El chavismo busca dinero en efectivo de forma desesperada para dar cobertura al mandato fraudulento de Nicolás Maduro, que comenzaría en un mes. Uno de los planes avanzados por la revolución que empobreció al país pasa por la privatización de más de 500 empresas públicas, muchas de ellas nacionalizadas por el propio Hugo Chávez. Un proceso sin transparencia del que se desconocen las empresas elegidas, ni por supuesto sus balances auditados. Estilo chavista 100%.
Al frente de la operación se sitúa el flamante ministro de Industria, Alex Saab, considerado por la anterior Fiscalía chavista como el testaferro del «presidente pueblo» y principal operador financiero de la revolución para sortear las sanciones internacionales. El magnate colombiano se benefició hace un año del canje por una docena de rehenes estadounidenses, pese a estar encarcelado en Florida acusado de blanqueo de capitales obtenidos por la corrupción y pago de sobornos.
La gran paradoja es que fue el propio Chávez quien, animado por la bonanza petrolera, se convirtió en el gran empresario del país que llegó a ser la economía más rica de la región. El «comandante supremo» nacionalizó, expropió e intervino bancos, siderúrgicas, eléctricas, empresas de telecomunicación y alimentación, líneas aéreas, fincas, empaquetadoras y muchas más. Todas ellas cayeron en su producción y provocaron pérdidas millonarias, un factor fundamental en el derrumbe del país. Sin ese proceso no se puede entender la escasez y desabastecimiento que generó tanta hambre en Venezuela.
Otro de quienes aparece detrás del negocio es Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), uno de los empresarios que ha apostado por la «normalización» del chavismo, fraude electoral incluido. En círculos bancarios caraqueños se cree que Pisella pretende ser ministro en el próximo gabinete de Maduro.
Según esta confederación, el Gobierno ya tiene preparadas 350 empresas públicas para su venta, principalmente para inversionistas nacionales, ya sea a través de venta directa o con alianzas entre el Estado y el capital privado. Una de las primeras operaciones se llevaría a cabo con la Siderúrgica de Guayana, que necesita dinero fresco para incrementar su capacidad de producción a 1.250 millones de toneladas métricas anuales de acero. El sector siderúrgico de esa zona del país, otrora la gran locomotora económica junto al petróleo, está en bancarrota, destruido por la corrupción y la nefasta gestión de militares y militantes chavistas.
«No veo posible la venta de estas empresas en la actualidad, están muy mal, a lo que se añade la incertidumbre del momento político. En todo caso, sí es más factible vender Cantv [empresa estatal de telecomunicaciones] o Movilnet [empresa estatal de telefonía móvil, competidora de Movistar]», subrayó para EL MUNDO el economista José Guerra, antiguo funcionario del Banco Central de Venezuela y el gurú que adelantó hace 20 años el derrumbe de la economía venezolana.
Delcy Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de la República, también interviene en el proceso; de hecho, ha adelantado que la idea es que sean los socios particulares los que gestionen las compañías privatizadas, en un intento de generar confianza ante la desastrosa y corrupta gestión actual.
«La principal pregunta es quién se atreverá a comprar una de esas empresas en un país con tanta inseguridad jurídica. Si lo compran empresas transnacionales y las dejan operar bien pudiera pensarse que aportará a la producción… ¿Pero se atreverá a comprar alguien?», cuestiona para este periódico el economista y matemático José Noguera, profesor titular en la Universidad de Santiago de Chile.
La iniciativa revolucionaria llega cuando Estados Unidos y Europa valoran nuevas sanciones al régimen chavista tras el fraude electoral del 28J y la salvaje represión posterior. «Para que este proceso de incorporación de capital privado a empresas en manos del Estado funcione, no pueden seguir en vigor sanciones que impidan hacer negocios con participación del Ejecutivo. Estas medidas representan un obstáculo fundamental», vociferó Pisella. Desde parte del empresariado y de la oposición colaboracionista se defiende pasar página y participar en los negocios revolucionarios, una actitud que ha desatado una amarga controversia en la sociedad venezolana.
Desde el lado democrático, mayoritario en el país, la iniciativa ha despertado todos los recelos posibles. «Cuando la tiranía habla de privatizar, en realidad se refiere a la entrega de las empresas del Estado a los corruptos que han tomado nuestro dinero. O sea, otra forma de robar pero sin los grandes ingresos de una Venezuela que hoy está rota», denuncia el analista político Walter Molina Galdi.
Desde que entre 2018 y 2019 el chavismo se lanzara a dolarizar de facto Venezuela y a imponer un paquete claramente neoliberal, las medidas económicas de Maduro han obtenido el rechazo tanto de chavistas históricos como del Partido Comunista de Venezuela (PCV). La ruptura con el Gallo Rojo es de tal tamaño que Maduro ordenó la intervención del partido y la persecución de varios de sus dirigentes.
El chavismo ha coqueteado con copiar el modelo ruso o chino, capitalismos de Estado autoritario, incluso el vietnamita, pero ha consolidado una «kakistocracia (gobierno de ineptos) depredadora muy buen para mantener el poder a través de la barbarie», concluye Molina.
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