Una sanción seguida de una gran concesión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una prórroga de 60 días, hasta el 27 de mayo, del periodo de liquidación concedido a la petrolera estadounidense Chevron para que cierre sus operaciones en Venezuela. La medida permite a la compañía continuar temporalmente sus actividades en el país sudamericano, mientras mantiene una intensa campaña de presión, a través de sus lobistas en Washington, para obtener nuevas extensiones y evitar su expulsión definitiva.
Esta prórroga, que llega tras el anuncio del mes pasado de que Trump revocaría la licencia otorgada a Chevron por la Administración de Joe Biden, se produjo apenas unas horas después de que el propio mandatario comunicara la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que adquiera petróleo o gas venezolano. Esa medida entrará en vigor el próximo 2 de abril y afectará especialmente a naciones como China, España y Cuba.
De este modo, Chevron -una empresa con sede en Texas- obtiene un plazo adicional para seguir operando en Venezuela, mientras que España y otros países compradores de crudo venezolano se enfrentan a una penalización inmediata. Trump justificó este endurecimiento alegando que el régimen de Nicolás Maduro ha enviado «de forma deliberada y engañosa» a decenas de miles de delincuentes a territorio estadounidense.
España figura entre los países que podrían verse más afectados por la nueva política arancelaria. Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), en 2024 España importó más de tres millones de toneladas de crudo venezolano, lo que supone un aumento del 116,1% respecto al año anterior y representa el 4,7% del total de sus importaciones de petróleo.
En 2023, China absorbió el 68% de las exportaciones petroleras venezolanas, consolidándose como su principal socio energético. Le siguieron Estados Unidos (23%), España y Cuba (4% cada uno) y Singapur (1%).
En una breve comparecencia ante los medios, Trump afirmó que los aranceles se sumarán a otros ya anunciados sobre productos como el acero y el aluminio, y a nuevas medidas recíprocas que anunciará el próximo 2 de abril. «Si después les aplico otros aranceles del 20%, tendrán aranceles del 45%», dijo el presidente.
Las gestiones de Repsol
La compañía española Repsol mantiene operaciones conjuntas con la estatal Pdvsa, amparadas hasta ahora por licencias especiales otorgadas por Estados Unidos. En abril de 2024, en un contexto de distensión con el chavismo, Repsol anunció una significativa expansión en Venezuela, al firmar un acuerdo con Pdvsa para desarrollar los campos de Tomoporo y La Ceiba, con reservas superiores a 5.000 millones de barriles. Según explicó entonces su consejero delegado, Josu Jon Imaz, la producción de Repsol en Venezuela se duplicaría hasta alcanzar unos 20.000 barriles diarios.
La imposición de estos nuevos aranceles genera incertidumbre sobre el futuro de varias compañías internacionales activas en Venezuela, especialmente aquellas que comercializan crudo en el extranjero. Además de Repsol, podrían verse afectadas empresas como la italiana ENI, la india Reliance y otras que han mantenido operaciones con licencias condicionadas.
Preocupación en los mercados internacionales
La Administración Trump ha justificado estas medidas como parte de una estrategia para aumentar la presión sobre Maduro y su entorno, y para limitar los vínculos del régimen con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, recientemente designada como «organización terrorista extranjera».
Además del sector energético, Trump anunció que se están preparando aranceles adicionales sobre automóviles y productos farmacéuticos, con el argumento de que estas medidas incentivarán la inversión y el regreso de la producción a territorio estadounidense.
Estas decisiones han generado preocupación en los mercados internacionales, ante la posibilidad de que provoquen un repunte en los precios del petróleo y afecten las relaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios estratégicos. Al mismo tiempo, podrían reducir el volumen de importaciones de crudo venezolano por parte de países que quieran evitar los nuevos aranceles, afectando la liquidez del régimen de Maduro.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, Chevron ha intensificado su actividad de lobby para mantener su presencia en Venezuela, evitando así un escenario de embargo total como el que vivió durante el primer mandato del republicano.
El director ejecutivo de la compañía, Mike Wirth, lideró personalmente las gestiones en Washington. Mantuvo reuniones privadas con miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. También se reunió con Trump en la Casa Blanca, en un encuentro organizado por el American Petroleum Institute que reunió a ejecutivos del sector energético.
Durante esos encuentros, Wirth argumentó que una retirada de Chevron abriría espacio a potencias rivales como China, y que la presencia de la compañía en Venezuela servía para mantener cierta estabilidad económica en la región. Según fuentes cercanas a esas gestiones, Chevron pidió una extensión mínima de 60 días más allá del plazo original del 3 de abril, que Trump había fijado para el cierre de sus operaciones. La empresa consiguió finalmente la prórroga hasta el 27 de mayo.
Trump ha retomado el contacto con la dictadura chavista, enviado recientemente a un asesor suyo a negociar directamente con Maduro, pero a la vez ha tratado de acabar con las operaciones petroleras de Estados Unidos y sus socios en Venezuela, lo que supondría un gran revés para el régimen y su acceso a liquidez.
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