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Las más recientes medidas y acciones de la administración Trump en relación con la deportación de extranjeros y la situación de los venezolanos en Estados Unidos ha generado una justificada preocupación y un debate importante en el país.
La deportación y la expulsión son dos procedimientos distintos, aunque tengan elementos comunes importantes. La deportación es la potestad de un Estado de enviar bajo coacción a un extranjero fuera de su territorio, al país que elija. Sin duda, todo Estado tiene el derecho de reglamentar y elaborar las políticas que más le convengan sobre el ingreso, la permanencia y la deportación o expulsión de extranjeros, pero ese derecho tiene límites en el Derecho Internacional cuando le somete al respeto pleno de los derechos humanos. Es decir, un Estado puede ejercer sus derechos en esta materia, pero no en forma arbitraria en contra de las normas fundamentales de protección de la persona.
La deportación y la expulsión de extranjeros puede ser justificada por la irregularidad del ingreso o por las actividades delictivas que en su territorio pudiesen estar realizando esas personas. En nuestro caso, la nueva administración de Estados Unidos ha anunciado la deportación de miles de extranjeros, muchos de ellos venezolanos, acentuando que algunos están relacionados con el conocido Tren de Aragua, grupo transnacional delictivo organizado, cuyo origen, creación y apoyo es conocido por todos, más en Estados Unidos.
El gobierno no puede, sin embargo, “deportar” a ciudadanos cuya vida e integridad física pueda estar en peligro por simplemente ser opositores o perseguidos políticos. Una decisión ignorando esta eventualidad contrariaría claramente un principio fundamental, hoy reconocido como norma superior o de jus cogens, el principio de no devolución o non refoulement de una persona a su país de origen cuando su vida está en peligro.
La segunda cuestión relacionada con este tema es el argumento relativo a la seguridad de Estados Unidos. Es cierto también que los Estados establecen libremente sus políticas de seguridad para garantizar su estabilidad y seguridad. Sin embargo, la seguridad debe ser vista de manera más amplia y no solamente desde la perspectiva de Estados Unidos, a mi juicio limitada y errada. La idea de hacer una América más grande, como lo han dicho los expositores de la nueva administración, supone seguridad interna, pero ello a su vez exige la estabilidad y la seguridad de la región que se ve hoy amenazada por regímenes dictatoriales como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, inmersos además en actividades delictivas transnacionales, como especialmente el grupo de Maduro que ha secuestrado el poder, a su gente y a las instituciones. El expansionismo ideológico que pretenden estos regímenes y grupos en el poder constituye una verdadera amenaza para la paz y la seguridad regional y, por supuesto, para Estados Unidos.
Por último, un acto que se relaciona con los anteriores que ha sido interpretado de diferentes maneras por los medios y la opinión pública, claramente por las redes. Me refiero al supuesto reconocimiento de Maduro como presidente legítimo de Venezuela, lo que se traduciría, como algunos han interesada y perversamente dicho, en la “normalización” de la situación en Venezuela, lo que podría justificar la limitación de los permisos para permanecer en Estados Unidos y el regreso de nuestros compatriotas a “un país seguro”.
La visita a Caracas del enviado especial del presidente Trump para lograr la liberación sin contrapartida alguna, de un grupo de rehenes estadounidenses en poder del cartel de Maduro desde julio del año pasado, no significa reconocimiento alguno. Fue un “contacto” para resolver una cuestión puntual, la liberación de un grupo de rehenes, que no tiene ninguna significación política y jurídica, a pesar del apretón de manos y la forzada sonrisa del representante personal del cartel de Maduro, Jorge Rodríguez, recogida en una foto oficial dirigida más a su público interno y a los enfrentados subgrupos de poder del cartel.
De manera que las deportaciones y expulsiones son una facultad de los Estados, pero ajustada al Derecho Internacional; la seguridad de Estados Unidos depende de la seguridad y de la estabilidad de la región y del cese de las amenazas de dictaduras que participan en actividades delictivas transnacionales; y, el reconocimiento de un gobierno, en el sentido estricto del término, no depende simplemente de un apretón de mano o de su saludo en medio de conversaciones para obtener resultados concretos, como la liberación de rehenes, aunque no se haya suspendido la licencia a Chevron, lo que muchos esperaban a pesar de su vigencia hasta abril próximo, que podría parecer un cambio de la Casa Blanca y un acercamiento al grupo de Miraflores.
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