La organización Amnistía Internacional calificó como un «acto de racismo» la decisión del gobierno de Donald Trump de cancelar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para 300 mil venezolanos, que dijo no pueden regresar a su país por riesgos para su seguridad.
«Esta decisión huele al racismo del presidente Trump hacia los venezolanos. 300.000 de nuestros vecinos venezolanos han perdido su seguridad y simplemente no pueden regresar«, dijo la ONG en su cuenta de la red social X este lunes 3 de febrero.
Añadieron que la población venezolana que llegó a Estados Unidos en los últimos años lo hizo por la crisis de seguridad, la persecución política y las condiciones económicas que se agravaron con Nicolás Maduro en el poder.
«Se trata de personas que buscan seguridad, huyendo de una crisis humanitaria y de una grave represión política», alertó Amnistía al condenar la decisión del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense que oficializó el fin del TPS para la población venezolana que llegó a EEUU en el año 2023.
En su sitio web, la directora de la organización para las Américas, Ana Piquer, condenó las nuevas políticas migratorias que se aplican en EEUU desde finales de enero con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
«Las medidas ejecutivas adoptadas por el presidente Trump afectan gravemente a los derechos de quienes buscan asilo y ponen en peligro incontables vidas, creando amenazas inexistentes para ampliar la militarización, la externalización de las fronteras, el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, las expulsiones aceleradas y la criminalización de quienes defienden los derechos de las personas migrantes».
Venezuela no tiene relaciones diplomáticas con EEUU desde febrero de 2019 cuando en ese entonces Trump, en su primer mandato, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país.
Amnistía pide no apoyar políticas de Trump
Piquer también extendió un llamado «a los gobiernos de la región (para) que se abstengan de participar en políticas que socavan los derechos y la dignidad de quienes buscan asilo».
Sin embargo, la mayoría de los países de América Latina comenzaron a recibir a deportados de sus nacionalidades como Guatemala y Colombia, país al que Trump le impuso aranceles y otras sanciones por impedir la llegada de los dos primeros vuelos con deportados, pero que no llegó a aplicar tras resolver una crisis diplomática con uno de sus socios estratégicos en Suramérica.
Este lunes en El Salvador, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, acordó con el presidente Nayib Bukele el envío de deportados con antecedentes criminales, tras una visita a esa nación centroamericana.
«Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) en nuestra megaprisión (CECOT) a cambio de una tarifa», dijo Bukele tras la rúbrica del acuerdo.
Piquer también sostuvo que Trump sólo «podrá aplicar sus nocivas políticas si los países de las Américas aceptan su juego. Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que se abstengan de participar en políticas que socavan los derechos y la dignidad de quienes buscan seguridad.”
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