El Gobierno venezolano prevé reformar con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente el régimen jurídico de los hidrocarburos, principalmente para eliminar el control de Poder Legislativo sobre este sector y delegar en el Presidente de la República toda decisión de esta materia.
A criterio de los abogados José Ignacio Hernández y Juan Cristóbal Carmona, la intención principal del presidente Nicolás Maduro es política con el proceso constituyente pero ambos juristas coinciden en señalar que la forma cómo se está haciendo la convocatoria es ilegítima y cualquier acción carecerá de legalidad.
“Los objetivos principales de esta convocatoria son políticos: ganar tiempo, aumentar la presión del Gobierno y eliminar las protestas, pero que sí el Gobierno logra su propósito indudablemente que tendrá un efecto colateral y podrá avanzar en una modificación constitucional del sector petrolero”, sostiene el abogado José Ignacio Hernández, docente de la Universidad Católica Andrés Bello. “Los inversionistas deben tomar en cuenta que este proceso constituyente surge de una decisión de facto y cualquier decisión sustentada en esa reforma corre el riesgo de no ser reconocida en el futuro”, acota.
Considera que el gobierno de Nicolás Maduro intentará que exista un control absoluto del Estado sobre todos los sectores que involucra el negocio de hidrocarburos, eliminará que el Poder Legislativo tenga que aprobar la formación o modificación de empresas mixtas para dejar que sea el Presidente de la República quien lo apruebe en Consejo de Ministros; y se apuntará hacia una flexibilización del esquema de empresas mixtas que consagra actualmente la Carta Magna, en el cual la mayoría accionaria corresponde a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Justamente la posibilidad de elevar la participación del socio extranjero y reducir la de PDVSA en estas empresas mixtas fue lo que motivó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que generaron el señalamiento de ruptura constitucional y Golpe de Estado porque la máxima instancia del Poder Judicial aprovechó esas decisiones para propiciar la eliminación de la Asamblea Nacional. Estas decisiones fueron modificadas posteriormente por el TSJ.
Por su parte, el abogado Juan Cristóbal Carmona explica que los aspectos referidos a la composición accionaria de las empresas mixtas puede ser modificado por una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos antes que por una reforma de la Carta Magna mediante un proceso constituyente. También advierte sobre los problemas jurídicos que puedan afrontar el Gobierno para captar nuevas inversiones si prospera la idea de Maduro.
“Los inversionistas requieren de seguridad jurídica y eso pasa por dos aspectos: que haya legitimidad de origen del Gobierno y de sus decisiones; y se respete el Estado de Derecho, pero ese no es caso de este proceso constituyente, que de entrada está amañado”, dijo Carbona. “Cualquier decisión que se tome dentro del marco que apruebe la constituyente que propuso el Presidente es posible que se considera como un acto inválido, nulo e inconstitucional”, añadió.
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