El gobierno colombiano se ha sacado una nueva carta de la manga. Ahora el tema de moda es un gran Pacto Social en el Catatumbo a través del cual se alcanzaría la ansiada paz en la región.

El plan de la Casa de Nariño en materia aspiracional llega lejos: pretende incentivar la sustitución de cultivos ilícitos través de su erradicación manual, el estímulo a la producción agroalimentaria en el lugar, con un pago mensual de 90% del salario mínimo, la conservación forestal y el otorgamiento a los campesinos de títulos de propiedad sobre sus tierras.   Una serie de medidas en el área de transporte, acceso y calidad de los servicios de salud de la zona, de infraestructura para educación preescolar, básica y media, en este territorio complementarían el gran Plan Catatumbo.

La anterior lista al Niño Jesús vendría a sumarse a un esfuerzo ciclópeo en el terreno del control y desmontaje de la producción y comercialización de coca en 55.000 hectáreas de tierras dedicadas al negocio de la explotación de cocaína.

 En esta ocasión el presidente está exigiendo la asignación de cuantiosos recursos para atender la crisis humanitaria de la zona. Uno de los decretos firmados por Petro contempla la recaudación de 656 millones de dólares dedicados a inversiones en el Catatumbo. Un nuevo equipo de gobierno pondría manos a la obra y todo ello se enmarcaría dentro de la declaratoria de conmoción interior que le permitiría a la administración acceder a fondos cuantiosos para ejecutarlo y estaría animado de un particular enfoque en defensa y seguridad regional y ciudadana.

Hasta aquí la propuesta es débil pero suena bien para efectos políticos. Otra cosa es que sea realizable cuando en los años de gobierno del actual presidente no solo no se ha avanzado en este propósito sino que lo que si se ha catapultado de manera espantosa es el crecimiento del negocio de la droga en Colombia, como acaba de sostener con cifras dramáticas un informe de Naciones Unidas al respecto.

Un agravante es que no existe dentro de la región una presencia estatal de seguridad territorial capaz de poner orden en el caos allí existente por la presencia de guerrilla y grupos criminales que ha estado creciendo a su antojo impulsado, además, por el régimen dictatorial venezolano. El propio Gustavo Petro lo deplora cuando asegura que “Hay peligro de soberanía nacional inminente, debemos recuperar la frontera”. 

La paradoja es que es el mismo mandatario colombiano quien considera que, en el caso de encontrar escollos procedimentales para poner en práctica su plan, una solución viable sería la de solicitar del régimen venezolano un plan conjunto para que sea a través de esta cooperación bilateral que se consiga la erradicación de las bandas criminales de la fronteras. Recordemos solo que es bajo la protección del régimen madurista que el ELN se ha fortalecido y ha instrumentado todo el estado de caos de la zona en el cual las disidencias de las FARC también tienen un pedazo del pastel. En los pasados dos años y medio de gobierno de Petro el Estado ha mirado para otro lado para validar pasivamente lo que allí ocurre en materia de cultivos y de preeminencia de grupos irregulares que dominan la dinámica de la zona.

No parece que este novedoso plan que, como se ve a simple vista carece de estudios que lo respalden ni de un plan de acción para instrumentarlo, vaya a tener la tracción necesaria, ni la sindéresis política y capacidad instrumental para ponerse en marcha.  La Asociación Nacional de Industriales ha decidido pedir la derogatoria del Estado de conmoción por considerarlo innecesario para poner fin a la violencia desatada en el Catatumbo. De hecho, a más de un mes de la declaratoria de conmoción que tuvo lugar en enero no existe un cambio cualitativo visible. La Corte Constitucional controla el estado excepcional y de no encontrarlo ajustado a las normas lo puede dejar sin efecto, sin hablar de que el Congreso también tiene capacidad de revisión ex post de los decretos que se promulguen de y su ejecución.

Una vez mas nos encontramos frente una de esos proyectos gaseosos, superfluos y falaciosos que se encaminan solo a tranquilizar a la colectividad creando una percepción de eficiencia que no es tal. 

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