicios públicos y organizaba protestas pacíficas, incluyendo reclamos de pensionados. El fiscal general lo acusó de ser el «instigador y operador logístico» de un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y también se le imputraron cargos de terrorismo.
Durante 2024, continuaron las detenciones de defensores de derechos humanos. En agosto, el abogado y activista Kennedy Tejada, quien trabaja para la ONG Foro Penal en la defensa de personas detenidas por razones políticas, fue arrestado por agentes de seguridad del Estado mientras ejercía su labor.
En ese mismo mes, también fue detenido en el estado Amazonas el abogado y activista de derechos humanos Henry Gómez Fernández, excarcelado. Asimismo, en el aeropuerto de Maiquetía, fue aprehendido el activista por los derechos LGBTI, Yendri Velásquez, aunque fue liberado horas después.
En su informe de diciembre de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, haciendo énfasis en la liberación de defensores de derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, así como de trabajadores humanitarios.
El reporte también documentó el uso desproporcionado de la fuerza en protestas post-electorales, la aplicación de legislación antiterrorista contra manifestantes, casos de desapariciones forzadas y malos tratos.
El año 2025 no ha sido nada esperanzador para los defensores de derechos humanos que aún hacen vida en nuestro país. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, fue detenido arbitrariamente el 7 de enero de este año, en Caracas, por funcionarios encapuchados, y permaneció incomunicado durante ocho días.
Correa fue presentado ante un tribunal antiterrorista. Finalmente, fue excarcelado en la madrugada del 16 de enero, aunque con medidas cautelares y sin que sus abogados de confianza tuvieran acceso al expediente judicial.
El más reciente defensor de derechos humanos en ser detenido es el abogado de Provea, Eduardo Torres, el 9 de mayo. El fiscal general lo vinculó a una supuesta «trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones» del 25 de mayo y se le imputaron cargos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación ilícita.
Aunque organizaciones han exigido su liberación inmediata, el abogado se mantiene preso en El Helicoide.
Amenazas y hostigamientos
Organizaciones como Odevida Venezuela denunciaron que la situación para las organizaciones de derechos humanos en Venezuela se agravó significativamente durante 2024.
La ONG señaló que este deterioro se debe a la radicalización de la política estatal de criminalización, represión y control social, que se manifiesta a través de agresiones, amenazas y detenciones arbitrarias.
El informe de Odevida documentó 122 casos entre enero y diciembre de 2024, recopilados de diversas fuentes públicas y privadas, así como de informes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales e investigaciones propias.
De ese número documentado, 110 casos corresponden a defensores de derechos humanos, incluyendo activistas de organizaciones, abogados, periodistas, sindicalistas, líderes indígenas y ambientalistas, mientras que 12 organizaciones fueron blanco de amenazas, hostigamiento y estigmatización.
Los patrones de ataques abarcan 1 asesinato, 22 detenciones arbitrarias, 67 amenazas u hostigamientos y 20 anulaciones de pasaportes.
En el informe Odevida expresa su preocupación por la situación actual y señala que, hasta el mes de diciembre del año pasado, seis defensores de derechos humanos permanecían detenidos arbitrariamente.
El panorama para los derechos humanos
En una entrevista para Efecto Cocuyo, la abogada Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, expuso el “desolador” panorama para los derechos humanos en Venezuela, especialmente agudizado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Tineo destacó un incremento en las violaciones de derechos humanos, con un enfoque en la persecución política, las detenciones y el tratamiento de activistas, periodistas y defensores. Subrayó que la participación ciudadana y el activismo no deben ser criminalizados e hizo énfasis en la importancia de la justicia y el perdón en un contexto de conflicto complejo y graves violaciones de los derechos humanos.
La abogada resaltó la preocupación por el continuo uso de un marco legal restrictivo para silenciar la disidencia y el ejercicio de libertades fundamentales. Esta estrategia incluye la aplicación de leyes que criminalizan la labor de las organizaciones no gubernamentales y de los defensores de derechos humanos, generando un ambiente de temor y autocensura.
La abogada señala que el hostigamiento judicial y las acusaciones con fines políticos son herramientas a las que el poder recurre que dificultan gravemente la labor de quienes monitorean y denunciar las vulneraciones.
Al cierre de esta nota, el Foro Penal, que también se desmarcó de manera categórica de las acusaciones de Cabello, contabiliza 922 personas detenidas por motivos políticos en el país; de 48 de ellas se desconoce el paradero, según último boletín emitido el pasado 26 de mayo. Estos datos se conocen tras el trabajo que realiza la organización. debido a que no hay un registro oficial de las personas privadas de libertad en el país.
La creciente hostilidad y el cerco legal contra las ONG en Venezuela han forzado a varias organizaciones a reducir o cesar sus operaciones en el país. Los casos más recientes fueron los de Transparencia Venezuela y Alimenta la Solidaridad, que señalaron que se han visto afectadas y obligadas a tomar la decisión de pausar sus operaciones debido a la criminalización de la ayuda humanitaria y la defensa de derechos humanos, leyes restrictivas, riesgos de procesos judiciales arbitrarios y limitaciones para acceder al financiamiento externo.
Estas salidas impactan directamente a miles de personas vulnerables, como por ejemplo, a los 12 mil niños, niñas y adolescentes que se veían beneficiados por los comedores de Alimenta a la Solidaridad, en sectores vulnerables del país.
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