El Gobierno chavista de Venezuela condicionó en su momento los salvoconductos para que pudieran salir del país los seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que llevan casi nueve meses refugiados en la embajada argentina en Caracas, donde sufren el creciente asedio de las fuerzas de seguridad, según ha revelado este martes el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. En medio de las intensas gestiones diplomáticas que involucran a varias cancillerías de la región después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro puso como requisitos que Argentina liberara a una persona cercana al Gobierno venezolano y que Ecuador le concediera un salvoconducto al exvicepresidente correísta Jorge Glas, según ha contado el ministro de Exteriores de Gustavo Petro durante un acto de Gobierno en la isla caribeña de San Andrés.
“Desde el mismo instante en que se presentó ese incidente, nosotros ofrecimos asumir la custodia de la embajada de Argentina”, de la que se hizo cargo Brasil en su día, ha relatado Murillo al hacer una defensa vehemente de su labor al frente de la Cancillería. “Yo fui a Brasil personalmente, por instrucción del presidente Petro, y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela que se dieran los salvoconductos a estas seis personas, y ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador”, dijo, sin llegar a revelar el nombre del detenido en cuestión o las razones por las que se malogró ese intento de acuerdo.
Glas, vicepresidente de Rafael Correa, se encuentra encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Ecuador desde el 10 de abril, cuando el presidente Daniel Noboa ordenó a la policía y a los militares que asaltaran la embajada mexicana en Quito, donde se encontraba refugiado, y se lo llevaran a la fuerza. Poco antes había recibido el asilo por parte del Gobierno norteamericano, y desde los primeros días de su detención ha solicitado a los presidentes de México, Colombia y Brasil que medien para conseguir su liberación.
La Cancillería colombiana ya había rechazado este lunes el asedio a la embajada argentina en Caracas en un comunicado que atajaba las críticas internas al Gobierno de Petro por no condenar con mayor vehemencia a Maduro. El heredero de Hugo Chávez pretende juramentarse para un nuevo periodo como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero, a pesar de que todas las evidencias disponibles muestran que perdió por un amplio margen ante el opositor Edmundo González.
Colombia reiteraba en esa comunicación su “solicitud expresa” al Gobierno venezolano para respetar el Derecho Internacional, además de recordar que la “crisis política y humanitaria en Venezuela ha convertido a Colombia en un país de tránsito y acogida para millones de migrantes, reafirmando nuestra histórica tradición de brindar refugio y asilo a quienes lo necesitan”. Colombia, con más de 2.200 kilómetros de frontera compartida, es por mucho el principal receptor de la diáspora venezolana, con cerca de tres millones de migrantes en su territorio, que han huido de la inflación, la escasez de alimentos y medicinas o la inseguridad en sucesivas oleadas en los últimos años. A ese flujo se suma ahora el de aquellos que escapan de la represión y la persecución política tras las elecciones presidenciales.
La diplomacia colombiana ha sido muy activa en un intento de mediación –por momentos junto a Brasil y México– para lograr una salida negociada entre el Gobierno y la oposición venezolanas, que hasta ahora no ha arrojado mayores frutos. Petro ha insistido en que no habrá reconocimiento de ganador alguno sin actas electorales, un punto que siempre ha enfatizado Murillo, su canciller, resistido en Caracas por haber sido antes embajador en Estados Unidos. Pero tampoco ruptura de relaciones. El mandatario también ha dicho más recientemente que “en su debido momento” decidirá si asiste o no a la toma de posesión del 10 de enero.
“Nosotros no podemos estar diciendo en las redes sociales estos temas diplomáticos que son confidenciales”, ha defendido Murillo en sus palabras de este martes, en respuesta a las críticas que arrecian a medida que se acerca la toma de posesión. Recordó que tanto él como Petro le han insistido a las autoridades venezolanas para que se integren al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “No pueden salir a decir que no hemos hecho nada cuando no tienen la información; o lo que quieren es desinformación, o no tienen la información completa”, sostuvo al reivindicar que desde el primer momento Colombia ha establecido canales de comunicación tanto con el Gobierno chavista como con la oposición venezolana. Hasta el momento, las negociaciones de los salvoconductos de los seis refugiados parecían totalmente negadas. Las declaraciones han puesto luz sobre las exigencias que ha hecho el chavismo para ceder, y a las gestiones que ha puesto en marcha su principal vecino.
Cuando están a punto de cumplir nueve meses en la embajada de Argentina en Caracas, el Gobierno venezolano ha intensificado la presión contra la sede diplomática a la que entraron el 20 de marzo Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos y Claudia Macero, miembros del más cercano equipo de colaboradores de María Corina Machado, junto con el político Fernando Martínez Mottola. Desde entonces están tramitando un asilo político y los salvoconductos necesarios para salir del país. Se refugiaron allí luego de que se dictaran órdenes de captura en su contra bajo la acusación de estar involucrados en conspiraciones. También desde ahí coordinaron la campaña electoral con la que Edmundo González desafió a Maduro el 28 de julio.
La crisis diplomática entre Venezuela y Argentina ha tenido varios hitos. Luego de los comicios, el desconocimiento del Gobierno de Javier Milei a los resultados incompletos con los que se proclamó a Maduro llevó a una ruptura de relaciones y a la expulsión del personal diplomático argentino, con lo que Brasil asumió la representación de los intereses de ese país en Venezuela. En septiembre, las fuerzas de inteligencia incrementaron la vigilancia de la sede y aplicaron una estrategia de presión, que llevó incluso a revocar la autorización dada a Brasil para la custodia del bien y sus ocupantes, una tarea que continúa asumiendo en busca de un tercer país al que Venezuela esté dispuesto a dar el aval. Esto ocurría a la par que Edmundo González negociaba su salida del país desde la Embajada de España en Caracas. El asedio, con excesiva presencia de hombres armados y encapuchados, continuos ruidos y luces de las sirenas, además del corte de los servicios básicos, llevó la situación al extremo. Los últimos días han sido de supervivencia para los seis dirigentes. Desde hace una semana quedaron solos en la residencia sin personal de la embajada. Por razones de seguridad, Argentina los mandó a sus casas. Luego de esto, la Policía se llevó detenido a un chofer que trabajaba para la sede diplomática.
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