Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, actores estatales usaron canales de Telegram y otras redes sociales para perseguir y revelar la información personal de opositores a Nicolás Maduro.

“¡Te están buscando!” “¡Tienes que irte del país!” Los primeros mensajes de alerta llegaron al teléfono de Raúl* el 31 de julio de 2024, tres días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara  la reelección del presidente Nicolás Maduro. En esos días, observadores nacionales e internacionales, otros países y organismos internacionales estaban cuestionando severamente los resultados oficiales anunciados. Además, estallaron  protestas dentro y fuera del país para que se reconociera el triunfo de la oposición.

“Entré en una paranoia muy fuerte, al punto que tuve que botar mi teléfono. Tenía la sensación de que alguien escuchaba mis llamadas”, contó luego Raúl a este equipo periodístico

Raúl asegura que no participó en disturbios, fue veedor ciudadano de las actas electorales en su centro de votación. Terminó encarcelado tras ser víctima de una campaña de acoso digital vinculada a miembros del Estado venezolano.

Su fotografía, nombre y número de documento de identidad figuraban junto a los datos de otros hombres y mujeres de su localidad, en una imagen donde se lee en grande: “SE BUSCAN”. Eran señalados como “líderes guarimberos”, un término usado por el gobierno de Maduro para referirse a los manifestantes opositores.

También alcanzó a verse en una imagen de un grupo de WhatsApp de miembros del oficialista Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV) en su comunidad, llamado “Compañeros Psuv”,  y en una cuenta anónima en Instagram, donde lo calificaban como “terrorista”.

Como Raúl, decenas de jóvenes, dirigentes políticos, líderes sociales y comunitarios, o civiles que cumplieron su papel de veedores electorales o salieron a protestar, han sido expuestos públicamente en redes sociales. 

Esta alianza investigativa logró identificar doce casos de este estilo. Se trata personas cuyos datos fueron difundidos en perfiles de redes sociales vinculados al oficialismo venezolano, son activistas políticos o salieron a protestar tras el anuncio del resultado de la elección, y terminaron en un centro de detención mientras el régimen llevaba a cabo la “Operación Tun Tun”, como le ha llamado el madurismo a la campaña generalizada de detenciones que de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos son arbitrarias. Otros 16 ciudadanos permanecen resguardados y dos están exiliados. 

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