El ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren, se reunió hoy con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a quien entregó “antecedentes y elementos” sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y se planteó la posibilidad de “una cooperación más estrecha” entre la investigación de Chile y de la CPI sobre Venezuela.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, que participó en la visita, entregó “antecedentes y elementos” sobre el crimen. Chile considera que “esta información de contexto puede ser de utilidad” para la investigación abierta por la CPI en 2021 de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que “la hipótesis de la indagatoria de la Justicia chilena apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros”.
Valencia y Van Klaveren se vieron este viernes en la CPI con el fiscal Khan, la presidenta, Tomoko Akane, y el secretario de la Corte, Osvaldo Zavala Giler.
En una entrevista con EFE al término de las reuniones que tenía agendadas para este viernes en La Haya, el ministro explicó que a su país le “interesaba compartir” con la CPI algunos avances de la investigación que está realizando el Ministerio Público en Chile “en torno a un alevoso crimen del que fue objeto el exmilitar venezolano, el expediente Ojeda”.
“El móvil de este crimen fue un móvil claramente político. No fue un crimen normal. No hubo ninguna petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía un móvil político y ese móvil político podría estar asociado a la acción de agente de otro Estado y eso obviamente significa una situación de especial gravedad para Chile”, advirtió.
Sobre los posibles vínculos de la banda de origen venezolano Tren de Aragua, el ministro subrayó que “no hay que descartar la posibilidad de que el crimen haya sido cometido por integrantes de una célula o de un grupo” de esa banda, pero considera “difícil encontrar una motivación interna” de esta para cometer un crimen de esta naturaleza.
“Las líneas de investigación apuntan a un crimen por encargo y hay que preguntarse quién hizo ese encargo, quien tuvo interés en eliminar a un miembro de la oposición venezolana que, además, incluso había participado en algunas acciones con colegas exmilitares en la propia Venezuela”, señaló el ministro, que dijo “no tener respuesta todavía” porque “obviamente debe ser probada” por los tribunales chilenos.
Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes chilenos. Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en Santiago y su cadáver fue localizado diez días después, sepultado bajo un bloque de cemento, a las afueras de la capital.
Hasta el momento, han sido identificadas al menos 16 personas como participantes en ese crimen, entre ellos siete en Chile, dos en Colombia y otros dos en Estados Unidos. Los detenidos son miembros de una facción de Tren de Aragua, aunque todavía no se ha determinado quiénes son los autores intelectuales del asesinato.
El Ministerio Público chileno sospecha del chavismo y a finales del pasado enero desveló que un testigo señaló a Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano y mano derecha de Nicolás Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
La familia del exteniente también defendió siempre la participación del Gobierno de Maduro y cree que el crimen forma parte de “un plan sistemático de persecución y eliminación de opositores políticos”, aseguró a EFE Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia.
De 32 años, Ojeda era parte del grupo de militares antichavistas Movimiento por la Libertad y la Democracia, que negaban la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe.
Van Klaveren y el fiscal Valencia compartieron este viernes con la CPI “información de carácter más bien general”, pero también le plantearon “la posibilidad de lograr una cooperación más estrecha entre la investigación” que está realizando la fiscalía de la CPI sobre Venezuela y la que lleva a cabo el Ministerio Público chileno.
“Yo creo que el fiscal (Valencia) recibió una respuesta en general positiva, pero obviamente hay que ver cómo se va a concretar esa cooperación”, explicó el ministro. Sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, añadió, el fiscal le aseguró que “está avanzando” y que el equipo que trabaja en el caso “se tomaba muy en serio” los informes, pero que “no podía compartir elementos más concretos” de esa búsqueda de pesquisas de la CPI. EFE
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