Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente el martes el fallo de un juez que sostiene que a cientos de venezolanos que el gobierno de Trump deportó a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII se les debe dar la oportunidad de impugnar sus detenciones.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia emitió una suspensión administrativa para darse más tiempo a fin de considerar una apelación presentada por el gobierno más temprano ese mismo martes, reseñó Reuters.
El juez federal James Boasberg, con sede en Washington, dictaminó el 4 de junio que la administración Trump también debía facilitar los recursos legales de los deportados, aunque no llegó a ordenar expresamente al gobierno que trajera de regreso a Estados Unidos a los migrantes venezolanos que actualmente permanecen recluidos en una mega-prisión en El Salvador.
Boasberg, designado dio al gobierno una semana para detallar cómo facilitaría las impugnaciones de los deportados, conocidas como peticiones de habeas corpus.
Los venezolanos fueron deportados en marzo después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar rápidamente a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua sin seguir los procedimientos migratorios habituales.
El panel de la corte de apelaciones que suspendió la decisión de Boasberg estuvo compuesto por los jueces Gregory Katsas, Neomi Rao y Justin Walker, todos nombrados por Trump durante su primer mandato presidencial.
La Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), que representa a los venezolanos en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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