Las autoridades universitarias han estado negociando en privado con un adjunto del principal asesor de Trump, Stephen Miller, con la esperanza de evitar la misma persecución agresiva que está sufriendo la Universidad de Harvard, según una fuente familiarizada con el asunto, mientras el Gobierno busca intensificar sus ataques contra la institución de la Ivy League y otras más.
Por CNN
Las autoridades de la educación superior, que han mantenido conversaciones detalladas con May Mailman, estratega política de la Casa Blanca en las últimas semanas, se preguntan qué señales deben enviar para mantenerse fuera del punto de mira del Gobierno, añadió la fuente. Mailman colabora estrechamente con Miller, artífice de la estrategia de la administración con respecto a las universidades, puntualmente en relación a que no estén controlando adecuadamente el presunto antisemitismo en sus campus.
A su vez, un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el Gobierno transmitió a los líderes que “el dinero simplemente no puede fluir ni fluirá sin cesar como lo ha hecho hasta ahora, y que las universidades son incubadoras de discriminación y el contribuyente no puede apoyar eso”. Estas conversaciones surgen mientras el Gobierno investiga a docenas de otras universidades y algunos directivos universitarios viajan a Washington.
La Casa Blanca busca llegar a un acuerdo con otra universidad de alto perfil, según la primera fuente, que está involucrada en las negociaciones entre la educación superior y el Gobierno.
“Quieren que una universidad de renombre llegue a un acuerdo como el que hicieron los bufetes de abogados, que abarque no solo el antisemitismo y las protestas, sino también la DEI (iniciativas relacionadas a la Diversidad, Equidad e Inclusión) y la diversidad intelectual”, dijo esta persona.
“Quieren que Trump pueda alzar la voz y decir que llegó a un acuerdo con tal o cual: una universidad de la Ivy League, alguna universidad de renombre que les dé cobertura para poder decir: ‘No queremos destruir la educación superior’”.
Al preguntarle si alguna de las universidades está dispuesta a llegar a un acuerdo de este tipo, la fuente respondió: “Nadie quiere ser el primero, pero las presiones financieras son cada vez más fuertes”.
Muchas instituciones educativas ya han experimentado recortes significativos en su financiamiento federal, y existe una creciente incertidumbre sobre el futuro de las visas para estudiantes internacionales, quienes tienen más probabilidades de pagar la matrícula completa en comparación con sus homólogos estadounidenses.
Las conversaciones, según la fuente, continúan.
“El presidente siempre está dispuesto a llegar a un acuerdo que beneficie a Estados Unidos, y esto ha sido así para cualquier institución de educación superior dispuesta a trabajar con sentido común, dejar de violar la ley y comprometerse a restaurar los derechos civiles y el orden en sus campus”, declaró el funcionario de la Casa Blanca.
Y añadió: “El Gobierno solo está dispuesto a trabajar con entidades que operen de buena fe y no se limiten a hablar sin acciones tangibles. Muchas instituciones quieren llegar a un acuerdo, y el presidente está dispuesto a trabajar con ellas”.
Las autoridades de otras instituciones esperan que la Casa Blanca desvíe su atención de Harvard. Un miembro de la junta directiva de una importante universidad en la mira del grupo de trabajo, a quien se le concedió el anonimato para hablar libremente, describió las comunicaciones como “irregulares”, pero afirmó que el grupo ha hecho repetidos intentos para que directivos de la universidad viajen a Washington para una reunión.
“Hay muy poco entusiasmo al respecto”, declaró el miembro de la junta. “No tenemos ningún interés en ser su ‘universidad modelo’ ni nada por el estilo”.
Añadió: “En este momento, nos sentimos muy cómodos con las medidas que hemos tomado y no tenemos ninguna necesidad de enfrentarnos al Gobierno, en sí, a menos que decidan interferir con nuestros valores fundamentales. Cuando llegue el momento, estaremos listos para luchar contra ellos. Pero eso no significa que debamos provocarlos”.
Algunas universidades en todo el país han contratado consultores y expertos políticos para responder a algunas de las exigencias del Gobierno, mientras que Harvard ha lanzado una agresiva estrategia legal y está organizando sus redes de exalumnos.
Los ataques a Harvard comenzaron incluso antes de que el presidente Donald Trump regresara a la presidencia. Sus aliados argumentaban que estaban tomando medidas enérgicas contra el antisemitismo en el campus en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Sin embargo, las acciones del Gobierno responden a una agenda más amplia: generar un importante conflicto sobre la libertad académica, el financiamiento federal y la supervisión del campus, y la creencia dentro de la Casa Blanca de que se trata de un tema político en el que Trump sale ganando.
La ofensiva está liderada por el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo, un grupo interinstitucional que se reúne al menos una vez por semana, según el funcionario de la Casa Blanca, y mantiene una comunicación regular sobre dónde centrar su atención. Al frente está Leo Terrell, expresentador de Fox News y abogado de derechos civiles, convertido en alto funcionario del Departamento de Justicia. Miller y Mailman también son impulsores de la toma de decisiones, según las fuentes.
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