El gobierno socialista autoritario de Venezuela está tomando medidas enérgicas contra el uso del dólar negro en el mercado negro, buscando proteger el bolívar, una moneda en crisis, ante las sanciones estadounidenses y los aranceles «secundarios».
El tipo de cambio paralelo al que se negocia el bolívar fuera de los canales oficiales subió un 25%, pasando de unos 80 bolívares por dólar a finales de febrero a 104 el miércoles de esta semana, tras el anuncio de Estados Unidos de un endurecimiento de las sanciones contra Caracas, antes de retroceder a 101.
Esta diferencia se alejó considerablemente del tipo de cambio oficial, que subió de 63 bolívares a 70,59 por dólar durante el mismo período. Esta divergencia ha llevado a Caracas a tomar medidas drásticas contra los negocios que operan con el tipo de cambio paralelo en un país donde los productos tienen precios minoristas en dólares, pero los clientes pagan en bolívares.
Los negocios minoristas y de servicios en el país sudamericano, rico en petróleo, se enfrentan a auditorías, multas e incluso cierres por vender al tipo de cambio paralelo. En las últimas dos semanas, los negocios han informado de una aplicación mucho más estricta de las normas vigentes.
Comerciantes, peluquerías y restaurantes han tenido dificultades para adaptarse a la doble tasa, arriesgándose a recibir fuertes multas por vender al tipo de cambio paralelo y a sufrir pérdidas en las ventas si no lo hacen.
«Nos arriesgamos a multas que podrían significar el cierre del negocio, ya que son inasequibles», dijo un comerciante de Caracas, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno.
Si los clientes pagan en bolívares, establece un precio «intermediario» entre las dos tasas, explicó, lo que le permite evitar grandes pérdidas y evitar indicios de haber aplicado la tasa paralela prohibida.
Algunas empresas informaron haber utilizado una aplicación de origen desconocido para calcular esta tercera tasa, que el jueves oscilaba entre 80 y 90 bolívares por dólar.
Es probable que la economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, se vea afectada a medida que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato en enero tras unas elecciones consideradas una farsa.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha cancelado licencias individuales que permitían a empresas internacionales como Chevron, Repsol y Eni operar con Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal sancionada.
Las empresas tienen hasta el 27 de mayo para reducir sus operaciones, lo que aumenta la presión sobre una economía y una moneda ya castigadas por las sanciones.
Las finanzas públicas también se vieron amenazadas por el anuncio de Washington, el 24 de marzo, de imponer aranceles secundarios a los países que compren crudo venezolano. Las exportaciones petroleras del país cayeron un 11,5 % intermensual en marzo, según un análisis de Reuters sobre datos de envíos, aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez desmintió dicho informe, afirmando que las exportaciones petroleras aumentaron un 8,7 %.
Las medidas amenazan la recuperación provisional de Venezuela tras un colapso en el que el PIB se contrajo tres cuartas partes en los ocho años transcurridos hasta 2021.
Esa agitación y la intensificación de la represión provocaron la huida de 7,8 millones de venezolanos. Para controlar la hiperinflación, el gobierno adoptó reformas económicas ortodoxas en 2022, que incluyeron una flexibilización de los controles de precios y una reducción del gasto público. Se produjo una dolarización tácita.
Estas ganancias se encuentran ahora bajo una fuerte presión, con una inflación que amenaza con alcanzar el 189 % este año, según la consultora caraqueña Ecoanalítica, en parte debido a la agresiva política de Trump hacia Venezuela.
Los analistas estiman que las licencias de exención representaron un valor aproximado de 4.500 millones de dólares para el gobierno de Maduro el año pasado, mientras que Chevron invertía unos 200 millones de dólares mensuales en el mercado cambiario.
“Lo que el gobierno debería hacer es intentar aprovechar la dolarización informal que existe en Venezuela”, declaró Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica.
“Derogar un impuesto a las transacciones en dólares y permitir de nuevo las transferencias en dólares a los bancos permitiría a la gente usar sus dólares con mayor libertad y ayudaría a aliviar la presión sobre el tipo de cambio”.
Durante su primer mandato, Trump buscó en 2019 la salida de Maduro reconociendo al entonces líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela e imponiendo sanciones de “máxima presión” a la industria petrolera, con escasos resultados.
Luis Vicente León, director de la consultora venezolana Datanálisis, afirmó que las sanciones actuales podrían provocar una contracción del PIB del 3 % este año.
“Como siempre ocurre con las sanciones, el gobierno comenzará a adaptarse a ellas”, afirmó León, y añadió que el gobierno podría tomar el control de los yacimientos petrolíferos. “Saben cómo vender petróleo en el mercado negro y, lo que es más importante, cómo cobrar”.
En el mercado del centro de Caracas, los puestos exhiben carteles con el tipo de cambio oficial del dólar —un requisito del gobierno—, pero las transacciones se realizan verbalmente al tipo de cambio paralelo, sin contabilidad.
Vendedores como el comerciante de huevos Viviano González se enfrentan a la volatilidad de los precios. Comentó que el precio que pagó por 30 docenas de huevos subió de 61 a 73 dólares en 24 horas, aunque en bolívares al final de ese tiempo el precio equivalía a 80 dólares.
“Cada día está peor”, dijo González. “Tengo que fijar el precio a un nivel donde no pierda tanto, a un tipo de cambio promedio, porque si subo los precios, la gente se molesta con razón”.
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