Las máquinas de coser y las computadoras acumulan polvo en la oscuridad. Antaño fueron herramientas de esperanza y empoderamiento, una promesa para quienes buscaban construirse una vida.
Este taller abandonado no es una fábrica cualquiera. Se trata de una escuela de formación profesional en Cali, al suroeste de Colombia, gestionada por contratistas locales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y que en su día fue una vía para que emigrantes venezolanos como Alexandra Guerra desarrollaran las habilidades necesarias para incorporarse a la industria zapatera.
La escuela ofrecía a esta joven de 25 años, madre soltera de dos hijos, una forma de mantener a sus hijos, a su hermana pequeña y a su madre. USAID incluso iba a pagar a Guerra un subsidio diario mientras buscaba trabajo.
Pero sus esperanzas se vieron truncadas cuando la Casa Blanca suspendió la ayuda exterior el mes pasado. Su clase se cerró. Los cursos cesaron. Y las perspectivas de quedarse en Colombia volvieron a ser sombrías.
Los cambios radicales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ayuda exterior llevaron al rápido desmantelamiento de USAID. Se congeló la ayuda exterior, se retiró al personal de USAID en todo el mundo y varios fueron puestos en excedencia en el aparente intento del presidente de cerrar la agencia, a la que había declarado un despilfarro de dinero.
Pero en América Latina, USAID había ayudado a crear oportunidades económicas para personas como Guerra, según el sitio web de la agencia antes de que fuera desconectada, dando a los migrantes un grado de estabilidad y, a menudo, una razón para quedarse.
Sus defensores dicen que USAID ayudó a frenar la migración de raíz, el mismo fenómeno que la administración Trump quiere detener con políticas como las deportaciones masivas desde Estados Unidos, las redadas del ICE y el refuerzo en la frontera sur.
Gustavo Vivas, director de proyectos del programa de USAID en el que Guerra estaba inscrita, dice que la nueva política de recortes es contradictoria.
“Es curioso que una solución a muchos problemas –incluidos los relacionados con la migración– se detenga”, dijo a CNN, sentado en un aula de informática que no se usa desde el 27 de enero. Añadió que sus programas ayudan a “evitar que más venezolanos intenten llegar a Estados Unidos”.
Hogar de la mayor población migrante venezolana del mundo, Colombia está llena de personas con historias como la de Guerra.
En 2019, dejó atrás su pueblo en Cojedes, Venezuela, y a su familia, haciendo el viaje a Colombia a pie. Pudo reunirse con su familia un año después, después de que se unieran a ella en medio de los bloqueos pandémicos.
El año pasado, Guerra solicitó acogerse al Programa de Movilidad Segura con la intención de emigrar legalmente a Estados Unidos.
Programas como el de Movilidad Segura fueron iniciativas de la administración Biden para ofrecer vías legales a los migrantes en situaciones difíciles para reubicarse de forma segura en Estados Unidos, como los venezolanos y nicaragüenses que huyen de regímenes autoritarios.
Pero las esperanzas de Guerra se desvanecieron cuando se cerró el programa y se suspendió su solicitud el mes pasado, justo una semana antes de que se cancelaran sus clases.
En su lugar, ha puesto sus miras en emigrar a Europa, donde tendría que hacer el viaje sola una vez más mientras sus hijos, de cuatro y ocho años, se quedan con su abuela.
“Independientemente de que no vaya a ser Estados Unidos, cualquier país me vale”, dijo. “Quiero trabajar y ganar lo suficiente para abrir mi propio negocio en Venezuela, algún día… Ahora mismo, soy candidata a un puesto de trabajo en un aeropuerto italiano. Mi duda era que, como Safe Mobility había cerrado, quizá los demás programas [no estadounidenses] también lo harían”, dijo.
Es probable que Guerra no sea la única migrante en Colombia que sueña con abandonar el país.
Las autoridades colombianas afirman que el cierre de USAID empujará a aún más personas a emigrar, ya que su país era uno de los mayores receptores de fondos de ayuda estadounidense en el mundo, con más de 82 programas por valor de casi US$ 2.000 millones actualmente suspendidos debido a la orden de Trump.
‘Los inmigrantes no se van de su país solo porque quieren’
Otros migrantes, como Ayarith Olimpio, se encuentran atrapados tras el congelamiento de la ayuda. Hablaron con CNN sobre la imposibilidad de reubicarse y de fomentar la comunidad que tanto les costó construir.
Ella da crédito al equipo del centro de formación profesional de Cali por proporcionarle orientación a través de psicólogos, asesores y mentores para apoyarla más allá de las aulas.
“Aquí, este centro se convierte en la red familiar que te puede ayudar. Tal vez un amigo que haces en el trabajo, tal vez un vecino de la calle que conoces aquí”, dijo a CNN.
Sin embargo, casi cinco años después de establecerse en Cali, Olimpio no ha renunciado al sueño de trasladarse a otro país que pueda ofrecerle más oportunidades que Colombia. Se plantea la posibilidad de trasladarse a Estados Unidos, pero Olimpio afirma que solo lo haría por vías legales.
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