Una niña venezolana de 10 años, que vive en la ciudad de Nueva York con una protección especial contra la deportación, durante la última semana ha repetido la misma pregunta a su madre: “Mami, ¿qué hago si viene inmigración?”.
La niña, sus dos hermanos y padres están entre los 350,000 inmigrantes venezolanos que han vivido y trabajado en Estados Unidos con el Estatus de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, durante los dos últimos años.
Pero la decisión de una página de la Corte Suprema emitida la semana pasada –que dejó más preguntas que respuestas– pone en riesgo el estatus migratorio legal de los venezolanos con TPS, y crea incertidumbre, ansiedad y una sensación de traición entre las familias que podrían perder dicha protección.
“Te hace sentir muy deprimido, ansioso y afligido”, afirmó la madre. “Es terrible”.
Sin una línea de tiempo definida, la Corte Suprema dio luz verde al presidente, Donald Trump, y a su Administración para seguir adelante en sus esfuerzos de terminar la protección otorgada a estos venezolanos en 2023 por el entonces presidente Joe Biden.
NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, conversó con la madre en la ciudad de Nueva York y otros dos venezolanos con TPS, uno en Carolina del Norte y otro en Los Ángeles, California —que pidieron no ser identificados por temor a ser deportados— sobre cómo están navegando los cambios en las políticas de inmigración, en un momento en el que el Gobierno ha eliminado otras protecciones temporales o programas para refugiados o solicitantes de asilo, ampliando así la cifra de posibles deportados mientras el presidente busca cumplir con su promesa de campaña de deportaciones masivas.
Bajo la ley, el TPS es considerado una designación por razones humanitarias para extranjeros de algunos países que han experimentado guerras, desastres naturales u otras crisis graves que convierten en un peligro regresar.
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