Organizaciones internacionales exigieron este viernes el cese de la represión contra quienes defienden derechos humanos en Venezuela e hicieron mención especial al caso del activista Eduardo Torres.
En ese contexto, las organizaciones, manifestaron su profunda preocupación ante la evolución del caso de Eduardo Torres, quien es un destacado defensor de derechos humanos y miembro del equipo jurídico de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
«Expresamos nuestro enérgico rechazo a su desaparición forzada, detención arbitraria y la falta del debido proceso en su caso», indicaron.
COMUNICADO ÍNTEGRO:
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación ante la evolución del caso de Eduardo Torres, destacado defensor de derechos humanos y miembro del equipo jurídico de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y expresamos nuestro enérgico rechazo a su desaparición forzada, detención arbitraria y la falta del debido proceso en su caso. El Sr. Torres desapareció el pasado 9 de mayo después de sostener una reunión en el centro de Caracas. Tras salir de ese encuentro, se comunicó por teléfono con su esposa para informarle que se dirigía a casa, pero nunca llegó a su destino.
Entre el 10 y el 11 de mayo, la esposa de Torres, Emiselys Núñez, acompañada por miembros de PROVEA, visitó varios centros de reclusión en Caracas, incluyendo la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, las autoridades negaron su detención y no se obtuvo información sobre su paradero. Tras 48 horas de su desaparición, sus familiares y colegas acudieron al Palacio de Justicia con la intención de interponer un recurso de Hábeas Corpus, pero las autoridades del Circuito Judicial Penal de Caracas no autorizaron su recepción, sin ofrecer mayores detalles. No fue hasta el 12 de mayo que el recurso fue recibido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El 13 de mayo, luego de 96 horas de su desaparición y tras la denuncia pública realizada en rueda de prensa por el director de PROVEA, Oscar Murillo —a la que se sumó un pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk—, el Fiscal General de la República, Tarek Willian Saab informó, a través de la red social Instagram, que Torres se encontraba detenido bajo custodia del Estado, aunque sin especificar en dónde y frente a qué autoridad judicial fue presentado para la revisión de la detención. Lo vinculó a una presunta conspiración para generar violencia en el marco del proceso electoral parlamentario y regional del 25 de mayo, y señaló que fue imputado por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, aunque no se tiene constancia de una notificación formal y escrita de los cargos. En esa misma publicación, el Fiscal aseguró que Torres fue presentado con todas las garantías procesales y con respeto a su derecho a la defensa. Además, el mensaje incluyó ataques y amenazas directas al director de PROVEA por haber denunciado la desaparición del defensor.
Contrario a las aseveraciones del Fiscal, se ha constatado que el proceso ha carecido de total transparencia y acceso a la información oportuna para los familiares y abogados de confianza. La publicación del Fiscal omitió detalles esenciales sobre la detención y evidenció la ausencia total de contacto con su entorno cercano, a pesar de las múltiples gestiones realizadas por la familia y abogados desde el primer momento para conocer su paradero. Tras varios días de desaparición, el 17 de mayo, finalmente algunos funcionarios admitieron que Torres se encuentra en el Helicoide, sin que a la fecha, ni familiares ni abogados de confianza hayan tenido algún tipo de contacto con él, por lo que no han podido verificar sus condiciones de reclusión y estado de salud. Cabe destacar que es ampliamente conocido que las personas detenidas en El Helicoide suelen estar sometidas a condiciones de detención incompatibles con su dignidad y que amenazan su integridad personal. La familia solamente ha logrado contacto con el defensor público impuesto para su caso, quien dio a conocer que Torres tiene prohibición de visitas, violando así su derecho al debido proceso, comunicación y legítima defensa.
Este caso se enmarca en un contexto post electoral que desde el pasado 2024 hasta hoy, se ha caracterizado por un alarmante incremento de la represión, manifiesto mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, criminalización y otros ataques dirigidos contra personas defensoras de derechos humanos por parte de agentes del Estado. La escalada represiva durante la semana de las elecciones del 25 de mayo dejó, según cifras oficiales, un saldo de más de 70 personas detenidas de manera arbitraria, la mayoría de ellas sometidas a desaparición forzada. Particularmente, figura la detención de la abogada y defensora de los derechos de las mujeres, Naomi Arnaudez.
El miércoles 28 de mayo el Ministro de Interior, Justicia y Paz arremetió de nuevo contra cuatro ONG locales, incluyendo a Eduardo Torres de PROVEA y representantes de las ONG Foro Penal, Maracaibo Posible y Médicos Unidos, criminalizando a estas organizaciones al vincularlas a supuestas acciones terroristas. Lo anterior representa una clara señal del agresivo asedio contra el trabajo de las personas defensoras y una amenaza para desacreditar y restringir su labor.
El caso de Eduardo Torres y Naomi Arnaudez se suman a la lista de otros defensores de derechos humanos encarcelados por motivos políticos, como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda y Carlos Julio Rojas, así como Carlos Correa quien fue liberado en enero de este año luego de haber estado desaparecido forzosamente ese mismo mes. Todos estos casos reflejan un patrón sistemático de persecución y criminalización hacia quienes ejercen de manera independiente labores de monitoreo, documentación y denuncia frente a la crítica situación de derechos humanos en el país. Eduardo Torres y los miembros de PROVEA, así como la mayoría de los defensores en prisión, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En medio de las recientes amenazas y hostigamientos contra el director y otros miembros de PROVEA, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a su destacada labor por más de 30 años denunciando las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, acompañando en todo momento a las víctimas en búsqueda de la verdad y justicia.
Frente a estos hechos, recordamos a las autoridades venezolanas que la desaparición forzada de corta o larga duración, la detención y prisión arbitraria, tortura, así como otras violaciones de derechos humanos perpetradas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal dirigida a silenciar, desalentar y sofocar a las voces disidentes, equivalen a crímenes de lesa humanidad, tal como ha sido reiterado por distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos frente a la situación en Venezuela.
Las autoridades deben garantizar que las personas defensoras de derechos humanos realicen su trabajo con libertad y seguridad, sin temor a hostigamientos, represalias o encarcelamiento.
Por último, ante la gravedad del caso, solicitamos a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, misiones diplomáticas y actores con capacidad de incidencia a replicar estos mensajes y exigir al Estado venezolano la liberación inmediata de Eduardo Torres y todas las personas defensoras en prisión por motivos políticos.
Firman:
- Amnistía Internacional
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- CIVICUS Alianza Global
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la
- Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Freedom House
- Global Centre for the Responsibility to Protect
- International Service for Human Rights (ISHR)
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos)
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