Dentro de las críticas e interrogantes que han surgido al nuevo cargo que tendrá la ex Presidenta Michelle Bachelet en la ONU, como Alta Comisionada de Derechos Humanos, han destacado quienes se preguntan cómo lidiará con los temas de América Latina, como Venezuela y Nicaragua, por ejemplo.
En este contexto será clave el nexo que tendrá su oficina con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cuenta la abogada chilena Antonia Urrejola, electa como integrante de la CIDH en el período 2018-2021, que cree que Bachelet es la persona idónea para el cargo en la ONU: "Michelle Bachelet fue víctima de violaciones a los DD.HH. durante la dictadura de Chile, y en su vida profesional y personal ha demostrado un compromiso irrestricto con la defensa de ellos".
La abogada, que a inicios de julio finalizó la tarea de conformar un equipo de investigación sobre violaciones de los DD.HH. en Nicaragua, explica que desde 2014 existe un mecanismo de acciones conjuntas, junto a la oficina de la Alta Comisionada, para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en las Américas. "Este mecanismo surgió por la grave situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en la región y la necesidad de una acción coordinada de ambos órganos para contribuir a que los Estados cumplan de manera efectiva con sus obligaciones de protección y garantía", explica Antonia Urrejola.
Ella, que habla a nombre de la CIDH, agrega que los principales desafíos en el continente que la ex Presidenta deberá asumir serán, entre otros puntos, "el deterioro de las condiciones económicas y sociales en varios países de la región, aunado a reformas legales y constitucionales que intentan disminuir derechos conquistados o que significan retrocesos en materia de lucha contra la impunidad, han provocado manifestaciones masivas de la población, que muchas veces han sido reprimidas mediante un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y/o de fuerzas militares que, en no pocos casos, han profundizado la inestabilidad política. Además, hay que enfrentar el flagelo de la corrupción -como un fenómeno agravado en la región- que afecta la construcción de sociedades democráticas y transparentes y el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya efectividad depende de políticas y presupuesto públicos. También es de extrema preocupación el aumento de amenazas, criminalización, represalias y violencia contra miembros de diversos colectivos históricamente discriminados, y en especial, para los y las defensoras de derechos humanos y periodistas y medios de comunicación".
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