Meta clara, por SJ. Luis Ugalde

Miguel Gutiérrez / EFE

Los venezolanos en estos dramáticos momentos necesitamos tener metas claras, atractivas y fáciles de entender.

Afortunadamente, el 30-3-17 el ejecutivo-judicial con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ puso en evidencia la ruptura del orden constitucional por una dictadura que viola los derechos humanos y la vigente Constitución.

El régimen lleva 18 años empeñado en implantar una realidad socioeconómica de muerte con su dominación dictatorial y búsqueda de la supresión de la iniciativa privada como antesala del paraíso comunista. El Vaticano con la carta del secretario de Estado (1-12-16) y nuestra Conferencia Episcopal (13-1-17) lo denunciaron valiente y contundentemente. La reacción frente a las decisiones dictatoriales 155 y 156 fue nacional e internacionalmente clamorosa y Maduro trató de apagarla con un simulacro de corrección, pero sin reconocer la AN anulada. La gente con una buena conducción política no se desorientó y salió a protestar. Llevamos mes y medio multitudinariamente movilizados para rescatar la democracia plural con economía productiva frente a la dictadura reinante. Así nos lo exigen nuestra conciencia y la Constitución. La meta clara para los demócratas es cambiar este régimen y su modelo dictatorial económico, político y socio-cultural.

El gobierno también trató de parar las protestas con la amenaza de 500.000 milicianos con sus fusiles y 50.000 motorizados desbocados contra las marchas; amenazas infladas que tampoco pararon a los demócratas. Luego Maduro ofreció la zanahoria de las elecciones de gobernadores arbitrariamente anuladas el año pasado y también volvió a sacar el trapo rojo del falso “diálogo” de hace 6 meses que el cardenal Urosa llamó burla y el Papa juego de “tin pin perulero” mientras el país agoniza. El falso diálogo murió y hay que enterrarlo. En algún momento serán necesarias verdaderas negociaciones para la transición y reconstrucción de la democracia con economía y vida, pero con otros facilitadores distintos de los ex presidentes nombrados unilateralmente por el gobierno.

En el último intento de romper el creciente cerco nacional e internacional, el gobierno ha ofrecido una constituyente originaria, pero resulta que el dictador no es el depositario de ese poder, sino el pueblo que fue privado de su referéndum revocatorio. El artículo 347 de la Constitución dice taxativamente que “el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario” y que este “en ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. La dictadura lo convoca ahora para dividir y desactivar a los demócratas, imponer la constitución totalitaria cubanoide rechazada en referéndum de 2007, y arrancar de raíz la Asamblea Nacional democrática, eliminando totalmente los procesos democráticos con voto libre, secreto y universal, sustituyéndolos con elecciones fascisto-corporativas con sectores electorales inventados por el gobierno al modo comunista. La oposición tampoco ha caído en esta trampa.

La Presidencia del CEV salió adelante de inmediato (5-5-17) con un documento claro titulado No Reformar la Constitución sino Cumplirla. Por falta de espacio copio solo 5 puntos del mismo:

“3. Actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría si el gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente y con mayor sensibilidad ante tantas carencias. Los temas presentados por el presidente de la República para apoyar su propuesta, no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder.

“4. La propuesta presidencial de una asamblea constituyente sectorizada para la reforma de la Constitución es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental de dicha Asamblea es ‘constitucionalizar’ el ‘Estado comunal’. Esto equivale a reeditar la reforma constitucional de 2007, planteada también por el Poder Ejecutivo, que fue rechazada por el pueblo en el referendo consultivo de ese mismo año. En definitiva, esta propuesta es querer imponer el ‘Plan de la Patria’, traducción operativa del ‘socialismo del siglo XXI’, sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor, que ha originado los males que hoy padece nuestro país.

“5. La convocatoria a una asamblea manejada en sus bases y en la elección de sus miembros por el gobierno, la hace parcial, monocolor y excluyente. Es un nuevo intento en el afán de sustituir a la actual Asamblea Nacional, elegida por una mayoría abrumadora representativa de la soberanía popular. Pero, además, esta iniciativa presidencial es engañosa, al dejar en la penumbra muchos aspectos de su diseño y aplicación, y daría amplio margen a interpretaciones ambiguas de su reglamentación.

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