Pedro Benítez (ALN).- Las elecciones para elegir los poderes ejecutivo y legislativo han sido parte de la historia venezolana desde 1811. Sin embargo, las mismas estuvieron marcadas por distintas restricciones legales propias de la época (las mujeres, menores de 25 años, analfabetas y pobres no tenían derecho al voto), los comicios eran indirectos, pero principalmente por el fraude y la violencia oficial.
Curiosamente, en las numerosas reformas constitucionales que se efectuaron desde entonces, nunca se renegó (en el papel) del sufragio democrático.
No obstante, en todo el siglo XIX hubo solo dos elecciones presidenciales más o menos competitivas mediante el sufragio universal de varones: la de 1860, en plena Guerra Federal, que ganó Manuel Felipe de Tovar, y la de 1897, que a todas luces culminó en un fraude descarado contra José Manuel “El Mocho” Hernández.
Por esos motivos, varias generaciones de venezolanos vieron esos procesos con bastante apatía, lo que hoy llamaríamos abstención. La mayoría de los que tenían derecho legal a sufragar se ahorraban la molestia de hacerlo porque asumían como natural una frase que fue muy popular: “En Venezuela gobierno no pierde elecciones”.
De hecho, y aunque parezca inverosímil, durante las autocracias de Antonio Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez siempre se hicieron elecciones. Eso sí, aplicando la citada máxima.
Eso cambió con la promulgación del Estatuto Electoral del 15 de marzo de 1946, que consagró el derecho a elegir al presidente de la República, así como a legisladores, de manera directa y secreta para todos los venezolanos (hombres y mujeres) mayores de 18 años. Es decir, el sufragio universal, piedra angular de la democracia, que hasta el día de hoy (al menos en el papel, insistamos en esto) ha sido respetado, incluso por la espuria Constitución perezjimenista de 1953.
Votar, parte de la identidad nacional
A partir de ese momento, votar se transformó en parte de la identidad nacional y, para los venezolanos, en sinónimo de democracia (aunque la democracia sea más que votar).
En la primera elección presidencial por voto universal y directo, que ganó Rómulo Gallegos, participaron el 86,6 % de los inscritos en el registro. Como sabemos, el gran novelista tuvo como mandatario el mismo destino que los de José María Vargas y Manuel Felipe de Tovar.
Cuando el régimen militar se derrumbó en enero de 1958, los partidos políticos venezolanos de la etapa anterior —AD, URD, Copei y el Partido Comunista— reaparecieron en la escena pública, pero con un gran prestigio social por la labor de resistencia que protagonizaron durante los años de la dictadura.
Aunque ese nuevo ensayo de democracia electoral en Venezuela sería mucho más largo que los anteriores, en parte gracias al papel de esos partidos, tampoco tendría comienzos fáciles. Por el contrario, el régimen democrático tuvo que enfrentarse en sus primeros cinco años a nuevas asonadas militares, así como a intentos de desestabilización por parte de grupos armados de la extrema izquierda. No obstante, esa naciente democracia contó con el masivo apoyo popular que se expresó, de manera si se quiere dramática, en la elección de 1963, donde más del 92,2 % de los inscritos en el registro votaron, en abierto desafío a la línea abstencionista que en esa ocasión promovían las organizaciones armadas. Jóvito Villalba, entonces, lo resumió así: “votos sí, balas no”.
Participación
En los siguientes años, a medida que la estabilidad institucional del país se consolidaba, la gesta cívica en defensa de la democracia dio paso a una participación popular alegre y festiva en las campañas electorales por parte de la ciudadanía en general, muy propia del carácter de los venezolanos de la época, cada vez más confiados en la creciente prosperidad del país y al ascenso de la clase media como factor electoral decisivo.
En la etapa que va de 1963 a 1988, la participación de los electores en los procesos comiciales estuvo muy por encima de otras democracias de su tiempo, como prueba del gran entusiasmo que despertaba ese sistema político entre los venezolanos.
La elección que ganó Rafael Caldera en 1968 no solo implicó la primera transición pacífica del poder en Venezuela entre dos grupos políticos distintos, sino que también fue la que tuvo la participación electoral más alta registrada hasta el día de hoy (96,7 %). En ese sentido, el segundo lugar en cuanto a participación lo tienen los comicios de 1973 (96,5 %).
En los siguientes dos procesos electorales, 1978 y 1983, bajó un poco, 87,6 % y 87,8 %, respectivamente. Aun así, comparado con cualquier otra democracia de la época, eran cifras excepcionales de participación ciudadana.
Abstención en otros países
Por ejemplo, la participación en elecciones presidenciales en Estados Unidos ha tenido históricamente promedios entre el 50 % y el 60 %. Hay que decir que en ese desempeño han influido factores como el sistema de registro de votantes y el voto no obligatorio. En Colombia, la participación electoral ha oscilado entre el 50 % y 60 %, incluso en elecciones presidenciales clave (por ejemplo, 54 % en 2018). Allí han sido determinantes el conflicto armado y la desconfianza institucional.
Pero incluso la Venezuela de entonces superaba en esa categoría a las democracias europeas, o a Chile y Uruguay previos a 1973, sociedades que siempre han tenido una participación electoral importante.
Se ha argumentado que el voto obligatorio pudo ser un factor determinante en ese comportamiento colectivo. Esa disposición se introdujo en la Constitución de 1947 (artículo 115) y se mantuvo en la de 1961 (artículo 113). No obstante, como tantas otras cosas de aquel país, nunca existió un sistema efectivo para sancionar su incumplimiento, lo que la convirtió en una obligación formal pero no coercitiva.
Es a partir del quinquenio 1988-1993 cuando la crisis económica y las convulsiones sociales marchitaron el alegre entusiasmo que los venezolanos alguna vez tuvieron por su democracia. En esos años reapareció la abstención como realidad política, a la par que los dos partidos principales perdieron el predominio que gozaron y luego, en menos de una década, se derrumbaron.
Primer campanazo
El primer campanazo de advertencia ocurrió en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1988. La abstención fue del 18,1 %. Los nubarrones anunciaban la crisis que se avecinaba para el bipartidismo venezolano.
Las dos siguientes elecciones nacionales, 1993 y 1998, fueron las del quiebre y colofón del sistema político iniciado en 1958 y de la hegemonía bipartidista de AD y Copei. La abstención se consolidó como un hecho político importante que en lo sucesivo no abandonaría la competencia electoral venezolana.
En 1998, con el 40,7 % de abstención, Hugo Chávez y su coalición se impusieron en 16 estados, desde el Zulia, pasando por la mayor parte de los llanos, centro-occidente, Caracas, dos estados orientales y Bolívar; absorbieron prácticamente todo el voto protesta que cinco años antes había ido a La Causa y empezaron a ocupar el espacio electoral que en otra época dominó AD.
Para la relegitimación de los poderes públicos, y sin sorpresas, Chávez ganó la elección presidencial que lo ratificó en su cargo en el año 2000, esta vez en todos los estados menos el Zulia, e incrementó su votación de año y medio antes en 80 mil sufragios. Pero la abstención se incrementó a 43,6 %.
El oficialismo aprovecha la abstención
En los siguientes años la abstención fue un factor (no el único) que le permitió a la coalición oficialista encabezada por el MVR tomar el control en los distintos niveles del Estado (nacional, regional y local), ampliando su organización electoral por todo el país. Sin lugar a dudas, se benefició de los constantes reclamos de la oposición sobre el sistema electoral que desmovilizaron a sus potenciales votantes y, finalmente, la llevaron a retirarse de las elecciones parlamentarias de 2005.
Sin embargo, hay que recordar que el gobierno del expresidente Chávez comenzó a estabilizarse favorecido por el inicio en 2003 del enorme boom de los precios internacionales del petróleo. Esa favorable circunstancia económica le permitió financiar un incremento de los gastos sociales y del consumo, lo que, a su vez, elevó su popularidad, permitiéndole ganar el controvertido referéndum revocatorio de agosto de 2004 y a sus candidatos las siguientes elecciones regionales y municipales efectuadas ese año. Con la participación del 45,73 % se eligieron gobernadores y alcaldes en todo el país.
El domingo 3 de diciembre de 2006, con 26,3 % de abstención, Chávez fue reelecto de manera muy amplia, ganando en todos los estados.
Y en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 se postuló para un cuarto mandato gracias a una enmienda constitucional. En esa oportunidad, la abstención del 20 % fue la más baja desde 1993. Una campaña que, por cierto, hizo uso masivo y abierto, sin precedentes, de todos los recursos públicos, empleando como principal bandera propagandística en esta ocasión el programa “Gran Misión Vivienda Venezuela”. Ese año, el gobierno incurrió en un déficit fiscal del 18 % sobre el PIB a fin de apuntalar la reelección presidencial.
Alternancia en el poder
A modo de odiosa comparación, y usando las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE), antiguo Consejo Supremo Electoral (CSE), podemos decir que el promedio de participación en las elecciones presidenciales durante el régimen de la democracia puntofijista fue de aproximadamente el 86 %, con picos superiores al 90 % en los años 60 y 70. El sistema permitió la alternancia en el ejercicio del gobierno y la abstención era vista como una anomalía y señal de crisis institucional.
Mientras que durante los años de la democracia “protagónica y participativa” la misma ha oscilado entre 60 % y 75 %, con fuertes altibajos. Alta participación en momentos clave (2006: 74,7 %, 2012: 80,9 %) pero también fuerte abstención en elecciones cuestionadas (2018: 46,1 %, 2025: 42,6 %). Los procesos electorales han sido sometidos a dudas sobre su transparencia, especialmente desde 2005 en adelante, con inhabilitaciones, control institucional y migración forzada de votantes, y desde la talanquera opositora se ha usado la “abstención táctica” a fin de denunciar condiciones electorales percibidas como no competitivas.
En el proceso para elegir gobernadores de estado y consejos legislativos en 2017, la participación fue del 61,03 %. El chavismo obtuvo el 54 % de los votos, mientras que la oposición alcanzó el 44,31 %.
A partir de 2018 la caída fue abrupta (46 %), y en 2021 del solo 40 % cuando se eligieron 3.082 cargos, incluyendo gobernadores y alcaldes.
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