Gustavo Petro no sufre de ceguera. Sabe de sobra lo que ocurre en Venezuela. En campaña, y después como presidente de Colombia, pensó que estaba llamado a “salvar” al país de al lado. Como buen hombre de poder, tiene fe en sí mismo hasta el engaño. Pensó poseer el remedio. Quiso aprovechar que el chavismo lo veía con buenos ojos para convencer a Nicolás Maduro de que se sentara con la oposición y ambos firmasen un documento de transición política. Ese contrato, a grandes rasgos, debía recoger que se aceptaría el resultado, fuese cual fuese, y el ganador no perseguiría al perdedor. Era una forma, pensaba Petro, de devolver a Venezuela al sendero de las democracias liberales. Este documento debería ser consensuado con la sociedad civil local y elaborarse rápido. Y lo más importante: en secreto.
El País de España | Juan Diego Quesada Santiago Torrado
El Gobierno, cuando EL PAÍS reveló la existencia de este plan, lo negó en público hasta en tres ocasiones. Sin embargo, uno de sus miembros reconocería meses después que fue un intento de que el asunto no saliera a la luz. Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo pensaron primero en un referéndum con preguntas muy concretas y sencillas que se votara el mismo 28 de julio, día de las elecciones. Semanas atrás, a principios de 2024, el presidente le había deslizado a Maduro que quería ser protagonista del cambio durante una de sus visitas a Caracas. “Yo propongo un pacto por la paz”, dijo Petro, según gente presente en esa reunión. Maduro no se lo pensó mucho y respondió: “Haga la propuesta y la miramos”.
La persona que debía tomar el control del plan era Milton Rengifo, embajador colombiano en Caracas. Pocos tienen más confianza con Petro que él, en pocos confía más el presidente. Rengifo se reunió con gente a izquierda y derecha, sumó empresarios y analistas venezolanos destacados. También a profesores universitarios, activistas, gente del mundo del petróleo. De esos encuentros salían borradores con preguntas tentativas para el referéndum. El canciller envió a algunos de sus consejeros más conocedores de Venezuela a ayudar en esta tarea. Estos consejeros tienen vía directa con el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno venezolano, pero también estrechos lazos con la oposición. Conocen a dios y al diablo.
A medida que se acercaba el 28 de julio, la fecha de las presidenciales, la propuesta de la consulta paralela dejó de tener sentido. Así lo expresó Murillo y su equipo. Aunque se pusiera todo el empeño, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tendría tiempo en organizarlo, tan atareado como estaba con los comicios. Se pensó entonces que la mejor solución era una firma entre los dos candidatos, Maduro y Edmundo González, el opositor que se presentaba en nombre de María Corina Machado, la verdadera líder de la oposición que había sido apartada de la carrera electoral por un veto chavista que Petro criticó en su día.
Una parte de la oposición en principio tuvo reticencias con el documento porque no se fía de Petro, al que consideran un aliado del chavismo. No gusta que cuando hable de Venezuela se refiera a “un conflicto”, como si las dos partes se pudieran igualar. El presidente colombiano extrema sus preocupaciones al hablar de la situación del país, lo que no le ocurre con otros enfrentamientos abiertos en otras naciones. Sin embargo, al final concluyeron que no era algo malo arrancar un compromiso al oficialismo. En ese momento mucha gente pensaba que Maduro no iba a aceptar una derrota, pero también un buen número creyó que sí, que no se atrevería a desconocer la voluntad popular de esa manera.
A finales de mayo, el documento quedó listo. Lo recibió Petro, le echó un vistazo su número 2, Laura Sarabia. No iba a ser fácil convencer a Machado que le dejase a Edmundo González firmarlo, Machado siente adversión por Petro. Pero era una posibilidad, era cuestión de ser persuasivo. El asunto no se quedó encallado ahí, sino con el chavismo. Maduro lo recibió con indiferencia. Jorge Rodríguez, su principal operador político, también mostró desinterés. Según fuentes internas del chavismo, consideraban que se trataba de una trampa, una vez firmado eso sería más difícil maniobrar. Desconfiaron de Petro y los suyos, creían que les atraían con propuestas envenenadas.
El documento se guardó en un cajón. Ese parecía su destino final. Pero Petro lo intentó recuperar en medio de la crisis poselectoral, sin otras salidas a la vista, en los días en que Colombia buscaba mediar por una solución junto al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, dos mandatarios progresistas con los que Petro comparte afinidades ideológicas. López Obrador, que nunca mostró interés en la política exterior, estaba de salida, en el ocaso de su sexenio, y optó muy pronto por abandonar ese esfuerzo para dejarle margen de maniobra a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Petro y Lula persistieron un tiempo más en su empeño. Se cuidaron de no quemar del todo los puentes con el chavismo y criticaron las sanciones, al tiempo que evitaban reconocer ganador alguno. Incluso deslizaron la posibilidad de un Gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías para todos como salidas a la crisis, pero se toparon con el rechazo tanto del chavismo como de la oposición. El colombiano llegó a esbozar un plan con pasos que incluyeran el levantamiento de todas las sanciones, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un Gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. No hubo caso. Lula acabó por enfurecer al chavismo al vetar el ingreso de Maduro a los BRICS, mientras que el famoso documento secreto volvió al cajón de la Casa de Nariño, donde desde entonces acumula polvo.
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