No respetar el resultado de las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio trajo como consecuencia manifestaciones de millones de electores que, en conocimiento de sus derechos políticos, salieron a las calles a reclamar el respeto a la soberanía popular expresada a través del voto aquel día. Hoy se cumplen 6 meses y la única respuesta que han recibido de parte de las autoridades ha sido persecución, detenciones arbitrarias, cárcel y torturas. Todas atrocidades cometidas con el aval de un sistema de justicia alejado de toda imparcialidad y ajeno a sus facultades y atribuciones establecidas en la Constitución.
Al día de hoy, según cifras de Foro Penal, continúan tras las rejas 1.601 presos políticos (ciudadanos, dirigentes políticos y periodistas).
El CNE cedió su autonomía e independencia al TSJ, que usurpando funciones emitió un fallo a favor del candidato del gobierno, para que luego la Asamblea Nacional ejecutara una proclamación que acabó enterrando los derechos políticos del pueblo. Entonces, no dudamos cuando decimos que los responsables de las violaciones de los derechos civiles y políticos de los venezolanos son el CNE , el TSJ y la AN .
Por lo expresado en las anteriores líneas considero entonces que no ético que un ente que irrespetó descaradamente los resultados de los comicios del pasado mes de julio convoque un nuevo proceso para el 27 de abril, como anunció ayer, para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, de alcaldes y gobernadores, así como de los representantes de los consejos legislativos regionales y concejos municipales. Y que además advierta que todos los partidos estarán obligados a reconocer los resultados que ellos tengan a bien informar.
Antes de hacer cualquier convocatoria, el CNE es el que está obligado a mostrar las verdaderas actas del 28J y el sistema de justicia a liberar a todos los presos políticos. No hay otra obligación que valga.
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