En un documento de 37 páginas, ocho instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y seis relatores especiales, denunciaron por primera vez la grave crisis carcelaria que afecta a Venezuela.
En la comunicación dirigida al gobierno de Nicolás Maduro, afirman: “Los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, presentarían condiciones de detención inadecuadas, de manera sistemática, lo cual sería un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada, condiciones sanitarias adecuadas y la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad”.
A continuación, los temas más importantes del documento:
Hacinamiento en los centros penitenciarios
El documento denuncia el hacinamiento en las cárceles venezolanas. Informan que según información, recibida en el 2023, en el país hay 52 centros penitenciarios y de esos solo 35 están operativos.
“En 2023, las personas privadas de libertad en Venezuela habrían sido más de 29.500, por lo tanto, con una tasa de hacinamiento promedia nacional de 173 por ciento, un 10 por ciento más respecto al año anterior. El mismo año, alrededor de 28.000 personas habrían estado detenido en centros de detención preventiva”, expresa el documento.
Destacan que los centros de detenciones carecen de alimentación, acceso a la salud y medicamentos. Además, de que no cuentan con servicios básicos como el agua de manera constante y regular.
“Las personas privadas de libertad en estos centros suele depender de sus familiares para poder acceder a medicamentos en casos de enfermedad, incluso en caso de condiciones crónicas y degenerativas, y para la provisión de alimentos”, añaden.
Indican que las condiciones están dadas para que las personas privadas de libertad presenten cuadros de enfermedades gastrointestinales y malnutrición, así como de problemas respiratorios, y en algunos casos afectarían de manera irreparable, el bienestar tanto físico como mental de las personas privadas de libertad.
Sin atención médica especializada
De acuerdo a la información recibida por los especialistas, en las cárceles del país no hay atención médica especializada y persisten retrasos hospitalarios injustificados. En diversas manifestaciones, los familiares de presos políticos han afirmado que las autoridades no son oportunas al momento de trasladar a pacientes con patologías graves.
“En algunos centros, las emergencias serían atendidas de manera precaria y los procesos para traslados de emergencia serían engorrosos. También se ha informado sobre la falta de atención especializada para las mujeres privadas de la libertad, particularmente de la ausencia de tratamiento en ginecología”, se lee en el informe.
Situación en el Rodeo I
Las ocho instancias condenaron la situación en el Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.
“Las comidas serían suministradas dentro de las celdas de detención, donde las personas privadas de libertad también deben hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina. Debido a dichas condiciones de detención, en Rodeo I se habrían reportado infecciones a la piel, deshidratación y diarrea aguda”.
Las investigaciones apuntan que a los privados de libertad solo le permiten una salida al patio en el día, pero solo a algunos, otros permanecen en celdas individuales sin la posibilidad de tener contacto con otros.
El informe denuncia que las condiciones de detención en este tipo de centros se agravaron en el contexto posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.
“Además del aumento del hacinamiento en los centros de detención después de las elecciones, la situación de las personas privadas de libertad se habría agravado también debido a restricciones para las visitas de familiares, disminución de número de comidas proporcionadas al día, en manera selectiva y presuntamente punitiva, contra algunas personas privadas de libertad opositoras del Gobierno o percibidas como tales, como reportado en Rodeo”, abundaron.
Requisas invasivas
Algunas mujeres han declarado sobre las requisas invasivas en las cárceles venezolanas. El informe sostiene: “Ha sido reportado que varias mujeres habrían sido acosadas, humilladas, forzadas a desnudarse, sometidas a requisas invasivas por personal de los centros de detención, en el intento de hacer llegar bienes de primera necesidad a sus familiares detenidos”.
Añaden que “Personas privadas de libertad y sus familiares que las visitan en centros de detención, sobre todo en el caso de mujeres y niñas, habrían sido víctimas de actos de violencia sexual y de género, durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención”.
Los casos destacados
Hay casos individuales que los expertos destacaron, además de afirmar que después de las elecciones del 28 de julio, la situación se agravó en los centros penitenciarios del país.
Entre ellos mencionan el de Anthony Molina, detenido en el 2017, y que se encuentra en Coro. Relatan como se le negó atención médica adecuada, a pesar de presentar cuadro de un absceso en el cuello y a una tuberculosis crónica.
El caso de Emirlendris Carolina Benítez Rosales, a quien privaron de libertad desde el 2018, también se mencionó en el informe. Las alegaciones, documentan las torturas que vivió la mujer, de 43 años, mientras estuvo detenida en Boleíta, Caracas.
“Incluyendo asfixias con bolsas plásticas, sumersiones de su cabeza en tobos con agua y golpes, incluyendo en la región abdominal”, precisan. En este momento, se encuentra detenida en el INOF, en los Teques, y estaría sufriendo graves problemas de salud.
Refieren también el caso de Josnars Baduel, joven de 35 años, detenido en el 2020, en el estado Aragua. “Habría sido sometido a torturas por parte de agentes de la DGCIM, incluyendo golpes en el cuerpo, colgamiento de los brazos, inducción de cargas eléctricas en los órganos genitales e inanición, por falta de alimentos”, establece el documento.
Los expertos también hacen mención del padre de Josnars, el general Raúl Isaías Baduel, quien “murió al lado de su hijo en el Centro de Máxima Seguridad I del Área Metropolitana de Caracas (conocido como Helicoide), presuntamente a causa de falta de atención médica por secuelas de COVID-19 y tortura”.
Hacen mención asimismo de las represalias del Estado hacia la familia y se refieren a Andreína Baduel, hermana y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, afirmando que le han negado la visita y permitiendo visitas por parte de otros familiares.
Otro caso particular expuesto en el informe es el de José Javier Tarazona Sánchez, director de la organización Fundaredes, a quien detuvieron en el 2021. Alegan que al momento de su detención, Tarazona sufría de problemas cardiovasculares y respiratorias, pero que le han negado la atención médica oportuna.
“La defensa legal de José Tarazona habría solicitado ante el Ministerio Público y al Tribunal a cargo, en al menos cuatro oportunidades desde su detención, una medida humanitaria o sustitutiva de la privación de la libertad motivada por su condición de salud, la cual no habría sido resuelta”, agregan.
El escrito hace mención a otros casos como el de Dignora Hernández, miembro de Vente Venezuela, y cuyos familiares manifiestan que no se ha proporcionado la atención médica oportuna para tratar alergia angioedema y urticaria que padece.
“El 7 de octubre de 2024, se habrían presentado escritos sobre su situación de salud ante la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público y el Defensor Público, los cuales no habrían recibido respuesta“.
El documento insta a la administración de Nicolás Maduro a respetar las Reglas Mandela, a las cuales está suscrito el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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