Le dio instrucciones a su prima para que, en su ausencia, pagara la renta del próximo mes. Dejó dicho qué hacer con cada una de las pertenencias que ha acumulado en los últimos dos años. Por si no regresaba, estacionó su Chevrolet del 2021 y pidió un Uber hasta el edificio del Tribunal de Inmigración de Miami. A la una de la tarde del martes tenía cita con el juez para defender su caso de asilo, y Felipe —el nombre atribuido para proteger su identidad— pensó por primera vez que lo podían deportar. Desde la semana pasada, los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están al acecho de los migrantes a las puertas de las cortes de Miami, para detener a todo indocumentado que puedan. La gente tiene miedo. Más que miedo, terror.
Casi a última hora, Felipe, de 28 años, recibió una llamada urgente desde la oficina de sus abogados. Le pidieron que saliera de inmediato del edificio y que se fuera hasta sus oficinas porque estaban deteniendo a casi todos los que se presentaban ante la autoridad. En menos de media hora, Felipe estaba con sus abogados, quienes solicitaron al juez una audiencia online para evitar su arresto en el Tribunal. Por el momento, todo parece tranquilo para él. El juez le aseguró que tendrá hasta 2029 para defender su caso.
Es el mismo tiempo que hace una semana le dieron a Dunia —quien también prefiere mantener el anonimato— cuando se presentó en el edificio del downtown de Miami, acompañada de su bebé. “Fue extremadamente tenso todo, los de ICE estaban allí vestidos de civil. Dicen que el miércoles pasado cargaron con 18 personas, el jueves con 10, es horrible”, cuenta ella, que vive en Estados Unidos desde hace cuatro años. “Ya era hora de que nos tocara a nosotros los I-220A, éramos los que quedábamos pendientes. Pasaron por los beneficiarios del parole, los de CBP One, y ahora por nosotros”.
Ambos salieron de Cuba y llegaron a la frontera mexicana con la esperanza de conseguir la residencia permanente que por décadas han obtenido los ciudadanos de la isla en Estados Unidos. Pero las cosas han cambiado. Permanecen con el estatus I-220A, un permiso de libertad bajo supervisión otorgado a unos 400.000 cubanos en los últimos años, que les impide regularizarse. Hasta el momento, los migrantes con esa categoría no corrían peligro. Políticos de Florida como la congresista republicana María Elvira Salazar les han prometido que no deben temer, que están a un paso de legalizarse. Pero ahora muchos le lanzan a Salazar la pregunta de vuelta. Hace poco la llamaron “traidora” en una valla publicitaria, junto a otros políticos republicanos como Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.
La última gran cruzada migratoria en Florida no entiende de estatus ni está centrada solamente en “delincuentes” o “criminales”, quienes en apariencia eran el blanco de la agenda antiinmigración de Donald Trump. La abogada Liudmila Marcelo explicó a EL PAÍS que en estos momentos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE están actuando en consonancia con el memorándum del 23 de enero del 2025, que define quiénes serán los extranjeros presentes en los Estados Unidos sobre los cuales DHS puede ejercer su autoridad para ponerlos en un proceso de deportación expedita. Se trata de “extranjeros que llevan menos de dos años en el país, que no tienen un caso de asilo en corte o que el juez determina que su asilo es deficiente y no merece llegar a una corte final de mérito”.
No es una práctica exclusiva del Estado de Florida, sino una estrategia nacional del DHS que ha cobrado fuerza también en Las Vegas, Nueva York, Phoenix o Los Ángeles. Una vez en la audiencia, el juez pide a los migrantes desestimar los cargos. Si la persona accede, queda sin caso ante la corte y así, según la abogada, no tiene un asilo que defender. Esto ha creado confusión en las últimas semanas, pues hasta ahora la desestimación de un caso era una buena noticia para seguir el camino de la regularización. Pero ya no. “Una vez que usted está sin la protección de un caso en la corte, ya no tiene derecho a defender su asilo ante el juez y queda a disposición del Gobierno para que lo pongan en un proceso de remoción expedita, o lo que es lo mismo, deportación acelerada”, sostiene Marcelo, quien aclara que el procedimiento aplica para migrantes con estatus I-220A y personas que llegaron al país a través de la aplicación CBP One.
La abogada insiste en que ha habido una forma “engañosa” de proceder de parte de las autoridades en las audiencias de migración en los últimos días. “Esto constituye una violación del proceso, por el modo engañoso en que se llevó a cabo”, sostiene. “Cuando el DHS ofrece la desestimación del caso, lo hace alegando que la persona no es prioridad para el proceso de deportación, de este modo están engañando al afectado para que acepte quedarse sin protección y colocarlo así inmediatamente en un proceso de deportación, contradiciendo la base del ofrecimiento original”. Fuentes de ICE han dicho a Fox News que a partir de ahora se verán “muchas más” detenciones de este tipo.
Los expertos coinciden en que no hay criterio definido a la hora de elegir quién será el próximo migrante detenido, pero sí está claro que los mueve un plan mayor: el de acelerar los procesos de detención, para así cumplir las cuotas de deportación que el presidente actual prometió desde su campaña. Para esto, Trump cuenta en la Florida con el gobernador Ron DeSantis, un aliado que, incluso antes de la llegada del republicano a la Casa Blanca ya estaba dictando varias leyes que situaban a los migrantes en un territorio mucho más vulnerable.
Esta cruzada “debería preocuparnos a todos”
Durante los primeros meses del año, DeSantis firmó leyes que dejaron claro, una vez más, su intención antiinmigrante. Propuso la implementación, de manera “automática” y “obligatoria”, de la pena de muerte a quienes permanecen de forma ilegal en el país y hayan sido condenados por delitos capitales. Abogó por prohibir que los inmigrantes ilegales obtengan la licencia de conducción. Y destinó 298 millones de dólares para la aplicación de las leyes migratorias en el Estado.
Por si fuera poco, dio autoridad a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) para detener a migrantes, en colaboración con ICE, algo que ha infundido pánico en una comunidad que ahora teme usar el transporte público, ir al trabajo o llevar a los hijos a la escuela. “No hay nadie más en el país que esté haciendo eso”, dijo el gobernador en una rueda de prensa en Tampa. Su objetivo es que las autoridades del Estado actúen independientemente del Gobierno federal, asumiendo funciones normalmente destinadas al DHS.
Recientemente, las autoridades llevaron a cabo la llamada Operación Marea, que han definido como la mayor operación antiinmigración en la historia de Florida, con el récord de 1.120 inmigrantes detenidos del 21 al 26 de abril, gracias a la colaboración de varias agencias locales. Además, han presentado una estrategia para crear centros de detención con capacidad para tener hasta 10.000 migrantes, entrenar agentes de la Guardia Nacional para que actúen como jueces de migración o impulsar programas de auto deportación.
En un Estado donde uno de cada cinco residentes es inmigrante y unos cinco millones nacieron en el extranjero, muchos son los que viven con incertidumbre. La abogada Liudmila Marcelo reconoce que el miedo entre los migrantes ha aumentado la cantidad de llamadas que le hacen “clientes desesperados”, ya sea por su situación migratoria o la de algún familiar. Hace poco, un joven cubano a quien atendió, y que había llegado al país a través de CBP One, entró en una crisis nerviosa y se autodeportó usando la aplicación CBP Home.
“Si esa situación es con un muchacho que está a las puertas de regularizarse por la Ley de Ajuste Cubano, ¿te imaginas los inmigrantes de otras nacionalidades que no tienen esperanza cercana de legalizar su estatus?”, dice la abogada. “Los venezolanos, en su mayoría, se han quedado sin la protección del TPS y sin el permiso de trabajo que concede ese estatus. Como consecuencia, pueden perder su licencia de conducir y pueden ser detenidos por manejar sin la debida autorización. Realmente nunca había visto un estado de pánico generalizado como este en la comunidad de inmigrantes”.
En eso coincide Adriana Rivera, directora de Comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de Florida, quien asegura que, aunque en el pasado la comunidad migrante también se ha sentido amenazada, “esta vez ha aumentado el miedo debido a la retórica que subyace en las acciones”. “Tanto el Gobierno federal como el estatal han acosado verbalmente y aterrorizado a comunidades pacíficas, incluidas las que tienen un estatus legal. Esto ha creado una atmósfera de miedo, incertidumbre, desconfianza y un efecto amedrentador; y eso es exactamente lo que quieren”.
Para Rivera, sin embargo, algo que “debería preocuparnos a todos” es el silencio de parte de algunos políticos del Estado: “Mientras que algunos líderes electos están haciendo algo para garantizar la seguridad y la educación de todas las comunidades a las que sirven, muchos más han permanecido completamente en silencio e incluso han sido cómplices ante estas violaciones de los derechos humanos”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario