Puede, quiero decir, que efectivamente se trate de una posición formal. O como expresó Michelle Bachelet, "no nos parece adecuado que pueda haber acciones violentas buscando desestabilizar a un gobierno democráticamente elegido". Parece que ese último es el argumento más fuerte pues explica por qué el gobierno de Venezuela puede cometer atrocidades sin merecer objeción de los organismos internacionales. Se trata de un régimen democráticamente elegido. Y en las relaciones internacionales lo que cuenta no es la legitimidad de ejercicio sino la de origen.
En cierto modo los gobiernos latinoamericanos, al apoyar a Maduro, lo hacen en defensa propia. Cualquier día podría ocurrir lo mismo en sus países. Condenar a Maduro significaría sentar un caso precedente el que, en cualquier momento, como un boomerang, podría volverse en contra de ellos.
En sentido notarial hasta Insulza tiene cierta razón: La OEA no puede proceder en contra de un gobierno elegido. Luego, desde un punto de vista formal –y en las relaciones internacionales no hay otro- los gobiernos latinoamericanos actuarían correctamente.
Lo que no han podido o querido advertir dichos gobiernos es, sin embargo, algo muy distinto; a saber: las principales reivindicaciones del movimiento encabezado por los estudiantes venezolanos no exigen la salida inmediata del gobierno sino el fin de un sistema de dominación política que precede y determina a ese gobierno.
La diferencia entre gobierno y sistema no es ejercicio académico. Por el contrario, eso significa que el fin de un gobierno no lleva al fin del sistema del mismo modo como la salida biológica de Chávez solo llevó a la prolongación del sistema chavista de dominación. La salida de Maduro podría incluso contribuir, bajo determinadas condiciones, al fortalecimiento (militar) de un sistema de dominación del cual Maduro es solo una parte; y no la más importante.
Afortunadamente el movimiento estudiantil venezolano corrigió sobre la marcha los objetivos inmediatistas de su convocatoria inicial. Así, las principales exigencias apuntan hoy no a "la salida" del gobierno, sino a la liberación de los presos políticos, a la eliminación de las bandas para-militares, a la independencia de los poderes públicos, a una mayor libertad de opinión, reunión y prensa. Todas, exigencias dirigidas, más que a un gobierno en sí, en contra de la lógica del sistema chavista. Conviene precisar más este punto.
Del sistema de dominación imperante en Venezuela las elecciones son por cierto un pilar. Pero no el único. Conjuntamente al electoral, el régimen se sustenta sobre otros, a saber: la identificación absoluta entre gobierno y estado, la formación de un partido estatal (PSUV), la eliminación de los derechos civiles de la oposición, la inhabilitación del parlamento, la estatización de los sindicatos, la creación de organismos estatales de control (Concejos Comunales), la conversión del aparato judicial en un brazo del partido estatal, la monopolización de la prensa escrita y televisiva, y no por último, la militarización de la política a través de una Junta Cívica Militar, organismo anti-constitucional desde donde emanan resoluciones de gobierno.
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