Con base en el impacto en materia de inseguridad ocasionado por el Tren de Aragua en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, mete en el mismo saco peras y manzanas. Lo ocurrido con Arturo Suárez Trejo, migrante caraqueño con 6 años en Santiago de Chile, donde lanzó su carrera musical, es una muestra de la criminalización de la migración.
Nathali Sánchez, esposa de Arturo, lo reconoció -pese a que estaba absolutamente rasurado -en una foto emblemática que mostraba a un grupo de venezolanos con franelas y shores blancos, como parte del lote de más de 220 deportados por la Casa Blanca a directamente hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en San Salvador, una prisión inexpugnable, inaugurada el 31 de enero de 2023 por Nayib Bukele, como símbolo de su “guerra contra las pandillas”.
“Él es artista emergente. Estábamos residenciados en Chile, donde produjo varios eventos musicales. Acá llevaba su trabajo y una carrera musical activa, pero en septiembre pasado se le presentó la oportunidad de irse a EEUU a trabajar y expandirse en su música. Yo lo apoyé. Él llegó con la CPB ONE”, detalla Sánchez, quien clama por el retorno en libertad del padre de su bebita de tres meses, quien se ganaba la vida como jardinero.
Esta deportación inesperada contó con el aval de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 227 años de antigüedad que otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La Ley se ha utilizado tres veces a lo largo de la historia, según afirman investigadores del Centro Brennan, un instituto no partidista de derecho y políticas públicas de Nueva York. Se utilizó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial para detener y expulsar a miles de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, así como durante la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña.
Según el estamento, el presidente puede detener y deportar a nativos y ciudadanos de una nación combatiente incluso sin una audiencia previa. Su finalidad era impedir el espionaje y el sabotaje durante la guerra, pero también se ha utilizado para perseguir a inmigrantes que no han infringido ninguna ley, no han mostrado indicios de deslealtad y cuya situación en EE. UU. es legal, de acuerdo con los investigadores.
“Es un recurso excesivamente amplio que puede permitir violar derechos constitucionales en tiempo de guerra y está sujeto a abusos en tiempo de paz”, afirman.
¿Son delincuentes?
Las denuncias abundan no solo en redes sino en Venezuela y otros países. “Somos ingenuos ante la atrocidad que está ocurriendo”, le asegura a la BBC Mundo, Myrelis Casique López, de 44 años, desde su casa en un barrio pobre de Maracay, Venezuela.
Pensó que su hijo iba a ser deportado a Caracas desde Texas, Estados Unidos, el sábado, pero terminó en El Salvador acusado de ser un peligroso criminal.
Myrelis reconoció a su hijo entre los 238 migrantes venezolanos enviados el domingo al Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, por orden del presidente Donald Trump.
«Es él, es él (…) yo siempre lo afeité desde bebé, le reconozco su fisonomía (…) ahí se le ve el tatuaje», repite sin dudar al ver una fotografía donde se observa al grupo sentado en el suelo, pero con cabeza y rostro hacia abajo, en el Cecot.
Se trata de Francisco José García Casique, de 24 años, un inmigrante venezolano que entró de manera irregular a Estados Unidos, el 25 de diciembre de 2023.
El Cecot es una cárcel presentada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como «la más grande de toda América», para criminales. «Es muy duro porque no estamos hablando de un criminal (…) Quiero hacer énfasis que mi hijo es inocente».
Sin aportar detalles, Bukele dijo que los migrantes que llegaron a su país el domingo son miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. En el mismo vuelo fueron deportadas otras personas acusadas de pertenecer a la pandilla MS-13.
A Arturo Suárez Trejo se lo llevaron engañado. Un día antes le habían asegurado que los deportarían a Venezuela, pero el destino es uno tan insospechado como peligroso. “Trump envió a mi esposo a una cárcel de Bukele por el tatuaje de un colibrí que se lo hizo hace años y que representa alegría, sanación, adaptabilidad, y transformación. Mi esposo es una persona soñadora, que transmite energía positiva a quienes lo rodean. Es increíble que por un tatuaje lo criminalicen”, insiste Nathali Sánchez desde Santiago.
En Maracaibo, familiares de cuatro pescadores que también fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador, protestaron en las calles. Y piden a Nayib Bukele revisar caso por caso los supuestos antecedentes de cada uno.
Sobre la lluvia de denuncias, Marcos Rubio, secretario del Departamento de Estado, comentó en una reciente entrevista sobre la posibilidad de que algunos deportados no sean miembros del Tren de Aragua o cualquier otra organización criminal: “Ahora, asumiendo, supongamos, y no estoy diciendo que este sea el caso, porque creo que hay una alta fidelidad y confianza de que, de hecho, eso es exactamente lo que cada uno de ellos era, pero si uno de ellos resulta no serlo, entonces simplemente está ilegalmente en nuestro país y los salvadoreños pueden deportarlo a Venezuela”.
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